Un año después de que Bassil Dacosta, Juan Montoya y Roberto Redman perdieran la vida en Caracas durante las protestas que conmocionaron Venezuela a principios de 2014, nadie ha comparecido ante la justicia para responder por sus muertes.

El Ministerio Público afirma que Bassil Dacosta murió al recibir un disparo efectuado por un agente de la policía de inteligencia sobre el cual ha presentado cargos en su contra y permanece detenido en espera de juicio. Juan Montoya y Roberto Redman, murieron al parecer a manos de civiles armados que en su mayoría continúan en libertad.

Durante los seis meses de manifestaciones multitudinarias que se celebraron a favor y en contra del gobierno entre febrero y julio de 2014, otras 40 personas perdieron la vida, entre ellas diez funcionarios públicos incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y 878, entre ellas unos 600 civiles, resultaron heridas, según cifras oficiales.

Cientos de personas sufrieron violaciones a los derechos humanos a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad, que emplearon fuerza excesiva, golpearon a manifestantes para dispersarlos y torturaron o infligieron otros malos tratos a personas bajo custodia.

El 19 de marzo, Gloria Tobón y otras 21 personas fueron detenidas en Rubio (Táchira) durante una operación militar y policial. Mientras permanecían esposadas para extraerles los nombres de los convocantes de las protestas, recibieron patadas y descargas eléctricas y fueron golpeadas y amenazadas de muerte y con violencia sexual.

Según cifras oficiales, 3.351 personas fueron detenidas en ese período. La mayoría de ellas están actualmente en libertad sin cargos, mientras que 507 fueron puestas en libertad condicional enfrentando cargos por delitos como bloqueo de vías públicas, provocar incendios, causar lesiones, dañar bienes públicos o asociarse con fines delictivos. Al día de hoy, 41 personas permanecen detenidas, 27 de ellas civiles.

Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, está detenido desde el 18 de febrero por cargos de incendio y daños y por incitación a delinquir, entre otros delitos. Rosmit Mantilla, integrante de Voluntad Popular y activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales detenido el 2 de mayo, y el abogado Marcelo Crovato, detenido el 22 de abril, han sido acusados formalmente de incitación y asociación para delinquir, entre otros delitos. Amnistía Internacional considera que su detención tiene motivaciones políticas, por lo que pide su liberación, y teme que las otras personas que continúan detenidas por cargos relacionados con las protestas, también estén recluidas arbitrariamente.

Hasta la fecha, se encuentran en prisión preventiva14 agentes de las fuerzas de seguridad acusados por la muerte de Bassil Dacosta y por cinco casos de malos tratos. No obstante, ninguno ha sido declarado culpable. Asimismo, el Ministerio Público ha emitido órdenes de aprehensión contra presuntos perpetradores que no han sido cumplidas por los órganos correspondientes. Los casos de Bassil Dacosta y de otras personas que murieron el año pasado a manos de las fuerzas de seguridad claman justicia, y los responsables de la tortura que sufrió Gloria Tobón y de los malos tratos infligidos a centenares de personas también deben ser llevados ante los tribunales.

Al igual que Juan Montoya y Roberto Redman, Guillermo Sánchez murió en marzo tras recibir una paliza y un disparo de civiles armados progubernamentales en La Isabelica (Valencia). Su esposa, Ghina Rodríguez, y sus dos hijos, que se vieron obligados a refugiarse en México después de recibir amenazas de muerte, todavía están esperando a que se haga justicia. Las autoridades deben tomar medidas firmes para desarmar a estos grupos y obligarlos a rendir cuentas.

Hoy hace un año, miles de personas salieron a protestar contra las políticas del gobierno y ejercieron su derecho de reunión pacífica. La situación se deterioró rápidamente y los enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y grupos armados pro-gubernamentales se saldaron con miles de detenidos, centenares de heridos y decenas de muertos.

Las autoridades venezolanas deben hacer justicia para reparar estas graves violaciones de derechos humanos, y afirmar de forma inequívoca, que las personas son libres de expresar sus opiniones, aunque sean críticas al gobierno, sin temor a perder la vida o la libertad. Es vital que las fuerzas de seguridad reciban órdenes claras del ejecutivo de que las protestas están permitidas y que la fuerza sólo puede emplearse de forma proporcional y diferenciada cuando sea estrictamente necesario y nunca contra manifestantes pacíficos.