La exclusión de los bancos y las instituciones financieras, así como las exenciones para las empresas que venden equipos de seguridad y tecnologías de vigilancia de alto riesgo, socava la propuesta de la nueva ley de la Unión Europea que regula los derechos humanos y las empresas, declaró hoy Amnistía Internacional.
La legislación, la Directiva europea sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, con respecto a la que los Estados miembros alcanzaron hoy una posición del Consejo, pretende obligar a las empresas de la Unión Europea a respetar los derechos humanos y el medioambiente, pero parece que va a estar muy lejos de cumplir este objetivo.
“Los Estados miembros quieren excluir la fase de utilización de los productos de las obligaciones de las empresas con respecto a abordar los daños a los derechos humanos y al medioambiente, lo que significa que las empresas europeas que venden municiones, porras y gas lacrimógeno a gobiernos con expedientes deficientes en materia de derechos humanos no tendrían que ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos. Los inversores europeos también podrán seguir invirtiendo en proyectos que provocan daños a las personas y al planeta”, afirmó Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“El Consejo también está intentando excluir de la ley algunas protecciones de derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos de los niños y niñas y los derechos relacionados con la eliminación de la discriminación contra la mujer. Los Estados tienen el deber de proteger a la gente frente a los daños causados por las empresas, y no de elegir cuidadosamente los derechos que las empresas deben respetar.”
“Además de comprometerse a abordar los daños a los derechos humanos y al planeta provocados por las empresas, los Estados miembros de la UE tienen el deber de proteger los derechos humanos. En lugar de eso, el Consejo ha elegido minimizar drásticamente el alcance de la ley, lo que dejará sin someter a control una cantidad importante de operaciones empresariales que causan daños a los derechos humanos y el medioambiente.”
“Si el Consejo se sale con la suya y se excluye la responsabilidad civil por los daños medioambientales, se estará abandonando a las víctimas. El Consejo no ha armonizado los requisitos de diligencia debida en materia medioambiental con las normas internacionales, como el Acuerdo de París o la legislación de la UE, pese a la emergencia de la crisis climática”, manifestó Mark Dummett. “Esta ley debería suponer un punto de inflexión, estableciendo un nuevo conjunto de normas sobre cómo deben operar las empresas en todo el mundo el mundo y garantizando que éstas respetan tanto a las personas como al planeta. En su lugar, el Consejo se propone introducir un complejo conjunto de condiciones que determinarán los casos concretos en que las empresas deberán ejercer la diligencia debida.”
