Carta a Naciones Unidas por la solicitud de Estados Unidos para que se retire toda referencia a los derechos sexuales y reproductivos del Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID 19
20 de mayo de 2020
Sr. António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General
Organización Mundial de la Salud
Ginebra, Suiza
El propósito de esta misiva es expresar nuestra indignación por la carta del administrador interino de USAID, John Barsa, al Secretario General de la ONU, António Guterres, exigiendo que la ONU retire la referencia a "salud sexual y reproductiva" del Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19.. La eliminación de esta redacción no es simbólica, sino que tendrá un impacto perjudicial en las personas que necesitan y dependen de los servicios de salud sexual y reproductiva. Estamos profundamente preocupados por el impacto que esta solicitud tendrá sobre la salud y sobre los derechos humanos, que se produce al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ataca a la OMS y amenaza con congelar los fondos en medio de la pandemia de la COVID-19.
La pandemia causada por la COVID-19 sigue teniendo efectos de amplio alcance en todo el mundo, con impacto desproporcionado en las mujeres, niñas y personas de género no conforme, en especial las pertenecientes a poblaciones marginalizadas. Durante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 sigue siendo imperativo el acceso a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, inclusive la anticoncepción, el aborto, el diagnóstico y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y cánceres reproductivos, el diagnóstico y el tratamiento del VIH, los cuidados de afirmación de género y los cuidados de maternidad. De hecho, se trata de una cuestión de vida o muerte. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrán utilizar anticonceptivos modernos si las medidas de confinamiento de emergencia típicas o las interrupciones causadas por la COVID continúan durante seis meses, causando problemas de consideración en los servicios. Se prevé que estas interrupciones en el acceso a los servicios provocarán hasta siete millones de embarazos no deseados, lo que aumenta aún más la necesidad de los servicios de aborto y de cuidado maternal de calidad. Asimismo, incluso los modelos menos graves indican una reducción de las intervenciones esenciales que podría provocar miles de muertes maternas y de niños.
Existe evidencia proveniente de numerosos países que demuestra que continúa la demanda de dichos servicios, y que incluso ha aumentado durante la pandemia. Sin embargo, es un hecho que el acceso está interrumpido por directivas gubernamentales, inclusive cuarentenas y limitaciones al movimiento de las personas, presión sobre los sistemas de salud y sus trabajadores, cierres de instalaciones de salud, falta de existencias de productos esenciales, interrupciones en las cadenas globales de suministro y los temores de las personas en acudir a los centros de salud debido a los riesgos potenciales de exposición y estigmatización. El acceso limitado al cuidado de la salud en muchos países de ingresos bajos y medios se ve exacerbado por las políticas actuales de Estados Unidos, como la Global Gag Rule (política estadounidense referida al aborto) y el retiro de fondos al UNFPA, que han dañado los sistemas de salud al forzar el cierre de centros de salud, fragmentando la provisión de cuidados y reduciendo el acceso a una amplia gama de servicios de salud reproductiva, inclusive abortos, anticoncepción y acceso a pruebas y a tratamientos de VIH, entre otros.
En varios países, inclusive en Estados Unidos, los gobiernos tomaron acciones para restringir los servicios de salud sexual y reproductiva, y en especial el aborto, utilizando como pretexto la COVID-19. Mientras tanto continúan las conocidas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, en especial en las comunidades marginalizadas, como políticas y leyes discriminatorias nacionales e internacionales y la denegación del acceso a la información y a servicios amplios y de calidad.
La evidencia también demuestra que la crisis de la COVID-19 contribuye a un aumento alarmante de la violencia sexual y por cuestiones de género, en especial la violencia en la pareja en todo el mundo. En países con confinamientos y restricciones al movimiento, las mujeres y las niñas que están atrapadas en situaciones de violencia se enfrentan al desafío de acceder a los servicios críticos que necesitan. Se estima que esta crisis va a retrotraer la respuesta global de la violencia de género de manera significativa, con el resultado de que hasta 31 millones más de mujeres experimenten situaciones de violencia. El vínculo entre la violencia y los resultados deficientes en materia de salud sexual y reproductiva está bien establecido.
Por último, las mujeres y las niñas que están en la primera línea de las respuestas de COVID-19, incluidas las que prestan servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, siguen careciendo del equipo de protección personal, el apoyo financiero y la protección social que necesitan. A nivel mundial, las mujeres constituyen el 98% de las enfermeras y la mayoría de las cuidadoras no remuneradas, cuyo trabajo está valorado en casi 1,3 billones de dólares de los EE.UU. al año. La equidad de género en la fuerza de trabajo sanitaria y social es fundamental para contar con sistemas de salud sólidos y resilientes y garantizar el acceso a una atención de calidad para todas las personas.
Especialmente en este momento crítico, tanto la labor específica de la OMS como la labor general de las Naciones Unidas y su PRH deben protegerse y apoyarse plenamente, para evitar una escalada aún mayor de la pandemia.
Las Naciones Unidas y en especial la OMS han desempeñado un papel oportuno y crucial en la respuesta multilateral, proporcionando a los países orientación de base científica, coordinando la asistencia financiera y técnica y apoyando las actividades de investigación fundamentales.. El papel de la ONU y de la OMS en el abordaje de la COVID-19 ha resultado esencial para ayudar a los países a que den una respuesta rápida a la pandemia y a que implementen medidas que promuevan el pleno goce del derecho a la salud para todos, según se establece en la Constitución de la OMS. En especial, en estos momentos críticos, tanto el trabajo específico de la OMS como la labor general de las Naciones Unidas y de su Plan de Respuesta Humanitaria deben ser protegidos y apoyados sin restricción alguna para evitar una escalada aún mayor de la pandemia.
El Plan de Respuesta Humanitaria tiene por objeto orientar a los países en el sentido de que el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva debe ser prioritario y esencial. De hecho, sería una violación grave a los derechos humanos, inclusive al derecho a la vida, el derecho a la igualdad y el derecho a la salud, y contradiría todas las pruebas disponibles, si no lo hiciera . Las experiencias pasadas con las emergencias sanitarias demuestran que si los gobiernos no garantizan el acceso a estos servicios críticos y sensibles en cuanto al tiempo, el resultado inevitable es el aumento en los abortos no seguros y en la mortalidad materna.
Durante más de 25 años los gobiernos han acordado que garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, inclusive a los servicios de aborto y a la protección de derechos reproductivos, son tanto un imperativo de salud pública como de derechos humanos. Las manifestaciones cínicas del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que estos servicios no son esenciales y que son "ampliamente objetados" contradice los abordajes sólidos de salud pública, los principios de derechos humanos aceptados y los datos sobre la demanda de dichos servicios, inclusive en tiempos de crisis. Los gobiernos en todo el mundo continúan actuando para proteger y ampliar el acceso a cuidados de salud sexual y reproductiva, inclusive el aborto. La declaración conjunta de 59 países sobre "Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis de la COVID-19", emitida el 6 de mayo de 2020 demuestra dicho apoyo.
La exigencia del administrador interino Barsa en el sentido de que la ONU retire la referencia a la "salud sexual y reproductiva" del Plan de Respuesta Humanitaria Global contradice la respuesta a la pandemia de COVID-19 basada en evidencia. El gobierno de Trump está utilizando la crisis actual para impulsar su agendano científica en contra de los derechos humanos y para perseguir una ideología extrema que se ha convertido en el sello distintivo de su visión de la política exterior de los Estados Unidos. La ONU y la OMS deben rechazar estos esfuerzos y continuar promoviendo una respuesta ante la COVID-19 que defienda los compromisos arraigados para con la salud, los derechos humanos y la igualdad de género.
Por favor, considere esta carta como la expresión más fuerte posible de apoyo al trabajo continuo y al liderazgo global de la ONU y de la OMS durante esta pandemia, y al compromiso inquebrantable con la salud y los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y personas con inconformidad de género en todo el mundo.
Firmado por las siguientes organizaciones y personas.
Organizaciones:
Amnesty International
ARROW
CHANGE (Center for Health and Gender Equity)
Global Justice Center
International Planned Parenthood Federation
International Women's Health Coalition
Ipas
Sama
Women Deliver
Women Global Health
Personas:
Terry McGovern, JD, Directora, Global Health Justice and Governance, Columbia University mailman School of Public Health
Mindy Jane Roseman, Directora, Gruber Program for Global Justice and Women's Rights, Yale Law School