La coalición militar dirigida por Estados Unidos debe poner fin a casi dos años de negar muertes de civiles y de destrucción en la ciudad siria de Raqqa, manifestó Amnistía Internacional, con motivo de la presentación de un nuevo informe disponible en formato digital.

El sitio web interactivo Rhetoric versus Reality: How the ‘most precise air campaign in history’ left Raqqa the most destroyed city in modern times –sólo disponible en inglés-  (Retórica contra realidad: cómo la “campaña aérea más precisa de la historia” convirtió Raqqa en la ciudad más destruida de los tiempos modernos) es la investigación más exhaustiva que se haya realizado sobre las muertes de civiles en un conflicto moderno.



Basado en casi dos años de investigación, da cuenta de la pérdida de más de 1.600 vidas civiles como consecuencia directa de miles de ataques aéreos estadounidenses, británicos y franceses, y decenas de ataques de artillería estadounidenses, efectuados en la campaña militar de la coalición contra Raqqa de junio a octubre de 2017.

La ofensiva de la coalición contra el autodenominado “Estado Islámico” (EI) comenzó cuando este grupo llevaba casi cuatro años gobernando Raqqa. El Estado Islámico había cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y torturaba y mataba a sus opositores. Amnistía Internacional documentó cómo el EI usaba a civiles como escudos humanos, minaba las vías de salida, levantaba puestos de control para restringir la circulación y disparaba a quienes intentaban huir.

Investigación en la ciudad de Raqqa
Amnistía Internacional junto a la organización Airwars (dedicada a estudiar la guerra aérea en Siria) recopilaron datos de múltiples fuentes para esta investigación.

Los equipos de Amnistía Internacional llevaron a cabo investigaciones sobre el terreno en más de 200 lugares atacados y entrevistaron a más de 400 testigos y supervivientes.

Amnistía Internacional determinó además cuándo fueron destruidos 11.000 edificios de Raqqa. Llegó a estos resultados gracias a la colaboración de más de 3.000 activistas de 124 países que analizaron en total más de dos millones de fotogramas de imágenes de satélite.

Los equipos también analizaron datos de código abierto en tiempo real y crearon una base de datos de más de 1.600 civiles que, según la información disponible, murieron en ataques de la coalición. Amnistía Internacional verificó directamente sobre el terreno, en Raqqa, 641 de ellos, y hay convincente información de múltiples fuentes sobre el resto.

Amnistía Internacional y Airwars compartieron sus conclusiones con la coalición militar dirigida por Estados Unidos y con los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Como consecuencia de ello, la coalición admitió la responsabilidad del homicidio de 174 civiles –alrededor del 10% de la cifra total registrada–, pero se desentendieron sistemáticamente de los demás por considerarlos “no creíbles”. Sin embargo, hasta la fecha la coalición no examinó debidamente la información sobre víctimas civiles ni entrevistó a testigos y supervivientes, de este modo admite que no lleva a cabo investigaciones sobre el terreno.

“Las víctimas civiles de la ciudad siria de Raqqa parecen no importarles a los gobiernos involucrados. No resulta sorprendente si se tienen en cuenta los incesantes ataques de la coalición con munición poco precisa, al punto de ser de uso indiscriminado en caso de usarse cerca de civiles. La investigación recorre hogares destruidos y testimonios de sobrevivientes. Es impactante”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Hora de rendir cuentas
Muchos de los casos documentados por Amnistía Internacional probablemente constituyan violaciones del derecho internacional humanitario y merezcan más investigación.

Amnistía Internacional y Airwars instan a los miembros de la coalición dirigida por Estados Unidos a establecer un mecanismo independiente e imparcial para investigar con prontitud y de manera efectiva los informes de daños a civiles, incluidas las violaciones del derecho internacional humanitario, y hacer públicos los resultados. Además, deben crear un fondo para garantizar que las víctimas y sus familias reciben plena reparación e indemnización.

Por último, deben ser transparentes con respecto a sus tácticas, medios y métodos específicos de ataque, selección de objetivos y precauciones tomadas al planear y efectuar sus ataques.