“Venezuela ha atravesado en los últimos años uno de los periodos más deplorables en la historia de los derechos humanos del país. Las autoridades que han ostentado el poder estatal desde, al menos, 2014 hasta hoy han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, y han llevado al país a una emergencia humanitaria compleja que ha empujado a más del 25% de la población a salir de Venezuela, dejando atrás sus hogares y familias. Este contexto de represión, necesidad y búsqueda de una vida digna definen y caracterizan la inminente elección presidencial”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los meses previos a estas elecciones han estado marcados por ataques incesantes al espacio cívico, decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represalias a comerciantes y prestadores de servicios a personas de la oposición, y medidas administrativas arbitrarias y abusivas. En un contexto de discursos amenazantes, censura y persecución, Amnistía Internacional exige a las autoridades a garantizar y respetar de manera inequívoca los derechos de todas las personas en Venezuela durante y después de este 28 de julio.
Por su parte, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina subrayó: “Como integrantes de la comunidad internacional debemos sostener un compromiso irrestricto con los defensores de derechos humanos que llevan adelante la tarea de proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad en Venezuela. En consecuencia, esperamos que se refuercen los compromisos de renovación de los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
En este contexto, cabe recordar que la organización llama a que se liberen, inmediata e incondicionalmente, a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en el país, incluida Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas. Además, exige que se abstengan de realizar nuevas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura contra quienes piensen diferente y contra quienes defienden los derechos humanos. La política de represión del gobierno debe cesar de inmediato.
La investigación en curso por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría competencia para investigar a los perpetradores de posibles detenciones, tortura, violencia basada en género y persecución cometidos en el contexto electoral. Todas las autoridades responsables de estos crímenes, incluida la cadena de mando, podrán y deberán ser sometidos a tribunales de justicia independientes e imparciales con todas las garantías del debido proceso.
