En el marco de la respuesta para evitar la propagación del COVID-19, el Estado peruano debe implementar una estrategia sanitaria con enfoque intercultural, que permita garantizar plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas a la salud y a la alimentación.

En Perú, los 55 pueblos indígenas vienen demandando, desde sus organizaciones, una respuesta sanitaria inmediata e intercultural, tomando en cuenta las vulnerabilidades históricas que enfrentan, como altas tasas de desnutrición y anemia, bajo acceso a servicios como agua, luz e Internet, y grandes limitaciones para acceder a centros de salud por distancia, medios de transporte o conectividad. Según el INEI (2017), solo 15% de la población indígena amazónica tiene acceso a vías terrestres afirmadas y más del 70% accede por vía fluvial a la capital de su distrito, lo cual evidencia sus dificultades para acceder a servicios básicos de salud de manera oportuna.

Por ello, Amnistía Internacional invoca al Estado peruano a desarrollar e implementar de manera urgente, y en coordinación con las autoridades indígenas, una estrategia sanitaria especialmente dirigida a los pueblos indígenas, que permita la atención en salud oportuna, así como el abastecimiento de alimentos, respetando el acceso a sus territorios ancestrales y a su soberanía alimentaria.

“Esta emergencia sanitaria está colocando luces sobre siglos de exclusión social y desprotección de los pueblos indígenas. Hoy, con casos de COVID-19 registrados en territorios indígenas, la vida de miles de personas está en riesgo. El gobierno peruano debe garantizar el acceso a servicios de salud y a alimentos, reforzando (y no debilitando) las estrategias de aislamiento que ya vienen realizando”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.