El gobierno de Nicaragua utiliza la COVID-19 para atacar a activistas
La reciente excarcelación de más de 1.000 personas recluidas en las decrépitas prisiones de Nicaragua dio nuevas esperanzas a las familias de más de 80 activistas políticos que se consumen entre rejas por decir lo que piensan. Sin embargo, sus esperanzas se han tornado rápidamente de desesperación tras la noticia de que sólo cuatro activistas han quedado en libertad, mientras el hacimiento, la falta de agua potable y el acceso sumamente limitado a servicios médicos amenazan con convertir las prisiones en focos de COVID-19.
Cuando el estudiante universitario y activista Jhon Cerna fue detenido el pasado 28 de febrero y cuando, posteriormente, fue condenado a 12 años de prisión por cargos de tráfico de drogas, el coronavirus apenas estaba empezando a generar titulares en todo el mundo.
Tan sólo cinco meses después, el joven estudiante de ingeniería se consume en una celda de La Modelo, una de las peores prisiones de Nicaragua, donde soporta condiciones de hacinamiento, aterrorizado por el virus que ha matado a más de 620.000 personas en todo el mundo, casi 170.000 de ellas sólo en América Latina cuando terminamos de redactar este artículo, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.
Su caso es ilustrativo de una trágica constante que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional llevan años documentando.
La administración de Daniel Ortega en Nicaragua se sirve del sistema judicial para castigar a quienes se atreven a criticar sus políticas y prácticas.
Ya en 2018, cuando miles de personas salieron a la calle en todo el país en demanda de libertad y respeto de sus derechos humanos, al menos 328 murieron a manos, en su mayoría, de las fuerzas de seguridad y de grupos armados afines al gobierno. Millares más resultaron heridas, muchas otras fueron detenidas arbitrariamente y decenas de miles se vieron obligadas a exiliarse y, en muchos casos, continúan en esta situación. Fue el comienzo de una oleada de protestas que ha continuado hasta hoy.
Desde entonces, las autoridades nicaragüenses persiguen implacablemente a quienes se atreven a participar en cualquier forma de protesta o crítica contra el gobierno. Se ha sometido a hostigamiento y hasta despedido a activistas e incluso a personal sanitario que intentaban huir de una pandemia a la que la administración Ortega continúa quitando importancia.
Entre la víctimas de la “cacería” emprendida contra quienes que se niegan a entrar en vereda figuran líderes estudiantiles, como Jhon Cerna y Kevin Solís, que se consumen en una prisión de máxima seguridad a las afueras de la capital, Managua.
Elton Ortega Zúñiga, abogado que representa a algunos de estos estudiantes y activistas, afirma que el gobierno solía acusarlos de delitos de especial gravedad, como terrorismo y delincuencia organizada, pero que ahora se vale de delitos comunes, como presunta posesión de drogas, para aplicar una estrategia dirigida a desacreditar a los activistas.
El decrépito sistema penitenciario de Nicaragua, que se caracteriza por el hacinamiento y la falta de agua potable, alimentos y atención médica adecuada, parece considerarse un conveniente castigo por defender los derechos humanos.
Jhon dijo recientemente a su pareja, una de las dos personas que pueden visitarlo y llevarle comida y productos de limpieza cada dos semanas, que comparte una celda de cinco por cinco metros con otros 22 reclusos. Suele dormir en una hamaca improvisada, hecha con sábanas. Los reclusos duermen, cocinan y pasan todo el tiempo, excepto una hora cada dos semanas, en la celda. Imposible guardar así la distancia social que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Desde el final de marzo, la pandemia ha degenerado de situación desesperada a situación potencialmente catastrófica. No se pueden guardar las normas básicas de seguridad en las celdas, donde al hacinamiento se suma la falta de agua suficiente para beber, y no digamos ya lavarse.
En su aparente intento de demostrar que están tomando medidas, las autoridades nicaragüenses dejaron en libertad a 4.515 personas entre abril y mayo y a otras 1.605 en julio. Jhon, que padece una enfermedad pulmonar, epilepsia y una fractura de costillas, no fue una de las personas afortunadas. Tampoco lo fueron la mayoría de los demás activistas recluidos por cargos falsos.
Entre el 14 y el 15 de julio, las autoridades pusieron en libertad a cuatro activistas. Fue una medida positiva, pero totalmente insuficiente para proteger la vida de personas que jamás deberían haber sido encarceladas.
Ya en abril, Rupert Colville, portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a dejar en libertad a todas las personas detenidas sin base legal suficiente, incluidos los presos políticos y las recluidas por sus opiniones críticas y discrepantes. Pero la actuación de las autoridades nicaragüenses muestra que en el país centroamericano hay dos tipos de personas presas: las recluidas por motivos políticos y las demás.
En las últimas semanas, familiares de personas que continúan encarceladas nos han contado horribles historias que hablan de la propagación de la tos, la fiebre y los dolores corporales tras los muros de las prisiones.
“Quizá haya muerto”, dijo Jhon a su abogado, refiriéndose a un hombre de edad avanzada, recluido en la celda contigua a la suya, que presentaba todos los síntomas de la COVID-19 y a quien no había vuelto a ver desde que lo sacaron de la prisión un mes antes.
Los médicos advierten de que no tratar los síntomas del virus puede tener graves consecuencias para la salud a largo plazo. Sin embargo, en vez de hacerles pruebas del virus, a las personas presas en Nicaragua suelen decirles que tienen “solo un resfriado” y las acusan de mentir. “Les dicen que los síntomas son psicológicos”, nos explicó una persona presa.
La crisis de Nicaragua existía ya mucho antes de la COVID-19, pero la pandemia está demostrando sin piedad lo que puede ocurrir cuando no se respetan en absoluto los derechos humanos.