Un nuevo paso en la búsqueda de justicia para la población rohingya


Amnistía Internacional valora positivamente la decisión de la justicia argentina de dar un paso más hacia la investigación de crímenes del derecho internacional cometidos contra la población rohingya en Myanmar, en el sudeste asiático.

El 29 de mayo, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó una decisión de primera instancia que desestimaba la acción presentada por la organización Burmese Rohingya Organización UK (BROUK), invocando el principio de la jurisdicción universal, para investigar a quienes podrían ser responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población rohingya en Myanmar entre 2012 y 2018.

Sokhina Khatun, a Rohingya woman around 90 years old, stands for a portrait in her shelter in Camp #1 East (Kutupalong Camp), Bangladesh, 19 February 2019. “I’ve fled [from Myanmar] four times in my life," she told Amnesty International. "The fourth time was in 2017. I came here with only my walking stick [and] this thami (longyi)… There has never been peace for us. We’ve had to flee here frequently. We were under persecution for so long.” “My number one problem [in the camp] is the latrine. The latrine is down at the bottom [of the hill], it’s very difficult for me to go down there. Sometimes I just go inside [my shelter in a pan]… I’ve been surviving like that.”

Atrocidades contra la población rohingya

La población rohingya es una minoría étnica mayormente musulmana de Myanmar. Hasta hace poco, más de un millón de rohingyas vivían en el Estado de Rakhine, cerca de la frontera de Bangladesh.

En 2017, las autoridades de Myanmar lanzaron una brutal campaña de violencia en su contra. Miles de personas murieron y más de 740.000 fueron obligadas a huir hacia Blangladesh.

Es de señalar que en noviembre del 2019, BROUK presentó una denuncia ante la justicia argentina por crímenes de derecho internacional presuntamente cometidos contra los rohingyas por personas o grupos de personas que respondían a las autoridades de Myanmar o que contaban con su complacencia. Los líderes nombrados en el caso incluyen a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y al General Superior Min Aung Hlaing. En virtud del principio de jurisdicción universal, los tribunales nacionales de cualquier Estado pueden investigar estos crímenes, independientemente de dónde se hayan cometido, de la nacionalidad de los acusados o víctimas, e incluso en ausencia de todo vínculo con el Estado.

La reciente decisión de la Sala I resolvió solicitar más información a la CPI sobre el caso contra Myanmar, para asegurarse de que una investigación en Argentina no se superpodría con una investigación ya abierta ante un tribunal internacional. El juez de primera instancia había concluido que la investigación en Buenos Aires versaba sobre los mismos crímenes que eran objeto de una situación ante la CPI en La Haya, y por ello dispuso el cierre de la investigación.  Sin embargo, La actual investigación de la Fiscalía de la CPI sobre los crímenes cometidos contra la población rohingya tiene un alcance limitado ya que Myanmar no es un Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por ende, la investigación solo abarca los crímenes cometidos contra la población rohigya en Bangladesh, que sí es un Estado parte en el Estatuto antes citado.

“La justicia argentina ya ha ejercido la jurisdicción universal en varias oportunidades. Por ejemplo, en el caso de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España. El principio de la jurisdicción universal, consagrado en el art. 118 de la Constitución Nacional, es en una vía para buscar justicia que ha sido negada por Myanmar. La actual decisión constituye un paso importante para garantizar que se haga justicia por los crímenes cometidos contra mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas.” indicó Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.

 

La decisión envía una clara señal a las autoridades de Myanmar de que la población rohingya y los miembros de la comunidad internacional están explorando todas las vías posibles para lograr que quienes cometieron estos graves delitos rindan cuentas ante la justicia. Esto incluye un caso presentado por Gambia ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Myanmar de genocidio.

 

“Si bien vemos con satisfacción estas iniciativas, aún no abarcan los numerosos delitos cometidos por los militares contra otras minorías étnicas en Myanmar, en particular en los Estados de Rakhine, Kachin y el norte de Shan. Por eso sigue siendo esencial que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación en todo el país a la CPI”, afirmaron desde Amnistía Internacional.

 

 

Información adicional

Líderes militares y civiles de Myanmar han sido acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La denuncia presentada en Buenos Aires incluye una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de ese país, en particular como parte de un ataque contra la comunidad Rohingya a partir de agosto de 2017, en el que miles de personas rohingyas fueron asesinadas, torturadas y violadas, y cientos de hogares  fueron incendiados. Una misión de investigación de las Naciones Unidas ha pedido que se investigue y se procese a los altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Además de los crímenes cometidos contra la población rohingya, Amnistía Internacional continúa documentando los crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades de Myanmar contra otras minorías étnicas en los Estados de Rakhine, Kachin y el norte de Shan.

 


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