Amnistía Internacional y más de 600 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela exigen  la derogación de una normativa administrativa que avala políticas de criminalización, persecución y cercena el derecho de las ONGs a contribuir en las soluciones de los complejos y profundos problemas del país.



Sobre la normativa

Para el 1 de mayo de 2021, todas las organizaciones de la sociedad civil venezolanas deben cumplir ciertas medidas abusivas, caso contrario deberán enfrentarse a procesamiento penal, según la nueva normativa sobre lucha antiterrorista y la legislación sobre delincuencia común organizada anunciadas por el gobierno el 30 de marzo.

Estas medidas incluyen que las organizaciones revelen detalles sobre sus beneficiarios y beneficiarias, como por ejemplo las víctimas de violaciones de derechos humanos y quienes reciben ayuda humanitaria, así como información sobre su financiación, personal y gobernanza.

Además, la normativa viola el derecho de asociación, el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, y pone a las organizaciones de la sociedad civil y a sus beneficiarios y beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias.

 

Riesgos para la sociedad civil

La nueva normativa (también llamada providencia):

- Establece la posibilidad de ilegalización de las organizaciones e inclusive abre la posibilidad de cárcel por incumplimiento.

- Es sub-legal, se trata de una providencia administrativa con rango normativo inferior incluso a reglamentos y resoluciones, pero impone a las organizaciones de la sociedad civil obligaciones no contempladas en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano.

- Omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones sin fines de lucro

“Esta norma arbitraria y abusiva pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que dan apoyo a los sectores más vulnerables de la población, más en un momento en que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la precaria situación de salud agravada por el COVID19 y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. De no ser derogada será un pésimo antecedente para el país y la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

A través de una acción de firmas urgente  Amnistía Internacional exige la derogación inmediata de la Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021, por constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano.