En los últimos días personas involucradas en focos de protesta social, pueblos indígenas y otras personas han sido sometidas a violaciones de derechos humanos que incluyen el uso de detenciones arbitrarias para silenciar y reprimir a aquellos percibidos como contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. El uso de esta táctica represiva debe encender las alarmas de la comunidad internacional y aumentar el escrutinio y la rendición de cuentas.

PRÁCTICA CONSOLIDADA DE DETENCIONES ARBITRARIAS

Las organizaciones de sociedad civil venezolanas estiman que alrededor de 300 personas se hallan detenidas por motivos políticos en la actualidad en Venezuela. 1 Estas mismas organizaciones contabilizan miles de casos de personas que han sido transitoriamente detenidas pero que ahora cuentan en su contra con medidas de restricción de su libertad, sin estar propiamente bajo la custodia de las autoridades venezolanas. Es decir, tienen prohibición de salida del país, o medidas de presentación periódicas ante los tribunales. Según cifras del Foro Penal, en Venezuela se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos desde 2014.

Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela también han cumplido el objetivo de silenciar a quienes denuncian irregularidades, injusticias y corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esta táctica pretende acallar a quienes alcen su voz para señalar los abusos y las arbitrariedades del gobierno.

Este tipo de detenciones se han documentado en torno a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y personas defensoras de derechos humanos -como el director de FundaRedes Javier Tarazona3 o contra cualquier persona que denuncie actuaciones gubernamentales.

Organizaciones de sociedad civil, nacionales e internacionales, así como mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han documentado y denunciado las detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una política represiva. Tales detenciones, y otros crímenes de derecho internacional, han sido parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que se ha indicado deben investigarse como posibles crímenes de lesa humanidad.

Esas mismas organizaciones también han documentado y denunciado el uso de la tortura en el marco de estas detenciones arbitrarias por motivos políticos. Tal es el caso de Emirlendris Benítez, una mujer que se encuentra privada de libertad de manera arbitraria desde agosto de 2018, y que habría sido sometida a tortura lo que además ha dejado importantes secuelas en su salud.

REPRESIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Como parte de esta práctica, las autoridades venezolanas suelen utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan.

En la actualidad la mayoría de las protestas (88% de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) son aquellas que reivindican derechos económicos, sociales y culturales, tales como nivel de vida digna y salarios de personas empleadas por el Estado, vivienda, servicios básicos - como servicio eléctrico y acceso a agua potable, y pensión para personas adultas mayores, entre otras.

En los últimos años el aumento de detenciones arbitrarias contra personas pertenecientes a asociaciones gremiales o sindicatos de trabajadores ha sido patente. Ejemplo de ello fue la detención de Rubén González, sindicalista de la Ferrominera del Orinoco, 7 y también del exdirigente sindical de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Guillermo Zárraga, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde 2020, enfrentando cargos de \\\'terrorismo\\\' y con una situación alarmante de salud.

ATAQUES CONTRA SINDICALISTAS DE SIDOR

El 11 de junio de 2023 trabajadores de la empresa pública “Siderúrgica del Orinoco” (SIDOR) protestaron por el cumplimiento y la mejora del convenio colectivo vigente entre los trabajadores y la empresa. Al retirarse de la manifestación dentro de la siderúrgica, y que tenía carácter pacífico, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) interceptaron a Leandro Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero, pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS).

Mientras que Juan Cabrera fue puesto en libertad horas después de su detención, organizaciones locales informaron a Amnistía Internacional que el paradero de Azócar y Romero estuvo desconocido por ocho días, por lo que podría haberse constituido una desaparición forzada, hasta que el 20 de junio de 2023 la defensoría del pueblo les hizo llegar información sobre que habrían sido trasladados a la capital, Caracas, y se encontrarían detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, en la capital Caracas, es decir a más de 600 km de distancia del lugar de la detención.

Organismos internacionales como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIDH) ha documentado los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que ocurren en este centro de detención, y ha denunciado ampliamente los patrones de tortura a los que han sido sometidas las personas que son trasladadas a este centro de reclusión. Hasta el presente se ignora la imputación contra Azócar y Romero en vista de que a sus abogados se les ha sido denegado el acceso a los detenidos. Se han recibido reportes coincidentes de que habrían sido presentados ante un tribunal con competencia especial en \\\'terrorismo\\\', que imputaría asociación para delinquir e instigación al odio, entre otros cargos.

Más allá de lo grave de la detención y el proceso penal al que se enfrentan Azócar y Romero, también se conoció que un tribunal en materia laboral del estado Bolívar -donde se encuentra la sede de SIDOR-, restringió arbitrariamente a 22 trabajadores de esta empresa el derecho a la huelga, a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión.

Tras un recurso de amparo de la empresa Corporación Venezolana de Guayana en contra de los trabajadores, el tribunal les ordenó que se abstengan de “toda acción de fuerza y amenazas con el fin de perturbación, suspensión, obstaculización interrupción o cese de las actividades de SIDOR”, asimismo, les prohíbe la “promoción de situaciones de conflictos”, y la colocación de “afiches, pancartas, grafitis, o cualquier tipo de instrumento de difusión por cualquier medio de comunicación y/o redes comunicacionales que puedan incitar al odio”, entre otras medidas. 9 Estas restricciones ilegítimas y arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, a la manifestación, al ejercicio del derecho de huelga, y a la libertad personal, dan cuenta de la vigencia de la política represiva para silenciar cualquier crítica en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, el uso de medios judiciales para implementar estas medidas represivas pareciera exponer la falta de independencia judicial y, por lo tanto, la urgente necesidad que la rendición de cuentas en Venezuela sea liderada por los mecanismos de justicia internacional, como podría ser la Corte Penal Internacional o la jurisdicción universal por parte de terceros Estados.

REPRESIÓN COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL

El emplear detenciones arbitrarias como táctica también ha tenido como función el amedrentamiento de comunidades enteras con el objetivo de silenciar sus reclamos y mantener un orden social en el que las autoridades puedan actuar con impunidad.

Este patrón represivo se ha podido observar, en especial, en casos de pueblos indígenas, que, por su forma de vida, forma de organización o de ejercicio de la autodeterminación, son percibidos como obstáculos para las actuaciones legítimas o ilegítimas de las autoridades estatales. Ejemplo de ello fue la masacre de Kumarakapay en el estado Bolívar en 2019 que culminó con la muerte de siete personas por parte de presuntos funcionarios del Ejército y la detención de más de 50 personas, así como el desplazamiento forzado de decenas de personas hacia Boa Vista, en Brasil.

DETENCIÓN Y ATAQUES CONTRA PERSONAS YUKPA EN EL ESTADO ZULIA

El 16 de junio de 2023, en Perijá, estado Zulia, frontera con Colombia, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habría atacado y detenido al menos a siete personas del Pueblo yukpa, de profesión comerciantes, quienes protestaban y solicitaban que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con compromisos adquiridos previamente en materia de acceso a derechos para el Pueblo yukpa y por lo que intentaban trasladarse a la capital, Caracas. También se tuvo acceso a material videográfico de personas heridas supuestamente en el marco de esta intervención de la que aún se desconocen las causas; además trascendió en los medios de comunicación que los funcionarios militares habrían destruido artesanías realizadas por estas personas que sería vendida en Caracas. Amnistía Internacional recibió información sobre tres de las personas: Zenaida Romero, Alfonso Romero y Francisco (Francisquito) Romero que habrían sido detenidas e imputadas por las autoridades, pero no se conoce su paradero, lo cual podría constituir desaparición forzada.

Estos hechos deben ser investigados y esclarecidos por las autoridades venezolanas, y de corroborarse las violaciones del derecho a la libertad, a la integridad física y a un debido proceso, los mismos deben restituirse y repararse de manera inmediata y adaptando las actuaciones estatales al carácter indígena de las personas que habrían sido afectadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En los últimos meses y tras intentos de la normalización de relaciones diplomáticas en la región por parte de algunos estados con el gobierno de Nicolás Maduro, Amnistía Internacional enfatiza que persisten los mecanismos y métodos utilizados para reprimir a las personas que opinan diferente a las autoridades, o que se interponen ante los abusos de dicha autoridad.

En este sentido, la organización mantiene y recuerda a la comunidad internacional la urgente necesidad de que existan mecanismos de rendición de cuentas, imparciales e independientes, que procuren el fin de la impunidad de estos hechos y de otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, como único mecanismo para apuntar hacia la no repetición de estos hechos.

Por lo tanto, recomendamos a la comunidad internacional:

• Respaldar la actuación de la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos (MIIDH) de la Organización de las Naciones Unidas;

• Solicitar al gobierno de Nicolás Maduro permita la entrada de la MIIDH para que lleven a cabo el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, y se extienda una invitación y/o acepten las solicitudes dirigidasa que mandatos de relatorías de procedimientos especiales y órganos de tratados de las Naciones Unidas puedan visitar el país;

• Exigir que el gobierno de Nicolás Maduro cese de manera inmediata el uso de las detenciones arbitrarias para reprimir a la población y ponga en libertad a todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas: Emirlendris Benítez, Guillermo Zárraga, Javier Tarazona, Leandro Azócar, Daniel Romero, Zenaida Romero, Alfonso Romero y Francisco (Francisquito) Romero, entre otras;

Que activen mecanismos de jurisdicción universal para investigar y, en su caso, juzgar a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad;

A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional:

• Que se reanude prontamente la investigación denominada Venezuela I y se incluyan los hechos descritos en esta declaración como parte de la misma.