Clara del Campo, Encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional
Su historia inicia huyendo de violaciones masivas de derechos humanos. Continúa en la frontera, donde enfrentan requisitos imposibles de cumplir en búsqueda de protección. Sigue en camino hacia un nuevo hogar, mientras sufren acoso, robos, extorsión y explotación. Al llegar, aguantan discriminación, precariedad y más violencia en las calles, hogares y trabajos. Tras sobrevivir a violencia por ser mujeres y ser venezolanas, los Estados les niegan la posibilidad de denunciar o recibir atención médica. Esta es la odisea que viven miles de mujeres venezolanas en Colombia y Perú.
Más de 6.1 millones de personas han huido de Venezuela desde 2015, de las cuales unos 5 millones huyeron a otros países de América Latina y el Caribe. De ellas, más de 3 millones están en Colombia y Perú, y más del 50% son mujeres y niñas. Si bien según ONU Mujeres la violencia basada en género es una “pandemia en la sombra” en toda la región, hay condiciones particulares que enfrentan las mujeres venezolanas que huyeron de Venezuela que las dejan en una situación de mayor vulnerabilidad. En este contexto, los Estados de acogida no están cumpliendo con su obligación de protegerlas, ni como refugiadas, ni como sobrevivientes de violencia basada en género. Eso debe corregirse.
Desde Amnistía Internacional denunciamos esta ausencia de los Estados colombiano y peruano en la protección de mujeres venezolanas en base a un riguroso análisis de la situación en el terreno y la normativa vigente. Entrevistamos a 63 mujeres venezolanas viviendo en Colombia y Perú; realizamos 45 entrevistas de investigación con ONG locales y organizaciones internacionales; registramos 17 solicitudes de acceso a la información pública; sostuvimos 15 reuniones con instituciones estatales; revisamos legislación nacional, políticas públicas y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tras meses de investigación, concluimos que los Estados de Perú y Colombia no están cumpliendo con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres venezolanas.
La doble desprotección de las mujeres venezolanas se refiere, por una parte, a la ausencia de protección internacional como personas que han huido de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela; y, por otra parte, a la ausencia de protección cuando estas mujeres sufren violencia basada en género, siéndoles denegado en muchos casos los derechos a la justicia y a la atención médica. Cuando se combinan ambas desprotecciones, también se potencian los riesgos. Al no tener estatus regular de permanencia en el país, sus oportunidades se ven reducidas a la informalidad, la precariedad y la explotación laboral o sexual, y a su vez las excluye de acceder a servicios públicos como la atención en salud o la denuncia por hechos de violencia que sufren por ser mujeres venezolanas.
La realidad en ambos países muestra que un gran obstáculo para la garantía de los derechos de las mujeres venezolanas radica en la xenofobia y discriminación por motivo de su género y nacionalidad. Las personas funcionarias que más atienden a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género —fiscalías, policías, personal médico y de migraciones— suelen aplicar estereotipos compuestos en su actuar, esto es, que discriminan a las mujeres no solamente por cuestión de género, sino también por otros factores que confluyen, como el estatus migratorio, la nacionalidad, la orientación sexual o identidad de género, entre otros factores. Esto quiere decir que, con demasiada frecuencia, las discriminan y revictimizan por un conjunto de factores: ser mujeres, venezolanas, migrantes, y hasta por estar en situación de pobreza. Carmen, una mujer venezolana en Perú cuyo nombre real no usamos para salvaguardar su identidad, nos compartió su propia experiencia: “Yo fui a la comisaría la primera vez y no se me olvida la expresión del policía. Me miró de arriba abajo y me dijo: ‘veneca’”.
Llamamos a las autoridades colombianas y peruanas a corregir este rumbo de forma urgente, asegurando la protección de mujeres venezolanas en ambos países. En primer lugar, deben garantizarles acceso efectivo a los mecanismos de protección internacional y de regularización migratoria. Entre otras cosas, esto implica eliminar requisitos excluyentes y arbitrarios como haber ingresado al país antes de una determinada fecha y proveer evidencia documental de ello, o tener un documento de identidad específico.
En segundo lugar, Colombia y Perú deben garantizar que las personas funcionarias en primera línea de atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género reciban una formación adecuada, sistemática, obligatoria, inicial y continua en materia de prevención y detección de la violencia de género. Estos programas de formación deben estar orientados a desafiar los estereotipos de género y abordar las necesidades particulares de las mujeres refugiadas y migrantes.
Estos son los primeros pasos que deben tomar las autoridades peruanas y colombianas para garantizar la protección de las mujeres venezolanas que han sufrido y siguen sufriendo de discriminación y violencia constantes. Ante una crisis de esta magnitud, los Estados deben ser protagonistas de la solución, no los grandes ausentes.
