Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley enviados a la región devastada por los terremotos que afectaron a Turquía el 6 de febrero han golpeado, torturado y sometido a otros malos tratos a personas sospechosas de robo y saqueo, han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Una persona murió bajo custodia tras ser torturada. En algunos casos, dichos agentes tampoco intervinieron para impedir que unas personas agredieran de forma violenta a otras a las que consideraban sospechosas de haber cometido delitos.

Aunque se ha informado de incidentes de robo y saqueo de viviendas y comercios tras los terremotos, que suponen un enorme desafío de seguridad para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el derecho internacional y también las leyes de Turquía prohíben infligir tortura u otros malos tratos a personas sospechosas en ninguna circunstancia. El gobierno turco afirma desde hace tiempo que aplica una política de “tolerancia cero hacia la tortura”.

“Los informes fidedignos que indican que la policía, los gendarmes y el personal militar someten a palizas violentas y prolongadas y detención arbitraria y no oficial a personas presuntamente responsables de delitos constituyen una alarmante acusación formal de las prácticas presentes de aplicación de la ley en la región de Turquía afectada por los terremotos”, ha afirmado Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideran el estado de excepción decretado con motivo del desastre natural como una licencia para la tortura y otros malos tratos e incluso para matar con impunidad.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han entrevistado a 34 personas y examinado el material videográfico disponible, que registraba 13 casos de violencia perpetrada por la policía, la gendarmería —policía en las zonas rurales— o militares desplegados en la zona, contra 34 víctimas masculinas. El personal de investigación escuchó relatos adicionales y vio vídeos de otras personas que sufrían brutales palizas a manos de las fuerzas de seguridad, pero no ha podido corroborar plenamente estos incidentes. Entre las personas entrevistadas había 12 víctimas de tortura u otros malos tratos, 2 personas a las que los gendarmes habían amenazado a punta de pistola, testigos y profesionales de la abogacía.

Aunque en cuatro casos documentados por las organizaciones había ciudadanos particulares que prestaron asistencia humanitaria tras los terremotos entre quienes participaron en las palizas a las víctimas, la investigación se centró principalmente en los abusos cometidos por funcionarios públicos. Todos los casos de tortura y otros malos tratos excepto tres tuvieron lugar en la ciudad de Antioquía, provincia de Hatay. En cuatro casos, las víctimas eran refugiados sirios y los ataques presentaban signos de motivación xenófoba adicional.

Todos los incidentes tuvieron lugar en las 10 provincias incluidas en el estado de excepción anunciado por el presidente Recep Tayyip Erdogan el 7 de febrero y aprobado por el Parlamento dos días después. El estado de excepción durante un desastre natural concede al gobierno poderes como promulgar decretos que ordenen el uso de recursos privados y públicos —tierras, edificios, vehículos, combustible, suministros médicos y alimentos— en los trabajos de salvamento y asistencia humanitaria, el uso de las fuerzas armadas como ayuda, el control de los horarios de apertura de los negocios en la región afectada y la restricción de entrada a la región.

Un hombre turco dijo que un gendarme lo había amenazado con estas palabras: “Estamos en estado de excepción, te mataremos. [...] Te mataremos y te enterraremos bajo los escombros”. Un hombre sirio afirmó que un superintendente de la policía, al que se quejó después de que un agente le propinara un puñetazo en la cara, le había dicho: “Estamos en estado de excepción. Aunque ese agente te mate, no tendrá que rendir cuentas. Nadie podrá decirle nada”.

El 17 de marzo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch escribieron a los ministros de Interior y Justicia de Turquía para hacerles llegar la conclusión de sus comprobaciones y solicitar información sobre las investigaciones relativas a las denuncias de abusos presentadas y las pruebas videográficas que circulan en las redes sociales.  El 29 de marzo, la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia respondió en nombre del propio Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior. En su respuesta, los ministerios afirmaban que el gobierno de Turquía tiene una política de tolerancia cero con la tortura, y sostenían que las conclusiones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch eran “afirmaciones imprecisas desprovistas de base objetiva”. No abordaban lo expuesto por estas organizaciones de derechos humanos ni las preguntas formuladas sobre casos concretos o prácticas policiales en la región afectada por el terremoto durante el estado de excepción. En su lugar, la respuesta conjunta de los ministerios se centraba en la magnitud de los terremotos, la devastación y los trabajos de asistencia humanitaria.

La mayoría de las víctimas explicaron que habían sido detenidas por grupos de policías, gendarmes o soldados mientras participaban en los trabajos de búsqueda y salvamento en edificios que había destruido el terremoto o mientras atravesaban barrios de Antioquía. En la mayoría de los casos, las víctimas no quedaron bajo custodia oficial, sino que de inmediato las golpearon o las obligaron a tenderse en el suelo o arrodillarse mientras les propinaban patadas y bofetadas y las insultaban durante periodos prolongados, a veces con las manos esposadas. A algunas las obligaron a confesar delitos. Sin embargo, sólo en dos casos se ha llevado a cabo una investigación posterior sobre las víctimas por la comisión de presuntos delitos, lo que plantea serias dudas acerca de si existió en algún momento sospecha real de que hubieran actuado ilegalmente.

“Mi casa está en ruinas, vivo en una tienda de campaña y, por si esto fuera poco, la policía me golpeó y me apuntó a la cabeza con un arma”, indicó un hombre. “Actuaron como si fuera el salvaje Oeste”.

Una víctima de 19 años relató: “Perdí toda noción del tiempo y me pareció que todo aquello se prolongaba durante una hora y media o dos. Primero fueron los tres, luego un gran grupo de policías llegó y se unió, dándome puñetazos, patadas”.

Las víctimas o sus familias denunciaron formalmente la violencia a la que las habían sometido los agentes sólo en 6 casos de los 13 examinados; en una de dichas denuncias, un hombre expuso que su hermano y él habían sido sometidos a episodios prolongados de tortura bajo custodia de la gendarmería y que después su hermano se había desmayado y había muerto estando detenido.

En otros siete casos, las víctimas dijeron que no presentarían denuncias oficiales por temor a represalias y porque pensaban que las posibilidades de obtener justicia eran remotas. Varias también afirmaron que la muerte de familiares y amistades en los terremotos y las trascendentales conmociones experimentadas en su propia vida eclipsaron los abusos que habían padecido a manos de la policía y la gendarmería.

Los ciudadanos sirios en particular eran los más reacios a presentar una denuncia oficial. Una mujer que trabajaba como traductora para equipos de búsqueda y salvamento extranjeros declaró: “La mayoría de los gendarmes trataban a los sirios como ladrones y eran muy agresivos con ellos. No aceptaban a personas sirias en los equipos de salvamento y se mostraban furiosos”.

Otras persona voluntaria en las labores de búsqueda y salvamento, de nacionalidad siria, que ayudó a rescatar a varias personas turcas y sirias de entre los escombros, pero que también fue víctima de la violencia de la gendarmería y de la multitud, manifestó: “No presentaré una denuncia porque creo que no servirá de nada. Me da miedo salir a la calle, porque aparecieron imágenes de mi automóvil en las redes sociales y difundieron vídeos de nosotros. [...] Tenemos miedo de que nos ataquen de nuevo. No fui al hospital ni obtuve un informe médico porque temía que me considerasen un saqueador, y somos sirios”.

Un testigo explicó que “unos soldados golpearon a tres jóvenes de unos 20-25 años que parecían trabajadores y pobres, a los que consideraron ‘saqueadores’, y que animaban a los particulares presentes a sumarse a la paliza”. Otra persona entrevistada dijo que había visto a un militar, al parecer de alta graduación, apelar desde su automóvil a una multitud en Samandağ, cerca de Antioquía, en estos términos: “Cuando atrapen saqueadores, golpéenlos como deseen, denles lo que se merecen, pero no los maten, llámennos”.

Las autoridades turcas deben llevar a cabo investigaciones penales y administrativas completas, imparciales y sin demora sobre todos los informes según los cuales el personal policial, militar y de la gendarmería de la región afectada por el terremoto ha cometido torturas o infligido otros malos tratos, con independencia de si consideran a las víctimas sospechosas de actividades delictivas, han afirmado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

“Las terribles descripciones e imágenes de la violencia gratuita cometida por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que abusan de su poder en el marco de la peor catástrofe natural que el país haya sufrido no pueden descartarse sin más”, ha declarado Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

“Todas las víctimas, incluidas las personas refugiadas, tienen derecho a la justicia y a reparaciones por los daños sufridos. Las autoridades deben abrir sin demora investigaciones penales, sobre todos los casos de tortura y otros malos tratos cometidos por la policía, la gendarmería y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y poner a los responsables a disposición de la justicia.”