En respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de revocar solamente algunas partes de la Ley contra la Homosexualidad de 2023 —responsable de un sensible aumento de los ataques contra las personas LGBTI—, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha declarado:
“Nos consterna que el Tribunal haya ignorado por completo su responsabilidad de defender plenamente la Constitución ugandesa, que protege los derechos de todas las personas, incluidos los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad.”
“Es alarmante que se haya desaprovechado la oportunidad de derogar una ley que menoscaba en Uganda los derechos de las personas LGBTI, de quienes las apoyan, de los defensores y defensoras de los derechos humanos y del activismo, puesto que criminaliza los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo y la ‘promoción’ de la homosexualidad, con toda su ambigüedad, y contempla la pena de muerte para el delito de ‘homosexualidad agravada’.”
“Ahora que celebramos el 10º aniversario de la Resolución 275 sobre la protección frente a la violencia y otras violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual o identidad de género, ya sea real o presunta, el gobierno ugandés debe derogar íntegramente la Ley contra la Homosexualidad de 2023 y garantizar que se rindan cuentas por los ataques contra las personas LGBTI.”
Información complementaria
La Ley contra la Homosexualidad de 2023 es una de las leyes contra los derechos LGBTI más extremas del mundo en cuanto a alcance y penas.
El 30 de mayo de 2023 Yoweri Museveni, presidente de Uganda, aprobó la Ley contra la Homosexualidad. En diciembre de 2023, entidades promotoras de la igualdad presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Constitucional, en el que argumentaban que viola los derechos garantizados por la Constitución ugandesa, incluidos los derecho a no sufrir discriminación y a la intimidad, así como la libertad de pensamiento, conciencia y creencias.
Desde el debate y la aprobación del proyecto de ley hasta la fecha, la ONG ugandesa Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) ha documentado que dicha norma ha dado lugar a 55 detenciones, 3 penas de muerte remitidas al director de la Fiscalía, 8 exámenes anales forzados, 254 desalojos de personas acusadas de ser LGBTI o estar relacionadas con personas LGBTI y otros 202 casos de violencia real o amenaza de violencia.
Desde que en 2014 se revocó una ley anti-LGBTI similar —la Ley contra la Homosexualidad de Uganda— se ha tratado de ilegalizar la homosexualidad en repetidas ocasiones, por ejemplo mediante el proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales de 2021, que castigaba con hasta 10 años de cárcel todo “acto sexual entre personas del mismo género”, así como el sexo anal entre personas de cualquier género.
