Por Mariela Belski

(Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina)

Venezuela nos duele a todos. O al menos, debería. El panorama que vive ese país, especialmente en materia de derechos humanos es a esta altura de extrema gravedad. La represión y la violencia en las manifestaciones no son una novedad. En los últimos dos meses murieron decenas de personas.

De acuerdo con ONG locales, se cree que más de 300 personas fueron llevadas –incluso de manera grupal– ante tribunales militares. Se les acusó de tipos penales ambiguos como “traición”.

En la jurisdicción civil están previstas las garantías legales y constitucionales que gozan los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. En cambio la jurisdicción militar está destinada a los funcionarios dentro de la institución militar y del Estado en tanto su rol lleva de inmediato una responsabilidad que no tiene ni debe tener el ciudadano común que debe naturalmente ser juzgado por la justicia ordinaria.

Específicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo sobre Venezuela: “Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la Justicia”.

Otras de las graves irregularidades que afectan los derechos humanos de los y las venezolanas son las detenciones arbitrarias. Así lo demostró Amnistía Internacional en un informe titulado “Silencio a la fuerza: detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”.  El documento proporciona datos sobre una serie de medidas ilegales tomadas por las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión.

Las denuncias incluyen las detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); el procesamiento por delitos "contra la patria", de "terrorismo" o incluso imputación de delitos de carácter militar contra civiles; la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación o desproporcionadas; y, cuando no se encuentran motivos para que la privación de libertad continúe, el desacato de las órdenes de liberación por parte de los custodios, entre otros casos.

Entre los diversos casos documentados, se encuentra el de Marcelo Crovato, un argentino-venezolano que fue detenido en Caracas el 22 de abril de 2014 mientras asesoraba legalmente a una pareja víctima de un allanamiento.

Su detención estuvo basada en una cadena de irregularidades con el agravante de que sufre fuertes problemas de salud, al punto de que intentó suicidarse dos veces. En febrero de 2015 le fue otorgada la prisión domiciliaria.

Hace tres años que Crovato está detenido sin juicio ni sentencia. La audiencia preliminar, que según el Código Penal venezolano debe hacerse a los dos meses de la detención, fue postergada 40 veces. Si bien el gobierno argentino ha manifestado en diversas oportunidades su preocupación por la situación venezolana, no ha hecho nada por Crovato.

Los países del MERCOSUR suspendieron a Venezuela del bloque sin presentar a este país una alternativa que permita ayudar a promover una salida pacífica y respetuosa de los derechos humanos para esta grave crisis.

Diversos países integrantes de la OEA (Organización de Estados Americanos) y funcionarios de varios gobiernos han manifestado que son escandalosas las irregularidades y las faltas de garantías que imperan en Caracas. Hace pocos días, en México los países miembros de la OEA se reunieron en la 47 asamblea general. Sin embargo, no fueron capaces de llegar a un consenso para adoptar una declaración sobre Venezuela.

Es innegable que día a día, llegan a diversas ciudades latinoamericanas migrantes venezolanos en busca de un futuro mejor. América debe unirse para hacer mejor la vida de los venezolanos tanto dentro como fuera de Venezuela. Desde Amnistía Internacional alentamos que este mensaje de unión sea posible. Cada día de demora son derechos que se vulneran.

Este artículo fue publicado originalmente en el diario brasilero Gazeta do Povo

Sobre su autora

Mariela Belski es abogada graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1994 y tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Essex, Reino Unido . Tiene asimismo un posgrado en Derecho Constitucional y DD.HH. de la Universidad de Palermo y un Diploma en DD.HH. y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. Fue Becaria de la Universidad de Chile; del Centro Internacional de Justicia Transicional; del Instituto Interamericano de DD.HH.; del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia; y del Instituto de DD.HH. de la Abo Akademi University.

Fue docente, investigadora e integrante de la Clínica Jurídica de Derecho de Interés Público de la Universidad de Palermo. Ex consultora del PNUD y de UNESCO. Trabajo más de 10 años en el Sector Público. Fue asesora Legal de distintas secretarías del Gobierno Nacional y del Gobierno porteño. Entre 2003 y 2006, fue responsable del área de Acceso a la Información Pública de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). En la misma organización, desde 2006 se desempeñó como directora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en 2009 fue designada Coordinadora Institucional. Desde septiembre de 2011 se desempeña como directora ejecutiva de Amnistía Internacional