“Es innegable la discriminación política con la que el gobierno de Maduro persigue a manifestantes y defensores de derechos humanos. De acuerdo con nuestra investigación, no hay dudas de la relación entre funcionarios, medios y dichos ataques. Esta coordinación es un nuevo indicador de la práctica sistemática de represión que puede configurar el crimen de lesa humanidad de persecución, y que debe ser investigado por la justicia internacional y condenado por el resto de la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Sobre la investigación
La investigación, Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, se llevó a cabo a lo largo de más de un año, en conjunto con el Foro Penal y el CDJ, ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas.
Según el CDJ, desde los más altos niveles del Estado se estructuró un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales. Con esta investigación se evidencia como la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado.
El estudio reveló la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por agentes de seguridad estatal, y las estigmatizaciones, realizadas por varios medios de comunicación. Este análisis mostró que mientras en 2019 el vínculo general entre ambas variables era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
La relación entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varía dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones. Hay una vinculación más estrecha (de 74%) en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN); en 2020 por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES), que sube hasta el 92%; y en 2021 por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que también asciende al 92%.
Otro de los hallazgos significativos fue la alta correspondencia, de 94%, que se observó de enero 2019 a junio 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar.
La dimensión cualitativa de la investigación incluye análisis de los fenómenos de la estigmatización, las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la naturaleza y funcionamiento de medios de comunicación afines al gobierno —muchos de ellos con financiamiento público— y el contexto sociopolítico del país durante el periodo estudiado. Todo ello se contrastó con estándares de derecho internacional de los derechos humanos y con derecho penal internacional, arrojando la conclusión de que los patrones de estigmatización podrían mostrar la existencia de una persecución política.
Las organizaciones a cargo del informe hacen un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigación, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución. También piden a la comunidad internacional a que continúe el apoyo hacia la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su mandato de aportar a la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.
Más información:
Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela (informe, 10 de febrero de 2022) https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/5133/2022/es/
Foro Penal. Reporte sobre la represión en Venezuela (2021) https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-ano-2021/
Centro para los Defensores y la Justicia. Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela (2021) https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/01/CDJInformeAnual2021.pdf
Morir ante un juez: Detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo (informe, 4 de septiembre de 2020) www.amnesty.org/es/documents/amr53/2909/2020/es/
Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela (informe, 14 de mayo de 2019) www.amnesty.org/es/documents/amr53/0222/2019/es/
