“Millones de personas fueron obligadas a dejar todo atrás y caminar durante días para escapar de las violaciones de derechos humanos cometidas en gran escala en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violación del derecho a la alimentación y a la salud,” señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La solución requiere liderazgo y cooperación internacionales. Los países vecinos deben mostrar solidaridad y comprometerse a proteger a las personas de Venezuela en los momentos de necesidad. No deben dar la espalda a quienes no hacen más que buscar un lugar donde rehacer su vida en condiciones de seguridad.”
Más de 2,3 millones de personas abandonaron Venezuela desde 2015, el equivalente a más del 7% de la población, según cifras de la ONU. La mayoría buscó refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Dada la magnitud de la crisis de refugiados, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que permitan el acceso a procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de Venezuela. Los países receptores deben aplicar de inmediato medidas efectivas de protección de esas personas y garantizar que no son devueltas. Los Estados deben garantizar el acceso a los derechos humanos tanto a las comunidades receptoras como a quienes necesitan protección internacional, incluidos los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la libertad de circulación, entre otros.
Los gobiernos regionales y las agencias internacionales especialistas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Regional (ACNUR)y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), deben también determinar su responsabilidad compartida de prestar apoyo económico y logístico para garantizar los derechos y la protección de todas las personas que llegan de Venezuela.
