"Con la aprobación de la ley de aborto, nuestro país se posicionó como un referente en materia de salud sexual y reproductiva. El reconocimiento de la autonomía reproductiva es una conquista para los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Esto ha sido respaldado por el Poder Judicial de nuestro país, pese a las numerosas embestidas contra la norma. De todos modos, es importante destacar que no se ejerce un derecho que se desconoce y el Estado ahora debe dar un paso más e informar con campañas masivas a la población dónde y cómo acceder al derecho a una interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) además de seguir trabajando para remover las barreras en el acceso”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En el contexto de celebración de un año de la ley, Amnistía Internacional presenta una serie de reportes e información novedosa a modo de balance.
Litigio: la defensa de la ley en los tribunales de Argentina
Amnistía Internacional se encuentra haciendo un minucioso seguimiento en torno a la implementación de la ley 27.610. Un equipo especializado ha viajado a varias provincias y lo seguirá haciendo en 2022. Se hicieron entrevistas con personal de salud, que manifiesto limitaciones para garantizar el efectivo acceso al aborto; y se documentó la situación de mujeres que han encontrado dificultades para acceder a este derecho.
Asimismo, la organización supervisa activamente acciones judiciales en contra de la ley y ha intervenido estratégicamente en algunos casos. Antes de cumplirse un mes de su promulgación, ya se habían presentado más de 20 acciones cuestionando su constitucionalidad y pidiendo su suspensión.
A lo largo del 2021, se registraron más de 37 demandas en diversas provincias, de las cuales 32 cuestionaron directamente la norma. Ninguna prosperó, y solo 5 siguen en trámite ya que el Poder Judicial las ha ido rechazando sistemáticamente.
Los argumentos a favor de la vigencia de la ley se basaron en el reconocimiento de la interrupción del embarazo como un imperativo de justicia social y reproductiva, y de derechos humanos. Los embates contra la norma fueron resistidos aludiendo al respeto a la división de poderes, la legitimidad democrática, y a razones de salud pública. Por su parte, algunos tribunales además consideraron que los derechos no pueden ser anulados por un grupo de ciudadanos bajo la aparente representación de un colectivo inexistente o hipotético, y que las decisiones deben tomarse con perspectiva de género y sin permitir la prevalencia de estereotipos discriminatorios sobre las mujeres en la sociedad.
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Desafíos: "No se ejerce un derecho que se desconoce”
Los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo comienzan por la falta de información. En el primer año de vigencia de la ley, ni el Estado Nacional, ni las provincias, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron campañas de difusión.
Estos datos surgen de las respuestas a los pedidos de información realizados por Amnistía Internacional a las 24 jurisdicciones del país, y se complementan con entrevistas en Catamarca, Tierra del Fuego y Santiago del Estero a profesionales de la salud, activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil; relevamientos con organizaciones locales y testimonios de personas que enfrentaron graves barreras en el acceso al aborto legal.
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Una de las principales vías difundidas de acceso a consultas sobre IVE/ILE es la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, servicio telefónico que no da a abasto para dar respuestas a la alta demanda.
Ante la negativa de numerosas jurisdicciones de brindar información pública, Amnistía Internacional no ha podido acceder a datos y estadísticas oficiales. De este modo, resulta imposible conocer el estado de implementación de la ley. Este diagnóstico es fundamental para garantizar mayor eficacia en el diseño y puesta en marcha de planes de acción, y políticas para el acceso al aborto en condiciones de igualdad y sin discriminación.
“La desinformación expulsa a las personas del sistema de salud o restringe su acceso. Además, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes. Por eso, el desarrollo de campañas de difusión es urgente para garantizar que el aborto sea una realidad. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado debe asegurar el acceso a la información, factor determinante para el goce de otros derechos, como el de decidir sobre nuestro propio cuerpo, libres de violencia y discriminación”, agregó Mariela Belski.
Amnistía Internacional celebra el aniversario de la ley y espera que la región pueda prontamente avanzar con legislación y políticas similares en pos de los derechos sexuales y reproductivos. Además, subraya las obligaciones del Estado argentino para la efectiva implementación de la ley de aborto.
