Antes de la primera sesión plenaria del recién elegido Parlamento Europeo, más de 90 organizaciones humanitarias y de derechos humanos piden a la nueva Unión Europea que adopte una postura firme para mantener el derecho de asilo y el Estado de derecho.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, el Consejo Danés para los Refugiados, Human Rights Watch y Oxfam, han recibido con alarma los recientes intentos de varios países de la Unión Europea de eludir o “externalizar” sus responsabilidades jurídicas internacionales, trasladando los procedimiento de asilo y la protección de las personas refugiadas a países fuera de la UE. Esta controvertida propuesta pretende desmantelar el principio básico de la protección internacional: que las personas que se hallen en una jurisdicción tengan derecho a solicitar asilo dentro de esa jurisdicción y consigan que su solicitud se examine de forma justa.

“Los intentos de los Estados de externalizar a otros países sus responsabilidades respecto al asilo no son nuevos, pero hace mucho que, por buenos motivos, se han criticado, condenado y rechazado. Al igual que el programa Reino Unido- Ruanda se está desplomando (y con razón), la UE y sus Estados miembros deben prestar atención y dejar de hacer falsas promesas y de perder tiempo y dinero en propuestas costosas, inhumanas e inviables. Ahora que empieza este ciclo legislativo, la Unión Europea puede y debe tomar acciones que no consistan en abandonar su compromiso para con el régimen global de protección a las personas refugiadas”, ha manifestado Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo.

Siempre que se ha intentando aplicar alguno de estos programas, ha habido un fuerte aumento de las violaciones de derechos humanos, que se han saldado con innumerables personas —a las que se han negado salvaguardias y garantías jurídicas cruciales— detenidas arbitrariamente y en un insoportable limbo jurídico, y que han costado a los contribuyentes sumas desorbitadas. En un momento en el que el 75% de las personas refugiadas de todo el mundo están acogidas en países de ingresos bajos y medios, estas propuestas transmiten una peligrosa señal sobre la falta de compromiso de la UE para con el Estado de derecho, los tratados internacionales y el sistema global de protección de las personas refugiadas.

En una declaración hecha pública hoy, las organizaciones piden a la Unión Europea que abandone estas propuestas, que contrastan fuertemente con la legislación europea existente y el recientemente acordado pacto migratorio de la UE. En lugar de eso, la UE debe apoyar unas políticas de migración y asilo humanas, sostenibles y realistas que beneficien tanto a las personas que buscan seguridad como a las comunidades que las acogen.

La declaración vino precedida por una carta enviada por 15 Estados miembros en la que se pide a la Comisión Europea que explore posibilidades para el procesamiento externo de las solicitudes de asilo, incluso mediante cambios en la legislación de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió a final de junio que estas “ideas innovadoras […] sin duda merecen nuestra atención” en el nuevo ciclo político.

Estas propuestas se basan en una larga serie de medidas dirigidas a prevenir la llegada de personas que buscan asilo en la Unión Europea mediante acuerdos con países de fuera de la UE, sin prestar apenas atención al historial de derechos humanos de esas autoridades. Estas asociaciones ya han dado lugar a innumerables violaciones de derechos humanos y han demostrado la limitada capacidad o el escaso interés de la UE para vigilar o hacer cumplir las normas de derechos humanos fuera de su territorio cuando se trata de migración.