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UN CONFLICTO CADA VEZ MÁS INTENSO


Las revueltas populares que estallaron en Yemen en 2011, en el marco de los levantamientos en toda la región, obligaron al entonces presidente Ali Abdullah Saleh a abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza fallida, y en el contexto de un prolongado conflicto no resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país cuyos miembros siguen una rama del islam llamada zaidismo.

Saleh fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional, un proceso consultivo nacional de transición que intentó abordar asuntos relativos a la gobernanza, la estructura y la reforma del Estado, así como las reivindicaciones planteadas durante las protestas. Después de dos años de consultas, la Conferencia presentó un proyecto de nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones sin tener en cuenta las reivindicaciones de carácter socioeconómico o regional relativas a la distribución de los recursos naturales, las regiones comerciales y agrícolas o el acceso a los puertos. El mapa recibió un apoyo popular mínimo y la firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los huzíes.

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Los huzíes aprovecharon entonces el descontento popular para consolidar su control de la gobernación de Saada y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. En septiembre de 2014, los huzíes lograron extender su control territorial, tomando varias posiciones de las fuerzas armadas y de seguridad en la capital, Saná, operaciones que se vieron facilitadas en cierta medida por la recién forjada alianza de conveniencia con el ex presidente Saleh, contra el cual habían luchado durante decenios.

Tras la toma de Saná por los huzíes a principios de 2015, el presidente Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados a huir.

El 25 de marzo de 2015, una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) intervino a petición del presidente Hadi, con el objetivo de instalar de nuevo en el poder al gobierno reconocido internacionalmente.

Esta operación señaló el comienzo de un conflicto armado abierto al iniciar la coalición una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes. En los cuatro años siguientes, el conflicto se extendió hasta afectar a todo el país y las partes en el conflicto se multiplicaron, entre ellas algunos grupos armados respaldados por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos adiestran, financian y arman activamente a diferentes grupos armados desde el segundo semestre de 2015, favoreciendo de ese modo la proliferación de innumerables milicias como el Cinturón de Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite.

En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron aún más su control tras asesinar a su aliado y ex presidente Ali Abdullah Saleh, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de población, incluido Saná.

Después de más de un año de combates intermitentes en Hudaida y sus alrededores, que se saldaron con cientos de víctimas civiles, a finales de 2018 concluyeron en Suecia unas conversaciones respaldadas por la ONU que dieron lugar a acuerdos en relación con varias medidas destinadas a fomentar la confianza, como el intercambio de prisioneros y un alto el fuego precario en Hudaida.

Se han cometido y se siguen cometiendo hasta el día de hoy en todo el país violaciones graves de derechos humanos, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra, . La población civil está atrapada en medio del conflicto. Más de 17.640 personas han muerto o han resultado heridas y una crisis humanitaria causada por el ser humano se ha intensificado: aproximadamente 14 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria.

Hasta fechas recientes, gran parte del mundo ignoraba la existencia de este encarnizado conflicto y apenas tenía noticia de sus devastadoras repercusiones para las personas atrapadas en medio del conflicto. Sin embargo, el año pasado el conflicto adquirió mayor notoriedad y ha aumentado la presión sobre todas las partes implicadas. Varios países, como Países Bajos Bélgica y Grecia, respondiendo a la presión de la opinión pública, han suspendido total o parcialmente las ventas de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición. A raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, varios Estados europeos anunciaron la suspensión de las transferencias de armas a Arabia Saudí, como Noruega, Finlandia y Dinamarca.

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