En respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional de Taiwán que considera constitucional la pena de muerte para algunos delitos, como el de asesinato, E-Ling Chiu, directora de Amnistía Internacional Taiwán, ha manifestado:

“La decisión de hoy supone un pequeño avance para los derechos humanos en Taiwán. El Tribunal Constitucional ha reconocido que la pena de muerte presenta deficiencias importantes y ha reforzado las salvaguardias de derechos humanos de las personas condenadas a muerte, aunque este castigo sigue vigente para varios delitos. Esto supone un punto de partida en el camino de Taiwán hacia el abolicionismo, y debemos asegurarnos de que no acaba aquí.

Hace tiempo que nos preocupan los procedimientos injustos que desembocan en la imposición de la pena capital en muchas causas en Taiwán. El fallo emitido hoy reconoce que los procedimientos actuales no son rigurosos, y ahora las autoridades taiwanesas deberán modificar las disposiciones pertinentes en un plazo de dos años para garantizar que se establecen salvaguardias fundamentales. Pero esto no es suficiente.

También es positivo que el Tribunal Constitucional haya determinado que las actuales disposiciones no impiden que sean condenadas a muerte personas con discapacidades mentales que no están capacitadas para ser juzgadas ni ejecutadas. Sin embargo, lamentamos que el fallo no refleje plenamente las salvaguardias consagradas en el derecho y las normas internacionales, y no excluya totalmente a las personas con discapacidades mentales e intelectuales de la aplicación de la pena de muerte.

A pesar del avance logrado hoy, consideramos muy preocupante que, en la práctica, esta decisión pone a unas 40 personas en peligro de ser ejecutadas. Instamos al gobierno de Taiwán a que, como primera medida fundamental, establezca de inmediato una suspensión de las ejecuciones. La pena de muerte es un castigo inherentemente cruel y no incrementa nuestra seguridad.

Dada la tendencia global hacia su abolición, con la decisión que hoy Taiwán se desmarca de la mayoría de los países del mundo, que ya han relegado totalmente este castigo a los libros de Historia. Las autoridades taiwanesas deben actuar sin demora para conmutar todas las condenas a muerte, efectuar reformas en el sistema de justicia penal que den prioridad a la protección de los derechos humanos y abolir la pena de muerte de una vez por todas.”

Información complementaria

El 20 de septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Taiwán se pronunció sobre un recurso de inconstitucionalidad de la pena de muerte, fallando que este castigo era constitucional para delitos graves como el de asesinato. El recurso de inconstitucionalidad, al que se unieron otros 37, fue presentado por Wang Xinfu (Petición núm. 2022), la persona de más edad condenada a muerte en Taiwán.

El Tribunal Constitucional estableció también que la pena de muerte no se ejecutará cuando la persona tenga alguna discapacidad mental.

Además, dio a las autoridades dos años para modificar la ley a fin de ajustarse al fallo, y prohibió que en ese plazo se utilizara la pena de muerte contra ninguna persona con discapacidad mental.

Amnistía Internacional Taiwán y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte fueron dos de las organizaciones no gubernamentales que intervinieron en la causa, en apoyo de la abolición total de la pena de muerte.

En un documento conjunto presentado el 8 de abril, Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte señalaban que el uso de la pena de muerte en Taiwán constituye una violación de los derechos humanos que garantiza la Constitución de Taiwán (artículo 8 sobre la libertad personal y las garantías procesales en caso de arresto, y artículo 15 sobre el derecho a la vida).

Las organizaciones sostenían que la pena de muerte viola el derecho humano a la vida y el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos ni penas crueles, inhumanos o degradantes, ambos reconocidos en el desarrollo del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y su membresía llevan largo tiempo planteando su preocupación por el uso de la pena de muerte en Taiwán, en particular en relación con varias causas donde se violaron las normas constitucionales e internacionales de imparcialidad procesal y se impusieron penas de muerte.

La última ejecución en Taiwán se llevó a cabo en 2020. A 31 de diciembre de 2023, se habían confirmado 37 de las 45 condenas a muerte existentes, y las personas afectadas corrían peligro de ser ejecutadas. A día de hoy, 112 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 son abolicionistas en la ley o en la práctica. Según las cifras de Amnistía Internacional, en 2023 se registraron ejecuciones en 16 países, el número más bajo registrado de países ejecutores desde que la organización inició el seguimiento.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada o del método de ejecución utilizado por el Estado.