Las autoridades egipcias están utilizando todos los medios a su alcance para sofocar la disidencia y pisotear los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe irrefutable publicado en vísperas del tercer aniversario de la “Revolución del 25 de enero”.

El informe, titulado Roadmap to repression: No end in sight to human rights violations("Hoja de ruta de la represión: no se vislumbra el fin de las violaciones de derechos humanos"), traza una sombría imagen de la situación de los derechos y las libertades en Egipto desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en julio de 2013.

“Egipto ha sido testigo de una serie de terribles golpes a los derechos humanos y de una violencia estatal sin precedentes en los últimos siete meses. Tres años después, las demandas de dignidad y derechos humanos realizadas por la ‘Revolución del 25 de enero’ parecen más lejanas que nunca. Algunos de los arquitectos de esa ‘revolución’ están entre rejas, y la represión y la impunidad están a la orden del día”, ha expresó Amnistía Internacional.

En una actuación generalizada, las autoridades egipcias han atenazado la libertad de expresión y asamblea. Se ha introducido legislación represiva que facilita al gobierno silenciar a quienes lo critican y reprimir las protestas. A las fuerzas de seguridad se les ha dado carta blanca para actuar por encima de la ley y sin perspectivas de tener que rendir cuentas de los abusos.

“Con esas medidas, Egipto se dirige a paso firme hacia un aumento de la represión y los enfrentamientos. A menos que las autoridades cambien su curso y emprendan acciones concretas para demostrar que respetan los derechos humanos y el Estado de derecho, empezando por la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia, Egipto se encontrará probablemente con sus cárceles abarrotadas de presos recluidos ilegalmente y con sus morgues y hospitales llenos de aún más víctimas de la fuerza arbitraria y abusiva de su policía”, afirmó la organización de derechos humanos.

En un discurso pronunciado el pasado fin de semana, el presidente Adly Mansour describió la recién adoptada Constitución egipcia como el instrumento que prepara el camino para construir un país que “respete la libertad y la democracia y convierta los derechos y la justicia en una forma de trabajo y de vida”.

Las autoridades deben aflojar su presión sobre la sociedad civil y permitir las protestas pacíficas y otras vías de disidencia legítima. Las actuales políticas suponen una traición a todas las aspiraciones de pan, libertad y justicia social planteadas por la ‘Revolución del 25 de enero’.

En los últimos meses, el país ha sido escenario de una violencia sin precedentes, con unas fuerzas de seguridad que han venido cometiendo graves violaciones de derechos humanos y utilizando sistemáticamente una fuerza excesiva, incluso letal, contra los manifestantes de oposición y en las protestas organizadas en los campus universitarios.
Desde el 3 de julio de 2013, 1.400 personas han muerto a consecuencia de la violencia política, la mayoría a causa de la fuerza excesiva empleada por las fuerzas de seguridad. No se ha llevado a cabo ninguna investigación adecuada sobre la muerte de más de 500 simpatizantes de Morsi, ocurrida cuando se utilizó fuerza excesiva para disolver una sentada en Rabaa al Adawiya en agosto de 2013. Ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido acusado en relación con ese suceso, que fue un cruel baño de sangre sin precedentes.

“En lugar de refrenar a las fuerzas de seguridad, las autoridades, en la práctica, les han encomendado una labor de represión. Una vez más, en Egipto se utiliza la retórica del ‘antiterrorismo’ para justificar una represión generalizada que no distingue entre la disidencia legítima y los ataques violentos”, dijo Amnistía Internacional.

“Las fuerzas de seguridad deben ser obligadas a rendir cuentas de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades, lejos de hacerlo, han optado por permitirles actuar impunemente, y de esa manera las han envalentonado. El círculo de abusos sólo se romperá cuando el Estado de derecho se aplique a todas las personas, independientemente de su rango y su afiliación política.”
Desde la “Revolución del 25 de enero”, tan sólo unos pocos miembros de baja graduación de las fuerzas de seguridad han sido condenados por la muerte de manifestantes.

En los meses que siguieron al derrocamiento, por parte del ejército, de Mohamed Morsi como presidente, los controles del ejército, el personal de seguridad y los edificios gubernamentales se han convertido cada vez con más frecuencia en blanco de los ataques de grupos descritos por las autoridades como “terroristas”. Aunque el gobierno egipcio tiene el derecho y el deber de proteger la vida y procesar a los responsables de esos delitos, los derechos humanos no deben sacrificarse en aras de la “lucha contra el terrorismo”.
En vísperas del tercer aniversario del levantamiento, el ministro del Interior egipcio, Mohamed Ibrahim, advirtió de que las prisiones y las comisarías de policía se habían protegido con armamento pesado. En una demostración de fuerza, que indicaba lo envalentonadas que estaban las fuerzas de seguridad, desafío a quien quisiera a poner a prueba su fortaleza.

La represión más flagrante ha sido la de la libertad de expresión y reunión. Miles de presuntos miembros y simpatizantes de la Hermandad Musulmana han sido detenidos por las fuerzas de seguridad por criticar el derrocamiento de Mohamed Morsi. Tampoco se han librado las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que expresaban pacíficamente su oposición al ejército.
En diciembre, la Hermandad Musulmana fue designada oficialmente “organización terrorista”, con lo que a las autoridades les resulta aún más fácil ejercer la represión sobre el grupo. El 23 de diciembre se congelaron los bienes de al menos 1.055 organizaciones benéficas afiliadas a ella.

Cientos de estudiantes han sido detenidos también durante protestas y enfrentamientos. En un caso ilustrativo, en noviembre, un estudiante de 19 años, Mohamed Reda, murió por disparos en la Universidad de El Cairo cuando la policía antidisturbios disparó gas lacrimógeno y armas de fuego en el interior del recinto universitario.