En su informe, la organización internacional, revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno irrumpieron violentamente en los hogares de personas para intimidarlas, censurarlas, silenciarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.
“La situación de Venezuela es alarmate. El gobierno comenzó hace años a utilizar estrategias de censura y silenciamiento sutil, por medio de la utilización de los medios y redes sociales, luego se hizo contundente y evidente con métodos más visibles. Hoy se ha llegado al punto de violar la propiedad privada como un nuevo modo de infundir miedo a la población. De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos e incluso a la Constitución venezolana estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Las cifras del miedo
Hubo al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.
Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos. Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.
Debido a la escasez de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no pueden reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.
Amnistía Internacional exige al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a sus fuerzas de seguridad que desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Las violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro. Es obligación del Estado garantizar el fin de esta política de violencia y castigar a los responsables de estos actos.
