El informe, titulado Stranglehold, documenta cómo la coalición impuso restricciones excesivas a la entrada de bienes esenciales y asistencia humanitaria, a la vez que las autoridades huzíes obstaculizan la distribución de la asistencia dentro del país. Estos obstáculos, sumados al mortífero asalto militar efectuado bajo dirección saudí contra Hudaida, ciudad portuaria de importancia vital, agravan la ya difícil situación humanitaria en Yemen y violan el derecho internacional.
“La restricción ilegítima de las importaciones impuesta por la coalición dirigida por Arabia Saudí, sumada a la dañina injerencia huzí en la distribución de la ayuda humanitaria, está impidiendo la llegada de suministros esenciales a yemeníes que los necesitan desesperadamente”, señaló Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
“Estas limitaciones están teniendo consecuencias cada vez más graves para la población civil, pues hay millones de personas que están al borde de la hambruna y necesitan asistencia humanitaria. Esta crisis humanitaria creada por el hombre no puede ignorarse más. El mundo debe dejar de mirar para otro lado mientras se va exprimiendo poco a poco la vida a Yemen.”
Desde 2015, la coalición intensificó reiteradamente su bloqueo de los puertos bajo control huzí de Saleef y Hudaida, y su restricción de las importaciones comerciales está impidiendo el acceso de la población yemení a alimentos.
Las restricciones y las demoras de los suministros médicos y de combustible contribuyeron a la destrucción del sistema de atención de la salud del país. El modo y el momento de intensificar las restricciones, tras disparar los huzíes misiles contra la capital saudí, Riad, indican que podrían constituir un castigo colectivo a la población civil de Yemen, lo que equivaldría a un crimen de guerra.
Las autoridades de facto huzíes también pusieron obstáculos al envío de asistencia humanitaria dentro de Yemen, y personal humanitario explicó a Amnistía Internacional que el exceso de trámites burocráticos causaron excesivos retrasos.
La semana pasada se produjo una nueva escalada del conflicto cuando fuerzas yemeníes respaldadas por la colación dirigida por Arabia Saudí lanzaron una ofensiva sobre Hudaida. La interrupción de esta decisiva línea de suministro exacerbaría aún más la crisis humanitaria, que es ya la peor del mundo.
Restringido el acceso a los puertos por la coalición dirigida por Arabia Saudí
Arabia Saudí comenzó a inspeccionar los barcos y a retrasar o restringir el acceso a los puertos yemeníes del mar Rojo en 2015, afirmando que lo hacía para cumplir un embargo de armas establecido por la Resolución 2216 del Consejo de seguridad de la ONU. Como consecuencia de ello, en 2015 se estableció la Misión de la ONU de Verificación e Inspección (UNVIM), mecanismo encargado de autorizar el paso de los barcos comerciales con destino a los puertos yemeníes del mar Rojo, garantizando a la vez el cumplimiento del embargo de armas.
Sin embargo, la coalición siguió haciendo inspecciones de barcos, incluso después de haberles autorizado la UNVIM llegar a puerto, lo que hacía que sufrieran excesivos retrasos. En marzo de 2018, los barcos con rumbo a los puertos yemeníes del mar Rojo tenían que esperar 120 horas por término medio para recibir la autorización de la colación, y en abril, 74 horas.
El 15 de marzo de 2018, el Consejo de seguridad de la ONU pidió a los Estados miembros que inspeccionaran los barcos ya autorizados por la UNVIM con puntualidad y eficiencia. La coalición continuó haciendo caso omiso de esta petición y aplicando de manera indebida el régimen de inspecciones, lo que impide el envío de bienes esenciales y ayuda humanitaria.
Estos retrasos exacerbaron una falta paralizante de combustible, que redujeron el acceso a alimentos, agua limpia y saneamiento y facilitó la propagación de enfermedades prevenibles. Según cinco trabajadores médicos entrevistados, la falta de combustible hizo también que resulte más difícil el funcionamiento de los hospitales, que lo necesitan para los generadores con que obtienen electricidad.
“Estas inspecciones excesivas están teniendo un efecto catastrófico en Yemen. Al retrasar el suministro al país de bienes esenciales, como combustible y medicinas, la coalición dirigida por Arabia Saudí está abusando de su poder para infligir cruelmente sufrimiento adicional a las poblaciones civiles más vulnerables de Yemen”,señaló Lynn Maalouf. “Los bloqueos que causen daño sustancial y desproporcionado a civiles están prohibidos por el derecho internacional.”
Las autoridades de facto huzíes ponen obstáculos a la ayuda humanitaria dentro de Yemen
Amnistía Internacional habló con 11 trabajadores humanitarios con puestos de nivel superior en ONG que desarrollan actividades en Yemen desde el comienzo del conflicto. Coincidían en describir una serie de prácticas de las autoridades de facto huzíes que obstaculizan el envío de asistencia humanitaria.
Explicaron que los excesivos y arbitrarios trámites burocráticos dieron a lugar a restricciones de la circulación de la ayuda y el personal humanitarios. Un miembro de un organismo humanitario habló de un caso en el que, una vez que los suministros habían llegado al país, su organización tardó dos meses en sacarlos de Saná: “La parte más difícil fue sacar la ayuda del almacén cuando estaba ya en Yemen”, explicó.
Según los trabajadores humanitarios entrevistados, las autoridades de facto huzíes están también intentando controlar el envío de la ayuda e influir en quién la recibe y en qué zonas.
Un miembro de un organismo humanitario dijo a Amnistía que “a menudo las fuerzas huzíes les decían que entregaran la ayuda, que la distribuirían ellas”. Varios trabajadores humanitarios describieron casos de empleados del gobierno que habían extorsionado a grupos humanitarios pidiéndoles dinero a cambio de aprobar o proyectos o desplazamientos de personal.
Según el derecho internacional humanitario, todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de permitir y facilitar el envío rápido y sin restricciones de asistencia humanitaria imparcial a las poblaciones civiles que la necesiten. Deben garantizar la libertad de circulación del personal humanitario autorizado para que lleve a cabo su trabajo.
“La injerencia reiterada, excesiva y arbitraria de las fuerzas huzíes en el envío y distribución de ayuda humanitaria está causando a las personas civiles un daño enrome, que les está arruinando la vida”, afirmó Lynn Maalouf.
“Las autoridades huzíes deben eliminar los obstáculos que impiden el envío de ayuda humanitaria y la implementación de proyectos humanitarios, a la vez que toman medidas efectivas para acabar con las extorsiones.”
Los aliados de Arabia Saudí deben tomar postura
Amnistía Internacional pide al Consejo de seguridad de la ONU que garantice que todas las partes en el conflicto de Yemen permiten con prontitud el acceso humanitario sin restricciones de los organismos de la ONU y las organizaciones humanitarias para que envíen alimentos, combustible, medicinas y material médico a las poblaciones civiles de todo Yemen que los necesiten.
Debe imponer sanciones específicas a los responsables de obstaculizar la asistencia humanitaria y de cometer otras violaciones del derecho internacional humanitario.
“La coalición dirigida por Arabia Saudí debe poner fin a los retrasos de las importaciones comerciales de bienes esenciales con destino a los puertos yemeníes del mar Rojo y permitir la reapertura del aeropuerto de Saná a los vuelos comerciales. Los Estados que prestan apoyo a la coalición, en particular Estados Unidos, Reino Unido y Francia, deben presionarla para que lo haga”, añadió Lynn Maalouf.
Información complementaria
Entre diciembre de 2017 y junio de 2018, Amnistía Internacional realizó entrevistas a 12 trabajadores humanitarios, así como a 6 profesionales de la salud, 3 miembros del personal de otros servicios médicos y 5 activistas comunitarios locales en Saná, Hudaida y Taiz. Todas las personas entrevistadas hablaron con Amnistía Internacional con la condición de mantener estrictamente la confidencialidad, pues temían que si se les identificaba públicamente ellas y sus familias corrieran graves riesgos o se viera menoscabada su capacidad para realizar su trabajo sin más restricciones
