Las nuevas restricciones por la COVID-19 en Túnez, que prohíben todas las reuniones públicas, imponen en la práctica una prohibición general de las manifestaciones públicas y, por tanto, impiden ejercer el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. En medio de señales de una intolerancia creciente hacia la disidencia, las restricciones entraron en vigor el 13 de enero, víspera de las manifestaciones previstas contra el presidente, Kais Saied, con motivo del undécimo aniversario del derrocamiento del expresidente Zin el Abidín ben Alí.
“Cada mes de enero, la población tunecina conmemora la revolución de Túnez saliendo a la calle para expresar sus quejas. Es imprescindible que la crisis de salud por la COVID-19 no sirva de pretexto para reprimir derechos en general o los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica en particular”, ha declarado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Con las nuevas restricciones, existe el riesgo de que las autoridades respondan a las manifestaciones haciendo uso innecesario de la fuerza o llevando a cabo detenciones arbitrarias, prácticas vergonzosas que han caracterizado la actuación de las fuerzas de seguridad para controlar muchas manifestaciones públicas en los últimos años. Pedimos a las autoridades tunecinas que reformen las nuevas normas para que sean compatibles con las obligaciones internacionales de Túnez.”
El gobierno tunecino afirma que las nuevas restricciones, anunciadas en la cabecera de la página de Facebook del gobierno, están dirigidas a combatir la propagación de la COVID-19. Estarán en vigor dos semanas y podrán ser renovadas por consejo del Ministerio de Salud. Los casos diarios de COVID-19 y la tasa de pruebas con resultado positivo han aumentado bruscamente en los últimos días, según el Ministerio. No obstante, la prohibición de las reuniones públicas va demasiado lejos. Aunque los Estados pueden restringir el derecho de reunión pacífica para proteger la salud pública, las restricciones deben ser necesarias y proporcionales y no imponerse de forma general. Las autoridades deberían evaluar las reuniones caso por caso.
Las medidas adoptadas por Saied desde el 25 de julio de 2021 para concentrar el poder en sus manos —entre las que figuran la suspensión del Parlamento y de la mayor parte de la Constitución de Túnez, además de arrogarse la autoridad ejecutiva suprema y el derecho a legislar por decreto— han polarizado la sociedad tunecina y desatado un encendido debate público sobre el futuro del país.
Es imprescindible que la crisis de salud por la COVID-19 no sirva de pretexto para reprimir derechos en general o el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en particular.
Amna Guellali, Amnistía Internacional
Simpatizantes y opositores de Saied han protestado públicamente desde el 25 de julio, en manifestaciones que las autoridades han permitido en gran medida sin trabas. Sin embargo, las autoridades judiciales —incluidos tribunales militares— investigan y procesan a personas con creciente frecuencia por criticar públicamente al presidente.
En enero de 2021, los servicios de seguridad emplearon fuerza ilegítima para responder a las protestas generalizadas por motivos socioeconómicos, entre otras cosas golpeando a manifestantes y disparando gas lacrimógeno de forma indiscriminada en zonas residenciales.
El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Túnez, garantiza el derecho de reunión pacífica.
Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen que los agentes podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario con arreglo a la ley y siempre que el daño causado sea proporcional al objetivo perseguido. El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley se hace eco de estos principios.
“En los últimos cinco meses hemos visto señales preocupantes de intolerancia creciente hacia la disidencia por parte de las autoridades. El presidente Saied debe suspender todas las restricciones que vulneren implícitamente derechos humanos, y comprometerse a respetar las leyes y normas internacionales”, ha dicho Amna Guellali.
