Por Adeline Neau y Josefina Salomon*

A la abogada guatemalteca Flor de María Gálvez Álvarez todavía le cuesta reconocerse como refugiada.

Más de una década después de unirse a la ya extinta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), apenas tuvo tiempo suficiente para hacer una corta llamada con sus padres antes de huir de su país en marzo de 2022.

En los meses previos, la campaña de hostigamiento y amenazas contra abogadas anti-impunidad había aumentado exponencialmente. El encarcelamiento de varias de sus colegas bajo cargos infundados fue el detonante final.

“Me daba miedo, mucho temor, incluso por mi familia,” explica Flor. “Creo que ese es el fin de ellos (el gobierno), que nosotros nos quedemos calladas.”

Apenas tuvo tiempo de empacar una maleta, tomar a su perro y salir. Su situación y la de su familia, que quedó en Guatemala, continúa siendo tan vulnerable que prefiere que no se revele el país donde vive actualmente.

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La CICIG fue uno de los proyectos de justicia más ambiciosos de la historia de Guatemala, y probablemente de América Latina. Con el objeto de abordar las deficiencias históricas en el sistema de justicia del país, la ONU firmó un acuerdo con las autoridades de Guatemala para crear el organismo independiente para que trabajaran en conjunto con el personal local del Ministerio Público y la entonces nueva Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). El proyecto hacía sentido. Los y las expertas de la CICIG contribuirían con personal y entrenamiento a mejorar la capacidad investigativa en el país.

El plan funcionó. En los 12 años en los que estuvo en funcionamiento, entre 2007 y 2019, la CIGIC junto a la FECI colaboraron para investigar y desmantelar decenas de redes y estructuras criminales, y sus vínculos con funcionarios del Estado, logrando 400 condenas.

Entre ellos, el caso más emblemático fue el denominado “La Línea”, en el que se investigó al expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina acabó renunciando a la presidencia en septiembre de 2015 y posteriormente fue encarcelado y procesado por delitos de corrupción.

La esperanza de una Guatemala con justicia y sin corrupción es lo que inspiró a Flor a unirse a la Comisión. Allí conoció a la fiscal Virginia Laparra.

Desde su concepción, la Comisión fue atacada públicamente a través de campañas de desprestigio, difamación y amenazas contra sus funcionarios y funcionarias.

Eventualmente, en el 2019, el gobierno de Jimmy Morales decidió no renovar su mandato, lo que, efectivamente, fue el fin del proyecto. Con su cierre, el gobierno abrió la puerta a un proceso sistemático de cierre del espacio civil al ritmo que el Ministerio Público cerraba casos de corrupción a gran escala y hasta los principales medios del país quedaban en la mira.

En el 2022, tuvieron lugar 3.754 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y al menos 73 operadores de justicia, periodistas y activistas tuvieron que exiliarse, según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

En muchos casos, los ataques se tradujeron en procesos judiciales infundados, detenciones arbitrarias y en otros, como en el caso de Flor y decenas de otras personas, el exilio forzado.

Se estima que al menos 43 fiscales, jueces, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se vieron forzados a huir de Guatemala desde 2018, la mayoría de los cuales siguen luchando por justicia desde el exilio.

El clima de corrupción e impunidad ha permeado cada aspecto de la realidad cotidiana del país, incluyendo la política. El partido Semilla, al que pertenece el presidente electo Bernardo Arévalo, y quien debería tomar posesión el 14 de enero, es uno de los muchos actores del proceso electoral que han sido blanco de ataques por parte del Ministerio Público, al igual que el Tribunal Supremo Electoral. En reacción, desde octubre, miles de personas convocadas por autoridades han salido a las calles en todo el país exigiendo la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras, señalada de ser quien está liderando este hostigamiento por parte de la justicia penal para impedir que Arévalo y los diputados de su partido tomen sus cargos. Como consecuencia de esta persecución penal, el 2 de noviembre, quedó suspendido al Partido Semilla.

Muerte Civil

Para quienes quedaron, las cosas continuaron empeorando. La mayoría de las personas que ejercían funciones públicas y denunciaban corrupción fueron destituidas, suspendidas de sus cargos o encarceladas – condenadas a lo que se conoce como una “muerte civil” en la que se les quitó toda posibilidad de participar de manera efectiva en la sociedad, o sostener a sus familias.

La exfiscal Virginia Laparra es una de ellas. El 23 de febrero de 2022 fue arrestada en la ciudad de Quetzaltenango, donde trabajaba como jefa de la FECI. El 16 de diciembre de 2022 una corte de justicia en la ciudad de Guatemala la condenó a cuatro años de prisión por el crimen de “abuso de la autoridad” luego de que inició procesos disciplinarios contra el juez Lesther Castellanos – Flor, quien trabajaba en la CICIG en ese momento, también lo denunció disciplinariamente por revelar información de un caso a terceros.© Verdad y Justicia Guatemala

Amnistía Internacional declaró a Virginia presa de consciencia, concluyendo que el proceso estuvo lleno de irregularidades y que no existen pruebas contundentes para condenarla. Las autoridades demoraron días en tomar su primera declaración, usaron motivos arbitrarios para mantenerla en prisión preventiva y parte del proceso se había llevado a cabo bajo condición de confidencialidad, sin acceso a prensa, lo que afectó el derecho de Virginia a tener un juicio transparente. Virginia enfrenta otro proceso iniciado también por el juez Castellanos que podría sumar ocho años más de cárcel.

Mientras tanto, el juez Castellanos, a quien Virginia había acusado, fue premiado al ser nombrado presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Virginia se encuentra actualmente recluida en el cuartel militar de Matamoros, lejos de sus dos hijas, quienes viven a más de 200 kilómetros, y ha denunciado no haber recibido atención adecuada para su salud, la que se ha deteriorado en los últimos meses.

Las autoridades no se detuvieron con Viriginia. Su caso se volvió altamente emblemático en un ambiente cargado de peligros.

Toda persona que, como ella o Flor, se atrevería a denunciar la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia, terminaría en la mira.

La abogada penalista y defensora de derechos humanos Claudia González Orellana es otra. Claudia trabajó en la CICIG, donde apoyaba en la investigación de casos de alto perfil como el de la magistrada Blanca Stalling, quien fue destituida y llevada a juicio por haber coaccionado al juez Carlos Ruano, quien ahora está en el exilio por temor a represalias. Stalling, quien fue reinstaurada en su cargo de magistrada en septiembre de 2022, denunció a todos los que trabajaron en el caso en su contra, incluida Claudia.

Desde el desmantelamiento de la CICIG, Claudia lideró la defensa de quienes estaban siendo hostigados injustamente en los tribunales, incluyendo el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien ahora vive en el exilio. Por varios meses, también fue abogada de Virginia. La tarea no es sencilla.

“Estamos siendo vigiladas… donde quiera que vayamos nos toman una foto y nos damos cuenta porque luego los sacan en las redes y los comentarios en las audiencias que ‘te vamos a denunciar o ya sabemos (tal cosa) hay comentarios muy sutiles que tú dices: esto no lo sabe nadie más,” explicó Claudia.

“Ya descubrieron que amenazando a los abogados defensores logran que la gente acepte los cargos. Entonces es otra cosa que están forzando mucho en las audiencias,” dijo. Hay más, la discriminación que sufren por ser mujeres, por lo que han recibido ataques constantes.

Cuatro días después de nuestra última charla sobre la campaña para la liberación de Virginia, el 28 de agosto, Claudia fue detenida a través de una orden que no especificaba cargos. Desde entonces pasa 23 horas al día encerrada en una celda en la cárcel de Mariscal Zavala.

Un país paralizado

En un contexto de alta criminalización, donde el poder judicial utiliza todas las herramientas a su disposición para castigar a quienes opinan diferente, el miedo se esparce como fuego. Encontrar a personas dispuestas a defender a quienes son criminalizadas por su trabajo requiere un extraordinario nivel de valentía.

Pero valentía es lo que les sobra a muchas abogadas, incluida a Wendy Geraldina López, una abogada indígena que integra el equipo de defensa de Virginia desde que fue arrestada, y es la única del equipo inicial que no está detenida.

Wendy trabaja desde hace años por los derechos humanos de pueblos indígenas. En 2021 se había acercado a la FECI para solicitar apoyo. Cuando no pudieron reunirse con quien era el jefe de esta institución, Juan Francisco Sandoval, porque había salido al exilio, comenzaron a sonar las alarmas.

“Yo no conocía a Virginia, pero cuando se da su captura, inmediatamente yo dije: esto va para más y nos va a ir peor. Entonces, justamente recibo una llamada y me dicen que necesitan a una abogada, que habían preguntado a otros pero que no querían asumir,” explicó.

Como con Flor y Claudia, el proceso ha estado plagado de obstáculos para Wendy. Al hostigamiento y la misoginia en contra de las tres mujeres abogadas se sumaron elementos de racismo y discriminación dentro de los tribunales por ser mujer indígena. “Qué pena me dan, qué vergüenza me dan,” le dicen los fiscales, sin que la jueza actúe. También ha reportado vigilancia telefónica, lo que implica tener que tomar una enorme serie de medidas de seguridad que suman estrés y ansiedad.

El hostigamiento es tan extremo que teme ser encarcelada, como Claudia. De hecho, la jueza que lleva el caso de Virginia abrió un expediente penal en su contra y también un proceso disciplinario ante el colegio de abogados.

“Es el peor momento en el que estamos viviendo la defensa de los derechos de los operadores (de justicia), no hay ninguna garantía en cuanto a un debido proceso. No tenemos seguridad jurídica, vemos como todo el sistema está cooptado,” dice Wendy.

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Virginia, Claudia, Flor y Wendy juegan con fuego – y lo saben – pero su compromiso supera el miedo. Dicen que alguien tiene que hacerlo, que el estado de derecho en Guatemala pende de un hilo.

“Lograron que me fuera del país,” dice Flor. “Pero no que me quede callada. No quiero callarme. Sé que tal vez no vayan a cambiar las cosas, pero por lo menos visibilizar lo que sucede. En algún momento tiene que cambiar.”

Antes de ser detenida, Claudia ya había advertido sobre los peligros de un sistema de justicia cooptado por las autoridades de turno.

“Personalmente creo que tenemos que volver a empezar de cero. En 1994, cuando entró el Código Procesal Penal, empezamos de cero. Aquí es mucho más difícil porque estamos trabajando sobre nuestra propia defensa. Pero hay que seguir, no las podemos dejar ahí adentro. Y eso es lo que me motiva. Aún a pesar de que estamos conscientes que podemos pasar por lo mismo,” explicó Claudia.

“Tenemos la esperanza de que hay una luz al final del túnel,” dice, y eso es lo que mantiene la llama encendida.

El 10 de noviembre, una sala de apelaciones dio lugar a la solicitud de Claudia de beneficiarse de medidas alternativas a la prisión preventiva. Al cierre de este artículo, su familia y abogadas estaban esperando su inminente salida de la cárcel, para continuar defendiéndose en libertad.

*Adeline Neau es investigadora de Amnistía Internacional. Josefina Salomon es periodista independiente.