Amnistía Internacional reclama una investigación urgente e imparcial por los hechos de violencia y abuso de la fuerza ocurridos contra una familia qom en la localidad de Fontana, Chaco.

La madrugada del domingo 31 de mayo, un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad de la provincia de Chaco ingresó violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas en Fontana. De la causa surge que efectivos ingresaron violentamente a las casas –tal como puede verse en una de las imágenes difundidas– y que se llevaron detenidos a Alejandro Saravia, Daiana Celeste Fernández (de 16 años), Cristian Fernández y Rebeca Garay mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Fueron trasladados a la Comisaría Tercera de esa localidad, donde continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas, e incluso una de las jóvenes denuncia abuso sexual por parte de los agentes policiales.
Ante la gravedad de los hechos denunciados y su impacto en los derechos humanos, Amnistía Internacional está siguiendo de cerca el proceso judicial para contribuir a que se lleve a cabo una investigación imparcial que garantice el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.

En este sentido, la organización se reunió con la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia, y mantiene contacto con la familia, la Defensoría Pública y el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura de Chaco, quienes se constituyeron como querellantes en la causa.

“El control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y, así generar mayores niveles de confianza sobre las fuerzas de seguridad” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 
Avances en la causa judicial
Durante las últimas semanas, se imputó a 4 agentes policiales y resta la identificación de los otros agentes que intervinieron en los hechos. Los cuatros efectivos fueron puestos en prisión domiciliaria y se dictó la prisión preventiva. Hoy, 8 de julio, la jueza de garantías nro. 3 resolvió otorgar la libertad a los imputados y el cambio parcial de la carátula como “allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones”. La familia de las víctimas junto con la Defensora Oficial discutirán las últimas medidas tomadas en la causa y solicitarán un cambio de carátula en atención a la integralidad de los hechos que se denunciaron (entre ellos, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual).

Es urgente que la justicia de la Provincia de Chaco lleve adelante una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre los hechos y que determine las responsabilidades del caso.