La coalición encabezada por Arabia Saudí utilizó un proyectil de precisión fabricado en Estados Unidos en el ataque aéreo lanzado la semana pasada contra un centro de detención en Sadá, en el noroeste de Yemen, que, según Médicos Sin Fronteras, mató al menos a 80 personas e hirió a más de 200. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La bomba guiada por láser utilizada en el ataque, fabricada por la empresa estadounidense de defensa Raytheon, es la pieza más reciente de una red más amplia de indicios sobre el uso de armas de fabricación estadounidense en incidentes que podrían constituir crímenes de guerra.
A lo largo de la semana pasada, la coalición encabezada por Arabia Saudí ha golpeado implacablemente el norte de Yemen (incluida la capital, Saná) con ataques aéreos que han causado decenas de bajas civiles y han destruido infraestructuras y servicios. La escalada vino precedida de ataques huzíes lanzados el 17 de enero contra unas instalaciones petrolíferas en Abu Dabi, que mataron al menos a tres civiles.
“Las espantosas imágenes que han ido saliendo poco a poco de Yemen a pesar del bloqueo de cuatro días de Internet son un discordante recordatorio de quién está pagando el terrible precio de la lucrativa venta de armas por parte de los Estados occidentales a Arabia Saudí y sus aliados en la coalición”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Estados Unidos y los demás países suministradores de armas deben detener de inmediato las transferencias de armas, materiales y ayuda militar a todas las partes implicadas en el conflicto de Yemen. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de cerrar las puertas a todas las ventas de armas que alimentan el sufrimiento innecesario de civiles en el conflicto armado.”
“Al suministrar conscientemente los medios que han permitido a la coalición cometer reiteradas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, Estados Unidos, junto a Reino Unido y Francia, comparte la responsabilidad sobre ellas.”
Los expertos de Amnistía Internacional en armas analizaron fotos de los restos del arma utilizada en el ataque al centro de detención e identificaron la bomba como una GBU-12, una bomba guiada por láser de 227 kg fabricada por Raytheon.
Desde marzo de 2015, el personal de Amnistía Internacional ha investigado decenas de ataques aéreos y ha encontrado e identificado repetidamente restos de municiones de fabricación estadounidense. Amnistía Internacional había identificado anteriormente el uso de esas mismas bombas fabricadas por Raytheon en un ataque aéreo encabezado por Arabia Saudí lanzado el 28 de junio de 2019 contra un edificio residencial de la gobernación de Taiz, Yemen, que mató a seis civiles, tres de ellos menores de edad.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de cerrar las puertas a todas las ventas de armas que alimentan el sufrimiento innecesario de civiles en el conflicto armado.
Lynn Maalouf, Amnistía Internacional
En septiembre de 2021, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una disposición a su proyecto de ley anual de defensa por la que ponía fin al apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas y los ataques aéreos de la coalición en Yemen, pero esa disposición fue eliminada del proyecto de ley final que más tarde se convirtió en ley.
El presidente estadounidense Joe Biden ha abandonado las promesas que formuló tras tomar posesión de su cargo a principios de 2021 respecto a poner fin al apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas en Yemen, incluidas las ventas de armas, y “centrar nuestra política exterior en los derechos humanos” y garantizar que quienes cometan abusos contra los derechos “rinden cuentas de sus actos”. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos parecen ser excepciones. Desde noviembre de 2021, el gobierno de Biden ha aprobado la venta —y ha asignado contratos a empresas estadounidenses— de misiles, aviones y sistemas de defensa antibalística a Arabia Saudí, incluido un acuerdo de 28 millones de dólares firmado a mediados de enero para el mantenimiento, por parte de Estados Unidos, de aviones saudíes.
Entre estos acuerdos estaba la venta aprobada a Arabia Saudí de 650 millones de dólares en misiles, también de Raytheon, a la que el Congreso dio luz verde a pesar de las mociones para bloquearla. En diciembre, el gobierno declaró que mantenía su compromiso respecto a las ventas propuestas, por valor de 23.000 millones de dólares, de aviones F-35, MQ-9B y municiones a Emiratos Árabes Unidos, a pesar de los serios motivos de preocupación en materia de derechos humanos. El seguir armando a la coalición encabezada por Arabia Saudí no sólo incumple las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional, sino que viola también la legislación estadounidense. Tanto la Ley de Ayuda Exterior como las Leyes Leahy prohíben las ventas de armas y ayuda militar estadounidenses a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos.
El 20 de enero, la coalición encabezada por Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra la ciudad portuaria de Al Hudaydah y mató al menos a tres menores de edad, según Save the Children. Los ataques aéreos también se han dirigido contra un edificio de telecomunicaciones en Al Hudaydah, con lo que han causado un bloqueo nacional de Internet. Yemen se quedó en su mayor parte sin acceso a Internet durante cuatro días, lo que dejó sin contacto a amigos y familias y restringió la capacidad de la gente para acceder a información sobre la situación o compartirla.
Según el derecho internacional humanitario, todas las partes del conflicto tienen la clara obligación de proteger la vida de la población civil atrapada en las hostilidades, incluidas las personas detenidas. Los ataques deliberados contra bienes de carácter civil y la destrucción generalizada e injustificada de propiedades son crímenes de guerra.
La coalición ha negado haber tomado como objetivo el centro de detención de Sadá que fue alcanzado en el ataque aéreo del 21 de enero. Naciones Unidas ha descrito el ataque como “el incidente más grave con bajas civiles ocurrido en los últimos tres años en Yemen”.
Información complementaria
El conflicto de Yemen se ha cobrado un precio devastador entre la población civil de todo el país. La población yemení se ha visto expuesta a prácticas ilegales por parte de grupos tanto estatales como no estatales, mientras que todas las partes del conflicto han cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, en todo el país.
Esta última escalada de violencia vino precedida de los ataques huzíes lanzados contra Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 17 de enero. El 23 de enero, un misil cayó en el sur de Arabia Saudí y, según los informes, hirió a dos civiles.
