Amnistía Internacional insiste una vez más en la obligación del Estado venezolano de garantizar el derecho a la libertad de expresión y a manifestarse pacíficamente de todas las personas en el país.

El 6 de abril, durante manifestaciones convocadas por grupos críticos al gobierno para acudir a la Defensoría del Pueblo, las fuerzas de seguridad reprimieron con bombas lacrimógenas y balas de goma. Como resultado, se reportaron personas heridas y afectadas por los efectos asfixiantes de gases lacrimógenos. Más tarde, se supo de la muerte de un joven estudiante mientras se manifestaba en la zona de los Altos Mirandinos, cerca de la ciudad capital.

Asimismo, en días anteriores se había advertido por medios de comunicación sobre la violencia ejercida contra estudiantes dentro del recinto de la Universidad de Carabobo, que terminó en dos heridos de bala.

Para Amnistía Internacional es urgente que las autoridades venezolanas garanticen el derecho a la libertad de expresión y detengan inmediatamente el uso excesivo de la fuerza contra aquellos que ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente. En vez de usar sus recursos para empecinadamente perseguir y reprimir a quienes opinan distinto, el gobierno de Venezuela debería estar concentrando sus esfuerzos en solucionar la crisis humanitaria que empeora día a día.

La organización reitera su profunda preocupación por todos estos hechos, en especial por los distintos llamados por parte de algunos funcionarios estatales al uso de armas de fuego en contra de los manifestantes críticos al gobierno.

Exigimos que se condene de manera enérgica e inequívoca la violencia en el marco de las manifestaciones por grupos armados identificados con el gobierno, y que los cuerpos de seguridad garanticen que las manifestaciones que tengan lugar en los próximos días puedan realizarse sin obstáculos y sin temor a la represión. También instamos a que no se usen armas de fuego para controlar manifestaciones políticas o de cualquier otra índole.