Los ataques en Internet contra las comunidades LGBTQ de Uganda han aumentado drásticamente, debido a leyes excesivamente ambiguas que penalizan diversos aspectos de la vida de las personas LGBTQ y afianzan la discriminación, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, “Everybody Here Is Having Two Lives or Phones”: The Devastating Impact of Criminalization On Digital Spaces for LGBTQ People in Uganda (“Todo el mundo aquí tiene dos vidas o dos teléfonos”: El devastador impacto de la criminalización en los espacios digitales para las personas LGBTQ en Uganda), detalla los constantes casos de violencia de género facilitada por la tecnología contra personas LGBTQ en Uganda. En él se documentan casos de revelación de datos personales y orientación sexual, amenazas de violencia, chantaje, suplantación de identidad, hackeo y desinformación, que marginan aún más a las personas LGBTQ, especialmente a las que se hallan en entornos socioeconómicos desfavorecidos.

Se ha descubierto que la Ley contra la Homosexualidad de 2023, en particular, ha fomentado un clima de impunidad para los ataques contra las personas LGBTQ, lo que ha obligado tanto a particulares como a organizaciones a modificar significativamente su forma de presentarse y de relacionarse con la gente en Internet.

“Nuestra investigación muestra que, aunque activistas y organizaciones LGBTQ han seguido utilizando los espacios digitales en un entorno muy hostil, el estigma, la violencia y la discriminación a los que se enfrentan en los entornos físicos se han reflejado y amplificado en los espacios digitales”, ha expuesto Shreshtha Das, asesora/investigadora de género de Amnistía Internacional.

“La violencia de género facilitada por la tecnología tiene consecuencias devastadoras para las personas LGBTQ, ya que los ataques en Internet pueden tener repercusiones fuera de la red, como detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desalojos forzosos, despidos laborales o exposición a la violencia en el mundo físico, así como estrés, ansiedad y depresión”.

La violencia de género facilitada por la tecnología tiene consecuencias devastadoras para las personas LGBTQ, ya que los ataques en Internet pueden tener repercusiones fuera de la red, como detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desalojos forzosos, despidos laborales o exposición a la violencia en el mundo físico, así como estrés, ansiedad y depresión.

Shreshtha Das, asesora/investigadora de género de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional llevó a cabo su investigación en seis ciudades de Uganda y zonas colindantes, incluidas 64 entrevistas a organizaciones y personas LGBTQ. La investigación pone de manifiesto una violencia sexual y de género generalizada y destaca no sólo el fracaso de las autoridades estatales a la hora de prevenir o abordar estos abusos, sino también su papel activo para fomentarlos y condonarlos, lo que expone a las personas LGBTQ a sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

Una “cacería de brujas”

En Uganda, las personas y organizaciones LGBTQ utilizan las plataformas digitales para conectar con su comunidad, compartir información sobre servicios de salud sexual y proteger sus derechos.

En lugar de adoptar políticas para combatir la violencia de género facilitada por la tecnología, las autoridades de Uganda han tomado medidas drásticas contra las organizaciones y los defensores y defensoras de los derechos humanos, imponiendo restricciones discriminatorias a su trabajo.

Marco Perolini, asesor de Amnistía Internacional sobre políticas relativas al espacio de la sociedad civil

Sin embargo, la prevalencia de la violencia de género facilitada por la tecnología ha limitado gravemente las posibilidades de acceso, comunicación y reunión de las personas LGBTQ en los espacios digitales, a la vez que ha obstaculizado los intentos de trabajo sectorial de muchas organizaciones. Quienes prestan servicios sanitarios a grupos marginados se han visto obligados a no anunciar sus servicios en Internet, por temor a que las autoridades suspendan arbitrariamente su inscripción en el registro basándose en acusaciones espurias de “promoción de la homosexualidad”.

“En lugar de adoptar políticas para combatir la violencia de género facilitada por la tecnología, las autoridades de Uganda han tomado medidas drásticas contra las organizaciones y los defensores y defensoras de los derechos humanos, imponiendo restricciones discriminatorias a su trabajo. Sus actos equivalen a una cacería de brujas contra las personas percibidas como ‘promotoras de la homosexualidad’, lo que genera un efecto disuasorio con respecto a los derechos a la libertad de expresión y asociación”, ha declarado Marco Perolini, asesor de Amnistía Internacional sobre políticas relativas al espacio de la sociedad civil.

En el informe se documentan numerosos casos en los que la policía incautó dispositivos o datos de personas LGBTQ y las amenazó con detenerlas. Por otra parte, tanto la policía como particulares han utilizado las plataformas de redes sociales para, en un principio, conectar con personas LGBTQ y luego convertirlas en objetivo de violencia física y chantaje.

El chantaje fue la forma más frecuente de violencia de género facilitada por la tecnología, observada en todos los territorios. Además, tanto la policía como particulares han hecho pública la orientación sexual de personas LGBTQ, exponiéndolas a abusos en Internet, amenazas, violencia física, desalojos forzosos y despidos laborales.

Amnistía Internacional halló que el uso generalizado de lenguaje despectivo y ofensivo contra las personas LGBTQ está muy extendido en Internet, al igual que las campañas de desinformación que presentan a las personas LGBTQ de forma nociva, llegando incluso a etiquetarlas de “depredadores sexuales”.

Estas narrativas refuerzan los estereotipos sobre las personas LGBTQ y provocan angustia emocional, ostracismo social, penurias económicas y, en algunos casos, violencia física.

“A día de hoy, los espacios digitales, que son vitales para las personas LGBTQ en Uganda, a menudo no son más seguros que los entornos físicos: la discriminación y la violencia están presentes en ambos”, ha afirmado Roland Ebole, investigador de Amnistía Internacional sobre Uganda.

Leyes cargadas de prejuicios que agravan la homofobia y la transfobia

Aunque la violencia de género facilitada por la tecnología contra las personas LGBTQ ya era habitual en Uganda, su gravedad y su prevalencia han aumentado desde que se aprobó la Ley contra la Homosexualidad de 2023, que ha intensificado el discurso público homófobo y transfóbico.

Todas las personas entrevistadas indicaron a Amnistía Internacional que no denunciarían a la policía la violencia de género facilitada por la tecnología, por temor a ser delatadas, chantajeadas o detenidas. En los pocos casos en que las personas LGBTQ denunciaron casos de violencia de género facilitada por la tecnología, la policía no tomó ninguna medida, sino que sometió a las personas denunciantes a nuevas humillaciones.

A día de hoy, los espacios digitales, que son vitales para las personas LGBTQ en Uganda, a menudo no son más seguros que los entornos físicos: la discriminación y la violencia están presentes en ambos.

Roland Ebole, investigador de Amnistía Internacional sobre Uganda

Las organizaciones y las personas LGBTQ también afirmaron que denunciar casos de violencia de género facilitada por la tecnología en las plataformas de redes sociales seguía siendo complicado. A menudo no sabían cómo denunciar los abusos. Pese a las políticas de las plataformas de redes sociales para abordar la violencia de género facilitada por la tecnología, la moderación de los contenidos —especialmente en lenguas locales de amplia difusión distintas del inglés— sigue cuestionándose.

De todas las entidades a las que Amnistía Internacional envió conclusiones detalladas, incluidas varias autoridades estatales de Uganda, organizaciones privadas y empresas de redes sociales (Meta, TikTok y X), sólo Meta y TikTok respondieron. Sus respuestas se reflejan en el informe.

“El Parlamento de Uganda debe derogar de inmediato la Ley contra la Homosexualidad de 2023 y las demás leyes que penalizan actos y conductas que afectan de forma desproporcionada a las personas LGBTQ”, ha afirmado Shreshtha Das.

“Las autoridades deben también establecer un mecanismo independiente para llevar a cabo investigaciones efectivas, prontas, imparciales e independientes en relación con las denuncias de violencia de género facilitada por la tecnología y otras violaciones de los derechos humanos cometidas contra las personas LGBTQ”.