Tras la aprobación de la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ conocida como ‘ley anti-ONG’, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, con la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo:
“La ‘ley anti-ONG’, que viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva.
Es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del gobierno, y que hoy más que nunca son vitales para documentar los crímenes de derecho internacional que se están cometiendo en la actualidad.”
“En la presente crisis postelectoral, las organizaciones de derechos humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al gobierno de Nicolás Maduro, y han seguido prestando ayuda humanitaria y acompañamiento comunitario en zonas de alta vulnerabilidad. La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro. La aprobación de esta ley se suma a los mecanismos de persecución política que ya investiga el Fiscal de la Corte Penal Internacional”.
