Luego de una investigación por verificación digital desde su Laboratorio de Evidencias de Crisis, Amnistía Internacional considera las muertes de al menos 14 hombres en el área de La Vega en Caracas, producidas entre el 6 y 9 de enero de 2021, como probables ejecuciones extrajudiciales y llama a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya estos hechos en su examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en Venezuela.
Si bien vecinos denunciaron la presencia policial desde el 6 de enero, dos días después, se desplegaron 650 funcionarios de fuerzas de seguridad venezolanas en la parroquia La Vega, en el sudoeste de Caracas, por un supuesto enfrentamiento entre bandas armadas y la policía. Los efectivos desplegados incluían a las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) y otros cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes fueron cuestionados en el pasado por las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza.
Amnistía Internacional verificó nueve videos que muestran la actividad policial desplegada en la zona, incluyendo el desplazamiento de los móviles policiales y algunos de los disparos. Las insignias de la CPNB (Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana se pueden ver claramente en algunos de los uniformes. Las imágenes también muestran una camioneta de la policía con lo que parecen ser cuerpos en la parte de atrás.
“La evidencia recolectada por el Laboratorio de Evidencias de Crisis de Amnistía Internacional muestra que hay fuertes elementos para considerar que al menos 14 de las muertes en La Vega entre el 6 y 9 de enero fueron probables ejecuciones extrajudiciales, un crimen de derecho internacional que puede constituir crímenes de lesa humanidad. A pesar de las denuncias reiteradas de organizaciones internacionales y la valiente sociedad civil venezolana, estos hechos continúan impunes”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Organizaciones de derechos humanos y residentes de La Vega negaron que las muertes hayan sido el resultado del enfrentamiento, y aseguraron que en realidad fueron en su mayoría ejecuciones extrajudiciales. Otras muertes podrían deberse a “balas perdidas”. No existe información sobre la muerte o lesión de algún funcionario policial.
Por otra parte, la organización obtuvo acceso a imágenes que presuntamente pertenecen a 14 de las personas fallecidas en La Vega. Un patólogo forense externo independiente verificó los detalles de las lesiones y confirmó que siete cuerpos tenían heridas de bala en el corazón y otros dos cuerpos tenían un único impacto de bala inmediatamente sobre el corazón. Dos cuerpos tenían una sola herida de bala en la cabeza.
“La ubicación y número de las heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en La Vega hacen aún menos creíble la versión oficial de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado. Por el contrario, corroboran los hallazgos de Amnistía Internacional sobre una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional en Venezuela. Sin señales de una investigación imparcial e independiente sobre los hechos, el examen de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se torna más necesario que nunca,” agregó Mariela Belski.
A la fecha de finalización de la investigación de Amnistía Internacional, no se registraron pronunciamientos públicos por parte de la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo sobre la apertura de investigaciones independientes, prontas e imparciales para esclarecer la verdad y responsabilidades penales individuales sobre los hechos. Incluso si llegaran a anunciarse, su credibilidad estaría puesta en cuestión tras años de denuncias sobre la falta de imparcialidad e independencia del sistema judicial venezolano por parte de organismos internacionales, incluida Amnistía Internacional.
Información adicional
Organizaciones locales con quienes Amnistía Internacional tuvo contacto, tomaron testimonios de familiares de las víctimas y muchos de los relatos coinciden con el modus operandi que Amnistía Internacional ha documentado repetidamente en el pasado. Funcionarios policiales entran a las viviendas sin orden de detención o de allanamiento, inmovilizan al joven dentro de la vivienda, sin que se produzca ningún enfrentamiento, se retiran, o incluso dentro de la vivienda, y lo ejecutan con uno o dos disparos en una zona altamente letal del cuerpo como el tórax o la cabeza. Seguidamente, los funcionarios alteran la escena del crimen, simulan un enfrentamiento o trasladan el cuerpo para evitar diligencias criminalísticas, y califican la muerte como “resistencia a la autoridad”.
Este patrón que Amnistía Internacional ha podido corroborar de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por cuerpos de seguridad del Estado, ha sido ampliamente denunciado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos desde hace varios años. En particular, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha recomendado la disolución de las FAES por las numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales desde su creación. La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó en su primer informe que: “las ejecuciones extrajudiciales [llevadas a cabo por las FAES y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas] no [han sido] actos aislados, cometidos por individuos que actuaron solos. Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resisten la detención, incluso para demostrar “resultados” en la lucha contra la delincuencia”. Esta Misión determinó que entre 2014 y 2020, en Venezuela “existía una política de lucha contra la delincuencia, que incluía la eliminación, mediante ejecuciones extrajudiciales, de personas consideradas ‘delincuentes’”.
