Para la ciudadanía de Turquía esto no es una novedad, pero la situación empeoró mucho desde que arrancó la ofensiva militar en el noreste de Siria el mes pasado. Toda persona —periodistas, manifestantes, usuarios de redes sociales— que se atreve a desviarse de la línea oficial marcada por el gobierno puede meterse en problemas.
Mientras los tanques turcos traspasaban el mes pasado la frontera con Siria, dentro de Turquía se abría un segundo frente donde el campo de batalla son los medios de comunicación y las plataformas de medios sociales. El lenguaje utilizado para hablar de la incursión militar se sometió a un fuerte control, y el gobierno usó la operación militar como pretexto para poner en marcha una campaña interna dirigida a silenciar las opiniones discrepantes en los medios de comunicación, las redes sociales y la calle.
El debate crítico sobre asuntos de política y derechos en relación con la comunidad kurda resulta aún más imposible que antes, con cientos de personas detenidas sólo por hacer comentarios o informar sobre la ofensiva militar. Estas personas se enfrentan a cargos absurdos, normalmente relacionados con la legislación antiterrorista, y, si son procesadas y declaradas culpables, podrían tener que cumplir largas penas de cárcel.
El 10 de octubre, un día después del inicio de la ofensiva, el organismo regulador de radiodifusión de Turquía (RTÜK) advirtió a los medios de comunicación que no se iba a tolerar en absoluto “ninguna comunicación que pueda afectar negativamente a la moral y la motivación de [...] los soldados o inducir a engaño a la ciudadanía con información incompleta, falsa o parcial que sirva a los fines del terror”.
El mismo día, Hakan Demir, periodista del diario Birgün, tuiteó: “Aviones de guerra turcos empezaron a bombardear zonas civiles”. Su tuit se basaba en información publicada por la NBC. A primera hora de la mañana siguiente, la policía llevó a cabo un registro en su casa y se lo llevó para interrogarlo por "incitación a la enemistad o el odio". Más tarde, Hakan Demir fue puesto en libertad con la condición de no salir del país en espera del resultado de las investigaciones criminales.
Hakan Demir es sólo uno entre el gran número de periodistas detenidos; y no sólo se actúa contra periodistas turcos. La semana pasada, el equipo defensor del presidente Erdoğan anunció que había presentado una denuncia penal contra el director de la revista francesa Le Point tras la publicación de su número del 24 de octubre, dedicado a la ofensiva militar, con el titular en portada “Limpieza étnica: el método Erdoğan”. Los abogados alegaron que la portada era un insulto al presidente, lo que constituye delito en la legislación turca.
También se está actuando contra usuarios de redes sociales: la primera semana de la ofensiva se sometieron a investigación 839 cuentas en medios sociales por “difusión de contenido delictivo”. Según datos oficiales, 186 personas fueron detenidas y 24 sometidas a prisión preventiva.
Un usuario de redes sociales, detenido y acusado de “propaganda en favor de una organización terrorista”, había retuiteado tres tuits, uno de los cuales decía: “Rojava [la zona autónoma kurda del norte de Siria] vencerá. No a la guerra”. Estos tuits, como otros, no constituían ni remotamente pruebas de un delito internacionalmente reconocido.
Al usuario en cuestión se le prohibió viajar al extranjero y se le ordenó presentarse en una comisaría de policía local dos veces al mes. Un abogado dijó a Amnistía Internacional: “Utilizar las palabras ‘guerra’, ‘ocupación” o ‘Rojava’ se ha convertido en delito. Los jueces están diciendo que no se puede decir ‘no a la guerra’”.
Esto quedó gráficamente ilustrado el 12 de octubre en Estambul, cuando la policía advirtió a las Madres de los Sábados, que estaban celebrando una vigilia pacífica por sus familiares desaparecidos, que no usaran la palabra “guerra”. En cuanto se leyó en voz alta una declaración que criticaba la operación militar, la policía disolvió violentamente la vigilia.
El gobierno utilizó asimismo la operación “Fuente de Paz” como pretexto para intensificar la represión de activistas y políticos de la oposición. Varios miembros del Parlamento están sometidos a investigación criminal actualmente, entre ellos Sezgin Tanrıkulu, por unos comentarios que hizo en los medios de comunicación y por un tuit que rezaba: “Los gobiernos deben saber que esto es una guerra injustificada, una guerra contra los kurdos”.
Esta última ola de represión ha agravado una atmósfera ya arraigada de censura y miedo que se instaló en Turquía tras el fallido golpe de Estado en 2016.
Al amparo del estado de excepción, que estuvo dos años en vigor, las autoridades turcas se dedicaron deliberada y metódicamente a desarticular la sociedad civil. La situación no ha mejorado a pesar de que ya se ha levantado el estado de excepción, y existe una normalización progresiva de las medidas extraordinarias.
Por tercer año consecutivo, Turquía es el país con mayor número de periodistas encarcelados, y decenas de miles de personas han sido recluidas por un poder judicial que carece por completo de independencia y encarcela a personas críticas o consideradas críticas con el gobierno sin pruebas de que hayan cometido actos que puedan razonablemente ser constitutivos de delito.
Tras el asalto de madrugada a su casa que sufrió hace dos semanas, la periodista y defensora de los derechos humanos Nurcan Baysal dijo: “El hecho de que 30 agentes de policía enmascarados y fuertemente armados asaltaran mi casa y aterrorizaran a mis hijos simplemente por unos comentarios publicados en redes sociales para pedir la paz demuestra el grado de represión de la libertad de expresión en Turquía”.
Stefan Simanowitz es director de medios de comunicación de Amnistía Internacional para Europa y Turquía.
Aquí disponible el informe de Amnistía "We can't complain: The continuing crackdown on dissent over its mılıtary operation “Peace Spring” in northeast Syria
