Por esta razón, el 15 de julio Amnistía Internacional presentó su posicionamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) en el marco de un diálogo sobre el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que describe la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos
Amnistía Internacional comparte las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre la falta de independencia del sistema de justicia venezolano que es utilizado para silenciar y criminalizar a quienes son percibidos como una amenaza para el gobierno en vez de apuntar hacia los responsables por crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.
A pesar de los compromisos adquiridos por Venezuela ante el CDH, en septiembre del año pasado, AI no ha registrado mejoras significativas en el país. Por lo tanto, es esencial que el Consejo asegure la continuidad de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que investiga la situación en ese país, en conjunto con el fortalecimiento del rol de la Alta Comisionada, con el fin de que los culpables rindan cuentas y que las víctimas obtengan justicia.
“El informe presentado por la Alta Comisionada es un paso importante para poner un fin a la impunidad y garantizar una mejora en la situación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, es fundamental que los países que integran el Consejo de Derechos Humanos, como Argentina, sigan apoyando la continuidad el mandato de la Alta Comisionada y que insten a Venezuela a cooperar con este mecanismo y cumplir con las recomendaciones señaladas en el informe”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Información complementaria
El diálogo sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela tuvo lugar en el marco del 44º periodo de sesiones del CDH, que se realizó entre el 30 de junio y el 17 de julio de 2020.
El informe de la Alta Comisionada se presentó en cumplimiento de la Resolución 42/25 del CDH, adoptada el 27 de septiembre de 2019, que decidió enviar a Venezuela en carácter de urgencia, una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, para investigar la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, con miras a garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas. La resolución solicitó a la Alta Comisionada un informe escrito completo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela como resultado de esta misión.
