Nota de opinión de Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda

Esta mañana me he despertado con la noticia del indulto de “Guadalupe”, una joven encarcelada injustamente en El Salvador tras sufrir un aborto espontáneo. Fue un instante de euforia; en seguida, colegas de Amnistía Internacional de todo el mundo estaban lanzando mensajes de celebración y alegría por la noticia. Se había hecho justicia, al menos para una persona.

Guadalupe tenía sólo 18 años cuando fue encarcelada en 2007. Fue condenada a 30 años de prisión después de que las autoridades pensaran erróneamente que había interrumpido voluntariamente su embarazo. El Salvador tiene una de las leyes sobre el aborto más draconianas del mundo, pues lo criminaliza en todas las circunstancias, incluso cuando  la vida o la salud de la mujer corren peligro, y también en los casos de violación. Además, se suele acusar cruel y deliberadamente de homicidio a las mujeres de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto ilegal, como ocurrió en el caso de Guadalupe. El 16 de enero, la Asamblea Legislativa de El Salvador ya había sometido a votación el indulto, que perdió por sólo un voto. El miércoles los diputados votaron de nuevo y esta vez decidieron indultar a Guadalupe que, después de siete años, se reunirá por fin con su hijo de corta edad.

Guadalupe forma parte de un grupo de 17 mujeres ("Las 17”) con casos similares cuyas peticiones de indulto votará la Asamblea en los próximos meses. Todas ellas proceden de entornos pobres y desfavorecidos y cumplen condenas de hasta 40 años de cárcel impuestas en procesos y juicios defectuosos por delitos relacionados con el embarazo.

Sus peticiones de indulto han atravesado un complejo proceso que incluye una revisión judicial de la Corte Suprema de Justicia y que requiere después la aprobación de la mayoría de la Asamblea Legislativa en una votación del plenario de este órgano.

Pero junto con la alegría que sentí al oír la noticia, estaba el persistente recuerdo de todas las mujeres que habían sufrido la misma suerte. Eran historias que conocía demasiado bien.

Estuve en El Salvador el pasado octubre, como parte de una delegación de Amnistía Internacional que visitaba el país en relación con nuestra campaña Mi cuerpo mis derechos. Fue un viaje lleno de grandes contrastes. Por un lado, me horrorizó el impacto de la prohibición total del aborto en los derechos humanos de las mujeres y las niñas y, por otro, me sentí increíblemente inspirado por las extraordinarias activistas que conocí durante la visita.

Estas activistas están, como es natural, eufóricas con la noticia. Muchas de ellas estaban en el edificio de la Asamblea esperando el resultado de la votación. Leí desde la distancia sus tuits y posts en Facebook, llenos de ansiedad. Activistas como Morena Herrera y Sara García, y abogados como Denis Muñoz llevan años trabajando incansablemente para llegar a este momento. La excarcelación de Guadalupe podría ser un momento decisivo en su lucha.

Pero queda mucho más por hacer. Quince de “las 17” mujeres por las que activistas de El Salvador y todo el mundo hacen campaña siguen en prisión.

En mi visita a El Salvador me reuní con otra de “Las 17”, María Teresa, en la prisión de Ilopango, cuyas condiciones eran lamentables: las cárceles de El Salvador sufren un 900% de superpoblación. María Teresa ya llevaba tres años en prisión cuando nos conocimos. Igual que Guadalupe, había sufrido un aborto espontáneo, pero los médicos llamaron a la policía para informar de sus sospechas de que se había sometido a un aborto ilegal. Como otras jóvenes que viven en la pobreza, María Teresa fue considerada culpable de un delito en cuanto acudió a los médicos. Acusada en un principio de haberse sometido a un aborto, los cargos fueron modificados posteriormente al de homicidio agravado y María Teresa fue condenada a 40 años de prisión.