Trabajadora sexual en Irlanda: la nueva ley hace más peligroso mi trabajo – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos

Trabajadora sexual en Irlanda: la nueva ley hace más peligroso mi trabajo


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Poppy, trabajadora sexual residente en Irlanda


Llevo dedicándome al trabajo sexual en Irlanda desde 2015.


En 2017 se aprobó una ley con la intención públicamente declarada de proteger a personas como yo; sin embargo, lo cierto es que nos ha quitado seguridad y, de hecho, ahora corremos más peligro de sufrir abusos, violencia y aislamiento.


El colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales advirtió de que iba a pasar esto, pero no se le hizo caso al redactar la ley. En su lugar, se permitió que otras personas hablaran en nuestro nombre. Por eso he decidido alzar la voz ahora.


Este año se va a revisar la ley, así que es el momento de que el gobierno irlandés nos escuche de una vez por todas. La Ley sobre Delitos Sexuales de 2017 convirtió en delito la compra de servicios sexuales y, además, elevó las penas por “vivir de las ganancias de la prostitución” y “explotar un prostíbulo”.


Entiendo que alguien pueda pensar que eso no tendría por qué aumentar los riesgos para nuestro colectivo, pero les animo a pensar en lo que realmente implican esas leyes.


“Explotar un prostíbulo” significa que, si yo trabajo en un piso con otra persona que se dedica a lo mismo que yo, sobre el papel y ante la ley me transformo en infame explotadora de un burdel. La realidad es que la inmensa mayoría de las trabajadoras sexuales que trabajan en el mismo sitio lo hacen por seguridad.


No es sólo mi experiencia. Según demuestra la nueva investigación de Amnistía Internacional sobre Irlanda, una consecuencia de estas leyes es que, por temor a trabajar juntas, las trabajadoras sexuales ahora estamos aún más aisladas.


Y hay otro factor muy importante.


Por ser irlandesa y de piel blanca, yo cuento con cierta protección; desde que se aprobaron estas leyes, quienes sufren sus peores consecuencias son migrantes en un porcentaje desproporcionado.


Penalizar la compra de sexo, además, nos lleva a tener aún menos recursos para protegernos. No podemos seleccionar a los clientes y tenemos que correr más riesgos. Y la policía no es amiga de quienes trabajan en el sexo.


¿Se imaginan denunciar un delito a la misma autoridad que podría asaltar tu casa por “explotación de un prostíbulo”’ o denunciarte a quien te alquila el piso y hacer que te desalojen?


La investigación de Amnistía también refleja esto, y demuestra que existe una “absoluta falta de confianza” en la Gardaí (policía nacional), sobre todo por parte de las trabajadoras migrantes.


Además del aumento de la violencia, una de las consecuencias directas de esta legislación es que nos impide tener relaciones normales y humanas.


En un mundo ideal, me gustaría poder decir a la gente cómo me gano la vida sin temer un desalojo, y sin miedo a perder oportunidades fuera del trabajo sexual en caso de que decidiera hacerlo.


Si pueden, dediquen un instante a imaginar cómo se sentirían si, tras responder simplemente a la pregunta “¿en qué trabajas?”, no volvieran a dirigirles la palabra, en el mejor de los casos.


O, en el peor de los casos, si hubiera llamadas a los servicios sociales y peticiones para que les quiten la custodia de sus hijos o hijas, o avisos a quien les alquila el piso para que les desalojen. Imaginen que las leyes respaldan a quienes actúan así y afirman que es de justicia que lo hagan.


El modelo nórdico


Mi experiencia del llamado modelo nórdico ha sido hipervigilancia y aislamiento.


Cuando empecé a trabajar, me quedé en casa de una amiga porque había una crisis de la vivienda y no encontraba un sitio donde vivir. Había presentado solicitudes para varios trabajos pero no tuve respuesta y, sin un domicilio fijo, la opción del trabajo sexual era cada vez más atractiva.


Entré en ese mundo como consecuencia directa de la crisis de la vivienda, porque era la única forma viable de trabajar teniendo que mudarme continuamente de una casa a otra. Aun así, vivo con el miedo constante a que mi casero se entere y me eche, ya que las leyes le permiten hacerlo.


Y, aunque el riesgo de perder mi hogar es grande, yo soy relativamente afortunada. En el trabajo sexual corres un gran peligro de sufrir abusos y violencia, y en la práctica no tienes más vías de protección o apoyo que recurrir a otras personas de tu profesión. Pero en eso también ha influido la ley.


Cuando yo empecé, debido al estigma y a las leyes aprobadas en 2017, pensé que no era seguro contactar con otras trabajadoras sexuales. Simplemente poder hablar sin tapujos con alguna compañera de trabajo habría sido un regalo del cielo para mí.


No me sentí integrada en una comunidad hasta que empecé a trabajar en un club de striptease, años después de empezar en la prostitución. La ironía es que estos clubes, al ser legales, nos permiten trabajar en un entorno seguro y formar una red de apoyo mutuo.


No pueden decir lo mismo quienes trabajan por su cuenta en Irlanda, ya que la ley les obliga a trabajar en solitario.


Trabajo sexual y trata de personas


Otra cuestión importante es que la gente confunde el trabajo sexual con la trata de personas, pero no es lo mismo. La trata es un delito espantoso, e Irlanda está fallando a las personas que son víctimas de trata y explotación. Pero considerar que son la misma cosa no nos protege a ninguna.


Irlanda debe despenalizar el trabajo sexual por la seguridad de quienes lo ejercen, y para que quienes deseen dejar de ejercerlo tengan estrategias a su disposición para hacerlo sin temor a los antecedentes penales y la estigmatización.


Cuando el gobierno irlandés revise la ley este año deberá consultarnos, y hacerlo de forma genuina y significativa. Necesitamos financiar iniciativas de base comunitaria como Red Umbrella Front, que funcionen como un espacio seguro de apoyo y refugio para quienes ejercen actualmente el trabajo sexual.


Necesitamos leyes que establezcan que quienes lo deseen podrán ejercer el trabajo sexual junto a otros trabajadores o trabajadoras, para que las personas más vulnerables de nuestro colectivo no sufran perjuicios adicionales en forma de multa, detención o deportación.



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