Sobre la decisión de la CPI
Ayer, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hizo en el acto público de la firma de una “Carta de entendimiento”.
El Fiscal de la CPI anunció la conclusión del examen preliminar de su Fiscalía en Venezuela, que había abierto en 2018, que justifica una investigación completa. La Fiscalía había determinado anteriormente que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, al menos desde 2017.
“Sin dudas, este es un paso clave en la lucha por la verdad y justicia para miles de víctimas en Venezuela. La CPI tomó una decisión sin precedentes al ser Maduro el primer líder latinoamericano en estar bajo la lupa del organismo internacional. Este es un ejemplo para la región y una alerta para aquellas administraciones que no tengan como guía en su proceder a los derechos humanos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Sobre el trabajo de Amnistía Internacional
En el informe “Hambre de Justicia: Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”, Amnistía Internacional había documentado en enero de 2019 algunos de los posibles delitos contra la humanidad que se estaban y están cometiendo en ese país.
Algunos de esos crímenes son: ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza. Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de su política de represión.
Además, aún hoy el grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y, según ACNUR y OIM, han obligado a más de 5,9 millones de personas a abandonar el país como refugiados, migrantes y solicitantes de asilo.
Venezuela ha estado bajo la mirada internacional especialmente estos últimos años: por ejemplo, en septiembre la ONU publicó un contundente informe que avala las denuncias de crímenes de lesa humanidad e, incluso, identifica a posibles responsables.
Amnistía Internacional considera determinante la decisión de la CPI pues va en línea con los reclamos de investigación que la organización encara desde hace años. Ahora, se espera que se llegue a una decisión que impacte positivamente en los derechos humanos del pueblo venezolano.
