El Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ha aprobado en votación permitir cierta transparencia sobre las injusticias que durante tanto tiempo estuvieron cometiéndose en el contexto del programa de detenciones secretas emprendido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Dada la ausencia sistemática de medidas de las autoridades estadounidenses para desclasificar y revelar toda la verdad de los programas de entrega, detención e interrogatorio de la CIA, toda forma de transparencia sobre ellos es un paso en la buena dirección.

El Comité Selecto de Inteligencia ha aprobado en votación solicitar la desclasificación del resumen y las conclusiones de su examen del programa de detenciones secretas que autorizó el ex presidente George W. Bush en septiembre de 2001 y cerró el presidente Barack Obama en 2009.

Pero la publicación –cabe esperar que sin reacciones– del resumen y las conclusiones del Comité no es  más que un pequeño paso. El gobierno y el Congreso deben tomar aún más medidas para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que se cometieron y velar por que no se repitan. Para empezar, deben desclasificarse el informe completo del Comité y los programas mismos de entrega, detención e interrogatorio de la CIA.

Hace años que se sabe que en el contexto de estos programas se cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos delitos de derecho internacional como tortura y desaparición forzada.

La tortura y la desaparición forzada está prohibidas por el derecho internacional desde mucho antes de los atentados del 11-S, con independencia de los razonamientos de los abogados de la administración Bush y otras autoridades que dieron luz verde a la CIA para emprender su programa de “detenidos de alto valor” y aplicar las técnicas “mejoradas” de interrogatorio y las condiciones de detención empleadas en él y con independencia también de quiénes conocían en el seno del funcionariado estadounidense el programa y desde cuándo.

Las limitadas investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los interrogatorios de la CIA terminaron en 2012 sin que se presentaran cargos contra nadie. No se ha llevado a nadie ante la justicia por autorizar o perpetrar desapariciones forzadas o actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –como simulacros de ejecución por ahogamiento (water-boarding), privación del sueño y posturas en tensión– en el curso de este programa.

Lamentablemente, las afirmaciones de algunas autoridades estadounidenses en el sentido de que el programa de “detenidos de alto valor” permitió “salvar vidas” han hecho que se reduzcan las peticiones internas de rendición de cuentas. Sin embargo, tales intentos de justificar delitos de derecho internacional son ilegítimos y vanos según el derecho internacional. La tortura y la desaparición forzada están terminantemente prohibidas en todas las circunstancias, y los responsables de tales delitos han de ser llevados siempre ante la justicia.

La seguridad nacional no puede servir jamás de excusa ni justificación para cometer violaciones de derechos humanos como tortura y desaparición forzada. Tampoco pueden ser razón para mantener en secreto información sobre tales violaciones o negar a las víctimas resarcimiento efectivo.

Estados Unidos tiene la obligación internacional de garantizar la plena rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional cometidos, el acceso a medios de reparación a quienes los sufrieron y la verdad completa de las violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco de este programa.

La presidenta del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, senadora Dianne Feinstein, ha dicho que el informe completo del Comité, que tiene unas 6.300 páginas, contiene “datos de cada persona bajo custodia de la CIA, las condiciones en que estuvieron recluidas [y] cómo fueron interrogadas”. El mes pasado dijo que la desclasificación del informe contribuiría a garantizar que “nunca más se piense en un programa brutal de detención e interrogatorio ni se permita”.

Varias víctimas de esas prácticas han interpuesto recursos en países europeos que fueron cómplices de la CIA en sus programas de entrega y detención secreta. En Polonia y Lituania, donde presuntamente hubo centros secretos de detención de la CIA, se están llevando a cabo investigaciones criminales sobre la complicidad de agentes estatales en los programas estadounidenses.

Asimismo, el gobierno británico ha autorizado al Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento a realizar una investigación sobre la tortura y otros malos tratos infligidos a extranjeros detenidos fuera de Reino Unido, entre ellos algunos que fueron víctimas de programas de entrega y detención secreta de la CIA. En Italia se ha declarado culpables a operativos italianos y estadounidenses en un caso de secuestro de una víctima de entrega, a quien se dejó luego en manos de la CIA y se trasladó a Egipto, donde fue sometida, presuntamente, a tortura.

Suecia ha concedido una indemnización a dos víctimas de entrega que fueron entregadas a la CIA y torturadas posteriormente en Egipto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en contra de Macedonia por su participación en la detención ilegal, reclusión, desaparición forzada y traslado con riesgo de tortura de otra víctima del programa de la CIA. En la actualidad hay otros cuatro casos –contra Polonia, Lituania y Rumania– pendientes ante el Tribunal Europeo por participación en el programa de detenciones secretas de la CIA.

Los esfuerzos por hacer rendir cuentas en Europa han estado plagados de justificaciones por parte de los gobiernos, que afirman que la seguridad nacional hace necesario mantener en secreto lo relativo al programa de la CIA. No obstante, pese a la falta de cooperación del gobierno estadounidense, se han hecho algunos avances en Europa. Hay que presionar al gobierno estadounidense para que se hagan también progresos en Estados Unidos, que tiene la clave de la verdad de los programas de la CIA y los abusos consiguientes.

Aunque la administración Obama haya roto con las políticas de interrogatorio que aplicaba Estados Unidos con el presidente Bush y haya contraído claramente el compromiso de poner fin a la práctica de la tortura, sigue dudándose de que se trate de una ruptura permanente.

En los años siguientes al 11-S, la política sobre el trato debido a las personas detenidas se fijó por medio de órdenes presidenciales, y hoy día también está fijada por orden presidencial. Aunque la política sobre interrogatorios está ahora más alineada que antes con las disposiciones del derecho internacional sobre el trato debido a las personas detenidas, lo que establece el Manual de Campo del Ejército acerca de los interrogatorios sigue siendo motivo de preocupación, y continúa planteándose la cuestión de qué ocurre cuando llega a la presidencia alguien con un planteamiento distinto.

En otras palabras, la puerta de la tortura no se cerrado aún del todo en Estados Unidos. Un importante avance a la hora de garantizar que no se repitan tales violaciones de derechos humanos es que las autoridades estadounidenses pongan fin al secreto, la impunidad y la falta de reparación adecuada asociados a este programa ya extinto.

Estados Unidos exige habitualmente rendición de cuentas en materia de derechos humanos a otros países. Debe hacerse a sí mismo esa exigencia y cumplirla.