Es hora de poner fin a la autocomplacencia. En la próxima Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que va a celebrarse en Chile en diciembre de 2010, y en la COP26 (prevista en Reino Unido en 2020) como muy tarde, los Estados deben anunciar planes concretos y promesas consecuentes con su obligación de proteger los derechos humanos de las peores consecuencias de la crisis climática.
La prueba definitiva de su acción será que elaboren planes específicos y con objetivos y plazos concretos para, por ejemplo, electrificar el transporte y descarbonizar la generación de energía, eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y establecer y hacer aplicar medidas de protección de los bosques y de forestación, y que esos planes se lleven a cabo de manera que beneficien a los grupos más desfavorecidos de la sociedad y reduzcan la desigualdad, en vez de aumentarla. Si no toman tales iniciativas, condenarán a los niños y las niñas y la gente joven a sufrir gran cantidad de consecuencias sumamente perjudiciales de las que no han sido responsables, cometiendo así la mayor violación intergeneracional de derechos humanos de la historia.
Amnistía Internacional cree que poner los derechos humanos en el centro de las políticas climáticas representa la forma más efectiva de emprender acciones ambiciosas, sostenibles y equitativas para abordar la crisis climática. Junto con centenares de organizaciones más que han firmado la Declaración sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana, se comprometió a lograr la visión conjunta de la Declaración con respecto a la justicia climática, por medio especialmente de trabajo de promoción y campaña, antes de la próxima tanda de negociaciones climáticas.
Actuando en consonancia con la Declaración, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo –incluida Amnistía Internacional–continuarán vigilando los avances y utilizarán todas las vías disponibles para hacer rendir cuentas a los Estados.
LA CUMBRE SOBRE LA ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA ONU 2019, UNA OPORTUNIDAD PERDIDA MÁS
Convocada por el secretario general de la ONU, la Cumbre fue un intento de animar a los Estados a asumir compromisos más ambiciosos al abordar la crisis climática, en especial teniendo en cuenta la insuficiencia de las promesas previas formuladas con arreglo al Acuerdo de País (la denominadas “contribuciones determinadas a nivel nacional”, es decir, los planes nacionales de reducción de las emisiones), que conducían todavía a un catastrófico aumento de las temperaturas globales medias de 3º C para 2100. Así lo había confirmado el informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que mostró que el máximo absoluto que se debe alcanzar son 1,5º C.
El secretario general de la ONU había pedido a todos los líderes y lideresas que anunciaran en la Cumbre nuevas y mejores contribuciones determinadas a nivel nacional o planes concretos y realistas para mejorarlas antes del final de 2020, conforme a una reducción de las emisiones de efecto invernadero del 45 % a lo largo del próximo decenio y a un nivel cero neto de emisiones para 2050.
COMPROMISOS INSUFICIENTES PARA LAS GENERACIONES ACTUALES Y LAS FUTURAS
Los líderes y lideresas mundiales consiguieron reaccionando al riesgo de colapso climático como avestruces que ocultan la cabeza en la arena esperando a que pase el peligro. Es posible que las promesas formuladas hayan dado algunos réditos políticos temporales, pero en general son totalmente insuficientes frente a la magnitud de la amenaza. Lo más terrible es que las naciones más responsables de la crisis climática no se presentaron planes ni promesas consecuentes con su obligación jurídica de proteger los derechos humanos de los peores efectos de la crisis.
A pesar del llamamiento del secretario general de la ONU, ningún país anunció en la Cumbre la presentación de una contribución determinada a nivel nacional nueva y mejorada. Es vergonzoso que el único país que presentó un plan nuevo y más ambicioso siga siendo las Islas Marshall, que son uno de los países más amenazados de manera inminente por la crisis climática.
Aunque 70 países indicaron en la Cumbre o antes de ella su intención de aumentar para 2020 sus contribuciones determinadas a nivel nacional (estableciendo en general 2030 como año límite para la reducción de las emisiones), sólo una minoría de ellos son países ricos. En general, las naciones que hicieron esas promesas sólo son responsables del 8 % de las emisiones globales.
Asimismo, en lo que respecta a los compromisos asumidos a más largo plazo, aunque 77 países anunciaron su intención de alcanzar un nivel cero de emisiones netas para 2050, la mayoría de ellos son países en desarrollo, los más vulnerables a los efectos del cambio climático, como las Islas Marshall, que habían formulado ya este compromiso en 2018. Además, tales promesas seguirán siendo palabras vacías mientras no vayan acompañas de planes donde se detallen los cambios necesarios para llevar a cabo una transición justa, equitativa e inclusiva al pasar de los combustibles fósiles a energías renovables y a industrias y una agricultura sostenibles que protejan los derechos económicos y sociales de las personas afectadas que viven ya en comunidades marginadas y desfavorecidas.
LOS PAÍSES RICOS Y CON ALTAS EMISIONES ELUDEN SUS OBLIGACIONES
Muchos países con altas emisiones no fueron invitados a tomar la palabra en la Cumbre, debido a su persistente dependencia del carbón, –como es el caso de Japón, Australia y Sudáfrica– o a sus críticas al Acuerdo de París –como es el caso de Brasil y Arabia Saudí, así como de Estados Unidos, que intenta retirarse del Acuerdo–. Aunque China, India y la Unión Europea pudieron hacer uso de la palabra, ninguna anunció nuevos objetivos de reducción de las emisiones basados en datos científicos y que fuesen compatibles con la protección de los derechos humanos. Asimismo, aunque Rusia manifestó su intención de ratificar el Acuerdo de París, tenía muy poco que ofrecer en términos de compromisos más ambiciosos.
Igualmente decepcionante fue que la mayoría de los Estados contaminantes por sus emisiones de carbono no anunciaron vías claras para romper con su dependencia de los combustibles fósiles e iniciar la transición hacia energías renovables generadas cumpliendo plenamente las normas de derechos humanos. Aunque 32 países, 24 Estados/regiones y 35 empresas respondieron positivamente al llamamiento del secretario general de la ONU a dejar de construir nuevas centrales eléctricas de carbón antes de 2020, algunos de los países con los mayores planes de expansión del carbón, como India, China y Turquía, no expusieron ningún plan para su eliminación gradual. Además, ningún país anunció planes concretos para retirar las subvenciones a los combustibles fósiles.
La cantidad y calidad de las promesas formuladas por países ricos en la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU son muestra no sólo de falta de liderazgo sino también de incumplimiento manifiesto de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Todos los países deben reducir ampliamente sus emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con el imperativo de limitar el aumento de las temperaturas lo más posible y a no más de 1,5° C, ya que los niveles actuales de calentamiento global están teniendo ya efectos terribles en derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a un nivel de vida adecuado. Sin embargo, los países ricos –en especial los más responsables de la crisis climática debido a sus emisiones actuales y pasadas– tienen el deber de actuar a un ritmo más rápido dadas su mayor capacidad y su mayor contribución a la crisis climática. Deben reducir sus emisiones a la mitad mucho antes de 2030 y alcanzar un nivel cero neto de emisiones lo más rápidamente posible después de 2030 y mucho antas de 2050.
LAS INICIATIVAS CLIMÁTICAS COMPATIBLES CON LOS DERECHOS HUMANOS NECESITAN MÁS FINANCIACIÓN Y APOYO
Los países ricos deben también aumentar sustancialmente la financiación y el apoyo a las iniciativas climáticas compatibles con los derechos humanos en los países menos ricos, que no puedan mitigar el cambio climático y adaptarse a él de manera efectiva por sí solos, incluso mediante la transferencia de tecnología. También es preciso ayudar a remediar los efectos que se hacen sentir desde el punto de vista de los derechos humanos en los países pobres debido a la perdida y el daño causados por la crisis climática, de la que son responsables los países ricos, causantes históricamente de elevadas emisiones. Resulta alentador que varios países ricos anunciaran contribuciones sustantivas –en algunos casos el doble – al Fondo Verde para el Clima, que financia programas de mitigación y adaptación climáticas en países en desarrollo. Sin embargo, los fondos recaudados –alrededor de 7.500 millones de dólares– continúan estando muy por debajo del objetivo fijado en las negociaciones climáticas de la ONU de movilizar 100.000 millones de fondos públicos y privados al año para 2020, que se calcula que es de por sí sólo una parte de lo que se necesita para limitar el aumento de las temperaturas medias globales a 1,5º C.
LAS INICIATIVAS PROMETEDORAS DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE UNA FIRME VOLUNTAD POLÍTICA
El trabajo preparatorio de la cumbre dio lugar a la creación de coaliciones temáticas entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las autoridades locales y las organizaciones gubernamentales internacionales con el fin de presentar y promover iniciativas concretas para impulsar la acción climática. Muchas de las iniciativas son prometedoras Sin embargo, sin la voluntad política firme de los líderes y lideresas mundiales, en especial de los de los países más responsables de la crisis climática, tales iniciativas no bastarán para llevar a cabo los rápidos cambios de gran alcance y escala sin precedente que es necesario realizar en nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para reducir de manera sustancial las emisiones y proteger los derechos humano de todas las personas –incluidas las generaciones futuras– de los desastrosos efectos del colapso climático.
