El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen debe poner fin a su hostigamiento y enjuiciamiento de periodistas en zonas bajo su control, como las gobernaciones de Taiz y Hadramaut, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

En los últimos siete meses, las autoridades judiciales han enjuiciado al menos a tres periodistas por publicar contenidos que criticaban a instituciones o funcionarios públicos. Un cuarto periodista fue citado por la Dirección de Investigaciones Criminales para proceder a su interrogatorio en relación con una publicación en Facebook en la que criticaba los precios de venta del petróleo y estuvo detenido durante aproximadamente nueve horas.

“No se debe tratar a los periodistas como si fueran delincuentes por el mero hecho de expresar críticas a instituciones y empleados del gobierno. Estos periodistas sólo hacían su trabajo, y la libertad de expresión está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen tiene la responsabilidad de respetar la libertad de expresión y debe retirar todos los cargos formulados contra ellos”, ha declarado Diana Semaan, directora adjunta en funciones para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Tomar medidas contra periodistas y activistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión tiene un efecto disuasorio en la sociedad. Su verdadero objetivo es silenciar la disidencia y disuadir la expresión de voces críticas.”

En el primer semestre de 2022, el Sindicato de Periodistas de Yemen tuvo constancia de 11 casos de ataques, con inclusión de amenazas e incitación a la violencia, contra periodistas y medios de comunicación, de 9 casos de detención y 6 casos de enjuiciamiento y citación por las partes en el conflicto. El informe del sindicato reveló que el gobierno reconocido internacionalmente era responsable de 23 de estas violaciones de derechos humanos, mientras que las autoridades de facto huzíes eran responsables de 16.

Entre los cargos formulados figuraban los de “insultar” a un empleado público —que lleva aparejada una pena de hasta dos años de prisión en virtud del Código Penal—, burlarse de oficiales del ejército, ofender un símbolo del Estado y alterar el orden público.

Según el derecho internacional, el “insulto” no es un delito reconocible y no justifica una limitación de la libertad de expresión. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que “el mero hecho de considerar unas formas de expresión insultantes para una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas”.

Amnistía Internacional se opone a las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o figuras públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, banderas o símbolos, a menos que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Críticas tomadas como “insulto” penalizadas por ley

Amnistía Internacional entrevistó a 2 abogados y 10 periodistas y activistas, 6 de los cuales fueron citados para ser interrogados por la Dirección de Investigaciones Criminales o los servicios de inteligencia militar por publicar contenidos críticos con las autoridades.

Las autoridades judiciales han enjuiciado a dos de los periodistas en virtud del Código Penal y un tribunal les impuso sendas condenas condicionales en 2022. En uno de los casos, la fiscalía de Taiz había acusado a un periodista en 2019 de “insultar” a funcionarios públicos y militares por publicar en Facebook varios contenidos en los que criticaba a las autoridades militares de Taiz comparando su comportamiento con el de los “matones” y su intimidación a periodistas y activistas. El 17 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia de Sabir lo declaró culpable y le impuso una condena condicional de un año y una multa en aplicación del artículo 292 del Código Penal. El periodista declaró: “Este enjuiciamiento es para ajustar cuentas políticas. La parte que me enjuicia es la que controla el ejército, el aparato de seguridad y la judicatura.”

Otro periodista fue condenado el 21 de junio de 2022 por el Tribunal de Fondos Públicos de Hadramaut a una condena condicional de tres meses por “insultar a un empleado público” y “amenazar con publicar secretos privados”, en aplicación de los artículos 172 y 257 del Código Penal, respectivamente, tras haber publicado un artículo en el que criticaba la situación académica de la universidad pública de Hadramaut.

El periodista se preguntaba cómo era posible plantear su caso en términos de ofensa a un empleado del gobierno: “¿Qué ha ganado la fiscalía con arrastrarme por el tribunal durante casi un año, sólo porque dije una verdad con la que la mayoría de la gente está de acuerdo?”, dijo a Amnistía Internacional.

Autocensura y libertad de prensa amenazada

Un periodista sigue sometido a juicio sobre la base de cargos falsos y podrían imponerle al menos tres años de prisión en caso de ser condenado. Está siendo juzgado ante el Tribunal Penal Especializado de Primera Instancia de Hadramaut por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional, por publicar artículos en los que pedía a las autoridades locales de Hadramaut que dejaran de usar a agentes de los servicios de inteligencia para perseguir a periodistas y por pedir que se cambiara el gobernador. El periodista dijo a Amnistía Internacional que era habitual ver estacionados a agentes de seguridad en el exterior de su casa y su oficina como respuesta a haberse pronunciado en contra del gobernador en 2019.

Ni el periodista ni su abogado han podido acceder al expediente judicial que contiene las pruebas que pesan en su contra, lo cual viola el derecho a un juicio justo.

Otros dos periodistas dijeron a Amnistía Internacional que habían dejado de publicar opiniones críticas con las autoridades por temor a persecución. Uno de ellos dijo: “He recurrido al silencio y dejado temporalmente el periodismo, pero es un destino frustrante, amargo y humillante“.

El uso de leyes sobre seguridad nacional o difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión. La seguridad nacional y el orden público deben estar definidos de forma precisa en la ley para evitar una interpretación y una aplicación excesivamente amplias o abusivas.

“El gobierno reconocido internacionalmente debe poner fin de inmediato al hostigamiento y enjuiciamiento de periodistas y respetar su derecho a la libertad de expresión. Puede empezar por abandonar la práctica de citar a activistas y periodistas a comparecer ante organismos militares y de seguridad y poner fin al abuso de leyes sobre difamación criminal y seguridad nacional para reprimir la disidencia. El gobierno reconocido internacionalmente también debe armonizar la legislación nacional que restringe el derecho a la libertad de expresión con las normas internacionales”, ha afirmado Diana Semaan.