Este Convenio se da a menos de un año del debate sobre aborto y en el contexto en que cobró estado público el caso de "Lucía"una niña de 11 años de edad, en la Provincia de Tucumán, a quien le fue deliberadamente negado el acceso a un aborto legal a hacerlo.
La Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, lidera e integra - junto a otros organismos del Estado - la ejecución del "Plan Nacional sobre Embarazo No intencional en la Adolescencia- Plan ENIA", destinado a fortalecer las políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo, según el marco normativo vigente.
Bajo este contexto, preocupa que pese a los claros lineamientos del Plan ENIA y el marco jurídico vigente, se promuevan Convenios que desatienden la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas, entre ellos el acceso a la interrupción legal del embarazo. Alarma además el riesgo de que terceros ajenos a la relación médico-paciente puedan acceder a información confidencial -como lo es la historia clínica de una persona-, vulnerando la confidencialidad y la privacidad de las mujeres, niñas y adolescentes que el Estado debe proteger.
Por lo demás, en un contexto en que el Gobierno Nacional ha hecho de la transparencia activa y la apertura de información una consigna de su administración, Amnistía Internacional solicitó, entre otras cosas, que a) se informen los objetivos del convenio y el presupuesto asignado a tales fines; b) se precisen los supuestos en los cuales intervendría la Red en el acompañamiento de "embarazo vulnerable"; c) se informe cómo se garantizará el secreto profesional médico/paciente en el marco de eventuales derivaciones de casos a la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”.
