El gobierno reconocido internacionalmente y las autoridades de facto huzíes deben poner en libertad a todas las mujeres que han cumplido su pena de prisión pero siguen todavía recluidas arbitrariamente por falta de un tutor masculino que se haga cargo de ellas a su liberación, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades penitenciarias de distintos puntos de Yemen mantienen encarceladas a las mujeres que han cumplido su condena si ningún tutor masculino aprueba su puesta en libertad o, si sus familiares se niegan a recibirlas, únicamente las transfieren a albergues para mujeres. Condicionar la salida de prisión de una mujer a la aprobación de un tutor masculino es una práctica tradicional que se aplicaba ya mucho antes de que surgiera el conflicto armado en 2015.

“Es inaceptable que las autoridades de Yemen sigan considerando y tratando a las mujeres como personas incompletas, sin capacidad de acción, que necesitan de un tutor masculino para desarrollar su vida cotidiana. Las costumbres tradicionales deben evolucionar, como hace toda sociedad, para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad”, ha afirmado Grazia Careccia, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades penitenciarias deben liberar de inmediato a todas aquellas mujeres —y a cualesquiera otras personas— que se hallen privadas de libertad después de haber cumplido su condena, de conformidad con el Código Penal de Yemen, su Constitución y las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Hay que poner fin a la privación de libertad injustificable y a todas las formas de discriminación por motivos de género.”

Amnistía Internacional entrevistó a una mujer que, al carecer de tutor masculino dispuesto a asumir su salida de prisión, había sido transferida a un albergue de la gobernación de Taiz, así como a una antigua empleada de la prisión central de Saná, a un abogado y a una abogada, a la directora de un albergue para mujeres de la gobernación de Taiz y a dos supervisoras de otros albergues en las gobernaciones de Adén y Saná.

“Imposible salir sin un tutor masculino”

Un antiguo empleado de la prisión central de Saná, controlada por los huzíes, explica que el requisito del tutor masculino viola los derechos de las mujeres.

“Afirman que es imposible salir sin un tutor masculino. Una mujer lleva cinco años privada de libertad arbitrariamente tras haber cumplido su condena, otra permaneció retenida en prisión durante dos meses hasta que llegó su hijo del extranjero para hacerse cargo de su salida. En 2019 se entregó una mujer a su padre, quien la asesinó apenas una semana después.”

Dos abogados yemeníes comunicaron a Amnistía Internacional que esta práctica carecía de base jurídica y simplemente estaba arraigada en las normas sociales.

Según uno de los abogados: “La ley prohíbe la privación de libertad una vez cumplida la condena, independientemente del género de una persona. Necesitamos presión comunitaria de parte de organizaciones y activistas para acabar con esta práctica”.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoce explícitamente que el origen de muchos abusos contra los derechos de la mujer se halla en normas sociales y culturales nocivas. Dicha Convención obliga a los Estados a tomar las medidas adecuadas para eliminar tales normas y prevenir la discriminación de género e interseccional, la violencia por motivos de género y otros abusos relacionados contra los derechos humanos.

“No tenía adónde ir salvo al albergue”

“Radiya” cumplió su condena en la prisión central de Taiz en 2022, pero no tenía tutor masculino dispuesto a hacerse cargo de su salida de la cárcel. Su marido se había divorciado de ella y su familia la repudiaba debido al estigma social. La administración de la prisión central de la gobernación de Taiz no la puso en libertad, sino que la envió a un albergue para mujeres local, el Centro de Protección y Rehabilitación de Mujeres y Niñas.

En 2021, un vecino violó a “Radiya” en su propia casa mientras su marido y sus tres hijos estaban fuera. Su familia política la acusó de adulterio y la denunció. “Radiya” fue condenada por adulterio y pasó un año en prisión. Tratar el adulterio como delito constituye una violación del derecho de las mujeres a la intimidad, además de vulnerar la prohibición de la discriminación en la familia que se establece en la CEDAW.

“Radiya” lleva siete meses en el albergue, donde recibe formación para ser costurera, pero aún no se siente preparada para dejar el albergue o buscar trabajo.

Según relató a Amnistía Internacional: “Me encarcelaron por ser víctima de violación. Me transfirieron al albergue porque mi marido se divorció de mí y mis familiares no me permitieron regresar con ellos. Me siento oprimida y profundamente triste. Perdí a mis hijos y a mi marido, y mi familia me abandonó. Estoy deprimida. No tenía adónde ir salvo al albergue. Espero poder labrarme una nueva vida y encontrar trabajo cuando salga del albergue”.

La directora del albergue declaró a Amnistía Internacional lo siguiente: “Abrimos este albergue en 2020 y logramos trasladar a él a todas las mujeres que ya habían cumplido su condena; la fiscalía facilitó el proceso. En ese momento eran 23 mujeres”.

“Hay que apoyar a estas mujeres y ofrecerles rehabilitación para que puedan reintegrarse en la sociedad. El motivo es que se rechaza a las mujeres que han estado en prisión”.

El albergue de Taiz acoge actualmente a siete mujeres liberadas de prisión, mientras que el de Adén aloja a dos mujeres y el de Saná, a otras tres.

En los albergues, las mujeres siguen un programa de rehabilitación que las ayuda a adquirir aptitudes profesionales o a reforzarlas. Algunas mujeres se casan y dejan el albergue; otras siguen en él hasta que encuentran trabajo. En algunos casos, la administración del albergue consigue reconciliar a las mujeres con sus familiares para que puedan regresar a su hogar.

Los albergues de mujeres se coordinan con la administración penitenciaria y la fiscalía para garantizar que se transfieran las mujeres a ellos. Una vez que una mujer está preparada para abandonar definitivamente el albergue, es preciso notificarlo a las autoridades penitenciarias, aunque no exista base jurídica que impida su salida.

Abrir nuevos albergues no ataja la situación de otras mujeres que permanecen arbitrariamente en prisión después de cumplir su condena, las cuales tienen derecho a ser puestas en libertad, no a ser transferidas a un albergue.

“La tutela masculina es un instrumento de control social sobre la vida y las libertades de las mujeres, que no debe legitimarse con este tipo de prácticas. Las autoridades deben trabajar para eliminar la discriminación contra las mujeres y acabar con la tutela masculina tanto en la legislación como en la práctica, aunque para lograrlo haya que poner en entredicho las normas sociales existentes. Hay que abrir albergues para las mujeres en situación de riesgo, pero también garantizar que no se obliga a ninguna mujer a residir en ellos sin su consentimiento”, ha declarado Grazia Careccia.