En respuesta a la plena entrada en vigor hoy en toda la Unión Europea de la Ley de Servicios Digitales, que establece obligaciones para las plataformas digitales y los motores de búsqueda a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, Alia Al Ghussain, investigadora y asesora sobre Tecnología y Derechos Humanos en Amnesty Tech, ha declarado:
“Es un día histórico para la rendición de cuentas en el ámbito de la tecnología. El día de hoy debe marcar el fin de la era de ausencia de regulación de las grandes empresas tecnológicas, y, para que esto suceda, la Ley de Servicios Digitales debe aplicarse rigurosamente a fin de evitar que se convierta en papel mojado.
Los Estados miembros de la UE y la Comisión de la UE son los principales responsables de la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones adicionales que afectan a las grandes empresas tecnológicas en aplicación de la Ley de Servicios Digitales, y deben resistirse a cualquier intento por su parte de suavizar las medidas de aplicación y cumplimiento, e insistir en situar los derechos humanos en el primer plano del nuevo panorama digital.
Alia Al Ghussain, investigadora y asesora sobre Tecnología y Derechos Humanos en Amnesty Tech
“Las grandes empresas tecnológicas ya han contribuido a graves daños en materia de derechos humanos en lugares como Myanmar y Etiopía. Los organismos reguladores europeos deben ahora asegurarse de que estas empresas no siguen contribuyendo a que se violen los derechos humanos y hacer que rindan cuentas si se producen más daños.
“Para reducir los riesgos en materia de derechos humanos que suponen las plataformas de redes sociales, la Comisión Europea debe ocuparse del diseño adictivo y nocivo de estas plataformas, lo que implica cambiar los sistemas de recomendación para que no estén programados para obtener interacción a cualquier coste, ni basados en la elaboración de perfiles de personas usuarias por defecto.”
Información complementaria
La Ley de Servicios Digitales tiene como objetivo crear normas homogéneas para lograr un entorno seguro, predecible y fiable donde se protejan eficazmente los derechos fundamentales.
El análisis realizado por Amnistía Internacional del modelo empresarial de muchas grandes empresas tecnológicas, basado en la vigilancia, sostiene que este modelo es esencialmente incompatible con una serie de derechos humanos, como los derechos a la privacidad, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación.
