“En el segundo año tras la toma del poder del presidente tunecino Kais Saied, las autoridades del país han tomado más medidas encaminadas a la represión con el encarcelamiento de decenas de oponentes políticos y personas que critican al Estado, han violado la independencia del poder judicial, han desmantelado salvaguardias institucionales de los derechos humanos y han incitado a la discriminación hacia las personas migrantes”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Desde que tomó el poder en julio de 2021, decreto a decreto, golpe a golpe, el presidente Saied y su gobierno han debilitado dramáticamente el respeto a los derechos humanos en Túnez eliminando libertades fundamentales duramente conseguidas por la ciudadanía y alimentando un clima de represión e impunidad. Las autoridades tunecinas deben invertir inmediatamente esta trayectoria traicionera y cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Asfixiar a la oposición política

Desde febrero de 2023, las autoridades usan investigaciones penales fraudulentas y detenciones contra oponentes políticos, quienes critican al Estado y quienes consideran enemigos del presidente Saied.

En un caso de gran repercusión, las autoridades abrieron una investigación penal contra al menos 21 personas, entre las que había activistas de la oposición política, profesionales del derecho y empresarios, basándose en acusaciones infundadas de “conspiración contra el Estado”. Al menos 7 personas siguen detenidas arbitrariamente en relación con su activismo o sus discursos políticos, incluidas figuras de la oposición como Jaouhar Ben Mbarek y Khayam Turki.

Las autoridades tunecinas han atacado especialmente a miembros de Ennahda, el mayor partido de la oposición del país, al iniciar investigaciones penales contra al menos 21 de sus miembros, 12 de los cuales están en prisión. En abril de 2023, las autoridades detuvieron a Rached Ghannouchi, líder de Ennahda y expresidente del disuelto Parlamento tunecino, a quien investigan por cargos que incluyen “conspiración contra el Estado” y “tratar de cambiar la naturaleza del Estado”. El 15 de mayo de 2023, un tribunal antiterrorista lo condenó a un año de prisión por unos comentarios públicos que había hecho el año pasado en un funeral en el que elogió al fallecido calificándolo de “hombre valiente” que no temía a “un gobernante o tirano”.

Ataques contra la libertad de expresión

Desde el 25 de julio de 2021, Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 39 personas que han sido investigadas o enjuiciadas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión con cargos como “insultar” a las autoridades o “difundir noticias falsas”, que el derecho internacional no reconoce como delitos. Además, en septiembre de 2022, el presidente Saied emitió el draconiano Decreto Ley 54 sobre ciberdelincuencia que confiere a las autoridades amplias facultades para reprimir la libertad de expresión en Internet. Desde su adopción, las autoridades lo han utilizado para abrir investigaciones contra al menos nueve personas —periodistas, profesionales de la abogacía y activistas políticos entre ellas— por comentarios públicos en los que criticaban a autoridades como el presidente Saied y la primera ministra Najla Bouden.

Discriminación de personas migrantes y refugiadas

En febrero de 2023, el presidente Saied hizo unos comentarios xenófobos y racistas que desencadenaron una oleada de violencia contra las personas negras con agresiones, desalojos sumarios y detenciones arbitrarias de migrantes de origen africano. La policía también detuvo al menos a 840 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, algunas de las cuales terminaron recluidas arbitrariamente en el centro de detención de Ouardia, que sólo se usa para detener a personas por infracciones relacionadas con la migración.

Los ataques contra personas africanas negras aumentaron de forma significativa en las dos semanas que siguieron a los comentarios del presidente: hubo muchedumbres que tomaron la calle y agredieron a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, decenas de las cuales fueron detenidas arbitrariamente por la policía. Las tensiones raciales en la ciudad meridional de Sfax culminaron con la muerte de dos personas: la de una persona migrante en mayo y la de un tunecino en julio. Tras estas muertes, las autoridades trasladaron a decenas de personas africanas negras migrantes y solicitantes de asilo a la vecina Libia.

“Las autoridades deben tomar medidas inmediatas para proteger los derechos de las personas extranjeras africanas negras, incluidas las migrantes, las solicitantes de asilo y las refugiadas. Además, deben dejar de detenerlas arbitrariamente y de expulsarlas del país, sobre todo si no se tiene en cuenta si sufrirán persecución tras ser devueltas.”

Peligran los logros de la Revolución de 2011

En febrero de 2022, el presidente Saied acusó a grupos de la sociedad civil de servir a los intereses de potencias extranjeras y dijo que tenía la intención de prohibir “la financiación del extranjero”. Las autoridades filtraron el borrador de una nueva y restrictiva ley sobre la creación de asociaciones que, de ser aprobada, eliminaría protecciones cruciales del derecho a la libertad de asociación. El borrador es una reforma del Decreto Ley 2011-88 que regula las asociaciones de la sociedad civil y les otorga el derecho a existir y a funcionar libremente.

El presidente Saied ha debilitado la independencia judicial con dos decretos en cuya virtud se concede a sí mismo la facultad de intervenir en la carrera profesional de miembros de la judicatura y de la fiscalía, incluida la de cesarlos arbitrariamente. El 1 de junio de 2022, Saied destituyó arbitrariamente a 57 jueces, juezas y miembros de la fiscalía por acusaciones imprecisas y de motivación política de terrorismo, corrupción económica o moral, adulterio y participación en fiestas con alcohol.

El presidente Saied consolidó su poder el 25 de julio de 2022 tras la aprobación en un referéndum de una nueva Constitución que había propuesto él mismo. Esta Constitución, que fue presentada tras un proceso acelerado de redacción y sin que se hiciera una consulta significativa con organizaciones de la sociedad civil u otros partidos políticos, aumenta las facultades de Saied y debilita la independencia del poder judicial, acciones que amenazan con devolver el país a los niveles de represión anteriores a 2011.

“Las autoridades tunecinas deben cesar de inmediato su represión de los derechos humanos, que está deshaciendo sistemáticamente los logros duramente conseguidos en la Revolución de 2011. Deben empezar poniendo en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y abstenerse de usar investigaciones y enjuiciamientos penales contra oponentes políticos, activistas de derechos humanos y otras personas sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, concluyó Morayef.