Respuesta del gobierno al pedido de acceso a información sobre personas varadas en el exterior

 

El 12 de junio recibimos la respuesta de Cancillería a un pedido de acceso a información sobre la situación de las personas varadas en el exterior, que habíamos presentado el 9 de abril. Durante este periodo, y tras varias comunicaciones que enviamos expresando preocupación por la falta de repuesta y transparencia del gobierno sobre esta situación, vimos una mejora gradual significativa en los esfuerzos del gobierno de asistir a sus ciudadanos varados y en compartir información periódica sobre las medidas de repatriación y asistencia adoptadas. Según la información que recibimos, la ayuda económica brindada a los argentinos en el exterior para alojamiento, alimentos, medicamentos, y otros gastos supera 1,4 millón de dólares a la fecha.  

Sin embargo, la problemática de las personas varadas está lejos de resolverse. Según los datos oficiales que nos trasmitió Cancillería, a la fecha de la respuesta seguían varadas aproximadamente 18.000 personas, de las cuales casi 3.000 experimentan alguna situación de vulnerabilidad. Las regiones en donde se concentra la mayoría de las personas que piden regresar son Europa (con 6.700) y América del Sur (con 5.281) y América del Norte (2.569), seguidas de Asia y África (con 1.438, en su conjunto) y América Centra, incluyendo México y el Caribe (1.839). Pese haber solicitado, no recibimos información desagregada por tipos de vulnerabilidad y por país.  

El gobierno argentino debe asegurar que las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 no resulten en la negación de ningún derecho a sus ciudadanos o residentes, sin importar en dónde se encuentre la persona o el tiempo o las razones por las cuales se encuentra fuera del país. 

Tal como lo manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 1/2020, los Estados deben garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad. Los principios de igualdad y no discriminación deben guiar la actuación de los países y el objetivo de todas las políticas y medidas que adopten en este contexto de emergencia sanitaria. 

 Valoramos los esfuerzos que el Estado ha emprendido hasta hoy para mejorar la respuesta a las necesidades de las personas varadas y seguimos pidiendo a las autoridades que prioricen las personas que están en grupos de riesgo, que están separadas de sus hijos menores de edad, o que se encuentran en algún tipo de vulnerabilidad especial.