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Violencia policial en Córdoba: dos años del crimen a Blas Correas
A dos años del aniversario del asesinato de Blas Correas, Amnistía Internacional renueva el pedido de #JusticiaPorBlas. El joven de 17 años había salido a comer con sus amigos y, cuando regresaba a su casa en un auto, fue baleado indiscriminadamente por miembros de la Policía de Córdoba.
El próximo 7 de septiembre comenzará el juicio oral. Son 13 los policías imputados por la muerte de Blas, y por intentar encubrir la escena y simular un supuesto enfrentamiento entre los jóvenes y los agentes implicados.
“Se aproxima el juicio y, como le prometí a Blas, vamos a lograr que todos los responsables tengan la condena que merecen. Llevamos dos largos años de una lucha incansable contra un sistema que no aguanta más. Venimos perdiendo la batalla, pero eso nos da más fuerzas”, sostuvo Soledad Laciar, madre de la víctima.
Hechos del caso
El 6 de agosto de 2020, Blas viajaba en el asiento de atrás del auto que compartía con 4 amigos. De regreso a su casa dieron un giro equivocado en una calle. Según muestran las cámaras de seguridad, unos metros más adelante había dos patrulleros y policías con armas esperándolos. Los jóvenes se habrían asustado y por eso no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, la policía comenzó a disparar hacia el auto.
Blas recibió un tiro que ingresó por la luneta del auto y atravesó uno de sus omóplatos. Sus amigos hicieron todo lo posible para ayudarlo y lo llevaron a una clínica que se negó a atenderlo. Camino a otro hospital, fueron nuevamente interceptados por la policía que les impidió seguir. Blas murió sin llegar a ser atendido.
“Desde Amnistía Internacional nos sumamos al reclamo de familiares y amigos que exigen #JusticiaPorBlas. Además, estaremos dando seguimiento al juicio oral que dentro de un mes comenzará en la justicia cordobesa. En este, como en todos los casos de violencia policial, es imperativo que las autoridades garanticen un proceso judicial independiente que condene a todos los responsables. Es urgente desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad, para poder generar mayores niveles de confianza de la población en la justicia”, agregó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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