Taiwan ejecutó el 1 de abril a su segundo preso durante el mandato de la presidenta Tsai Ing-wen. La ejecución por un solo disparo requirió una hora porque el preso se negó a cooperar.

“El hecho de que las autoridades llevaran a cabo esta ejecución el mismo día que recibían elogios en el mundo por la donación de 10 de mascarillas para ayudar en la lucha contra la COVID-19 en Europa y Estados Unidos revela un cínico intento de enterrar las malas noticias”, ha afirmado E-Ling Chiu, directora de Amnistía Internacional Taiwán.

Weng Jen-hsien (翁仁賢), de 53 años, fue condenado a muerte en febrero de 2019 y ejecutado a las nueve de la noche de ayer, víspera de la fiesta de Qingming (Día de Limpieza de Tumbas). Weng Jen-hsien fue condenado a muerte cuatro veces por prender fuego y causar la muerte de seis familiares suyos durante una reunión en la víspera del Año Nuevo Lunar en 2016. Según la evaluación de enfermedades mentales de Weng, se había aislado de la sociedad y tenía dificultades para mantener interacciones normales o positivas con otras personas.

En caso fue mencionado también por el primer ministro del Yuan Ejecutivo, quien dijo que “el caso del señor Weng correspondía a los delitos más inaceptables y graves que contempla la categoría del artículo 6 del PIDCP”.

“El mismo artículo del PIDCP (artículo 6.6) prohíbe invocar cualquiera de sus disposiciones para demorar o impedir la abolición de la pena capital. Es muy decepcionante que el gobierno de Taiwán diga que su política sobre la pena de muerte está encaminada a la abolición pero siga llevando a cabo ejecuciones”, ha afirmado E-Ling Chiu.

La ejecución parece ser una respuesta a un caso de asesinato de gran repercusión ocurrido en marzo, que motivó críticas a la abolición. En marzo, la Alianza Taiwanesa para Acabar con la Pena de Muerte sufrió un gran ciberacoso tras cometerse el asesinato.

“El gobierno de Taiwán no ha hecho mucho en materia de educación social o diálogo sobre asuntos relativos a la pena de muerte, por lo que seguimos viendo ciberacoso contra ONG de derechos humanos o familiares de víctimas que no muestran un apoyo firme a la pena de muerte”, ha afirmado E-Ling Chiu.

“Cuando se produce un caso de asesinato, la sociedad sigue atacando a las ONG que apoyan la abolición y los derechos humanos, en vez de preguntar al gobierno por la falta de redes de protección social u otros sistemas de apoyo relacionados para las personas que puedan necesitar ayuda.

“Debido a su falta de estrategias y planes claros y efectivos, no se avanza hacia la abolición. El gobierno de Taiwán debe promover la educación en derechos humanos y alentar el diálogo positivo entre las diferentes opiniones.

“El discurso dominante de apoyo a las ejecuciones no ha impedido la comisión de delitos. El fenómeno del ciberacoso contra personas que no apoyan la pena de muerte no sólo es malo para la abolición, sino que también es perjudicial para la libertad de expresión y el espacio de la sociedad civil.”

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento al gobierno de Taiwán que declaren la suspensión de las ejecuciones como primera medida para la abolición de la pena de muerte.

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