El operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de Venezuela que resultó en la muerte del piloto Óscar Pérez y otras personas que se habían levantado contra el gobierno parece ser ilegal y podría implicar violaciones a las normas del derecho internacional.

De acuerdo a información oficial, el 15 de enero en el Estado Miranda en Venezuela, una operación de seguridad resultó en la muerte de al menos nueve personas y otras cinco fueron heridas.

"Este es tan sólo el último ejemplo del uso letal de la fuerza por parte del Estado en operativos de control del orden público. Esta estrategia abusiva ya ha resultado en miles de víctimas en toda Venezuela", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En el operativo los oficiales utilizaron armas militares diseñadas para matar que pusieron en peligro la vida de las personas en los alrededores.

Amnistía Internacional llama al gobierno venezolano a garantizar de manera urgente que las autoridades civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre el operativo con consecuencias letales llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.  Además, es imperioso que demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial.

Más denuncias

Otras graves denuncias publicadas en los medios incluyen, por un lado, la participación de personas ajenas a los cuerpos de seguridad en el operativo y, por otro, la negación de información a los familiares de los fallecidos. Amnistía Internacional también recibió serias denuncias de que las personas fallecidas serán cremadas sin autorización de sus familiares y sin las investigaciones pertinentes.

"Una vez más Venezuela no respeta el estado de derecho. Aún en medio de una situación que todavía requiere investigación y aclaración de los hechos, las autoridades justifican de antemano el uso letal de la fuerza", indicó Belski.

Sobre el derecho internacional

Según el derecho internacional las autoridades deben tomar todas las precauciones posibles para evitar muertes .

El Estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones internacionales. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad debe enmarcarse en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.