Ante el aumento de la preocupación por la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en las superpobladas cárceles de Egipto, las autoridades del país deben poner de inmediato en libertad incondicional a todas las personas defensoras de los derechos humanos y activistas que están detenidas únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades también deben considerar la posibilidad de poner en libertad a los presos y presas detenidos en espera de juicio y a las personas detenidas que son especialmente vulnerables ante la enfermedad, como las que tienen afecciones médicas subyacentes y las personas ancianas, para reducir la población reclusa y evitar daños. También deben considerar la posibilidad de adoptar medidas no privativas de libertad para personas acusadas de delitos no violentos.

“El riesgo de que la COVID-19 se propague por las cárceles debe servir de catalizador para que las autoridades egipcias cumplan sus obligaciones internacionales y pongan en libertad a miles de personas —activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas que expresan sus críticas pacíficamente— que están recluidas por el mero hecho de expresar sus opiniones o protestar de forma pacífica, personas que, para empezar, no deberían estar en la cárcel”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Además, dados los motivos de preocupación bien fundados de que las cárceles egipcias están superpobladas y adolecen de una mala atención médica y de condiciones de higiene y saneamiento deficientes, las autoridades deben considerar la posibilidad de poner en libertad a personas detenidas en espera de juicio, así como a las que son especialmente vulnerables ante la enfermedad, como las que tienen afecciones médicas subyacentes y las personas ancianas. Las autoridades tienen el deber de garantizar que a todas las personas bajo custodia se les proporciona la atención médica adecuada.”

Grupos nacionales de campaña, como Free Zyad Elelaimy y Free Ramy Shaath, también piden la liberación de las personas detenidas en espera de juicio, las detenidas por delitos no violentos y las que presentan problemas de salud.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las poblaciones reclusas están particularmente expuestas a enfermedades infecciosas como la COVID-19 y las condiciones de detención pueden agravar los riesgos, entre los que se incluye el de unos índices de transmisión más elevados, especialmente cuando las cárceles están superpobladas y los sistemas de salud son de menor calidad que en el resto de la comunidad. Amnistía Internacional ha documentado ya las inhumanas condiciones de reclusión existentes en varias cárceles, incluida la falta de atención médica adecuada.

El 18 de marzo, cuatro mujeres —Laila Soueif, Ahdaf Soueif, Mona Seif y Rabab el Mahdi– fueron detenidas por los servicios de seguridad delante del edificio del gobierno en El Cairo. La fiscalía las acusó de “incitar a participar en una manifestación”, “difundir información falsa” y “estar en posesión de material en el que se difunde información falsa”. Después, ordenó que quedaran en libertad hasta que se las investigara, previo pago de una fianza de 5.000 libras egipcias (unos 320 dólares estadounidenses). Aunque pagaron la fianza ese mismo día, las mujeres pasaron la noche detenidas sin fundamento legal para ello. El 19 de marzo, las autoridades trasladaron a Laila Soueif al edificio de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, en El Cairo Nuevo, donde un fiscal ordenó que quedara en libertad previo pago de una fianza de 3.000 libras egipcias (unos 190 Dólares estadounidenses). Las cuatro quedaron en libertad esa noche.

Ese mismo día, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ordenó la puesta en libertad de 15 personas —activistas y figuras de la política— que llevaban meses detenidas arbitrariamente.

En los últimos seis años ha habido miles de personas detenidas arbitrariamente en espera de juicio durante largos periodos que con frecuencia exceden el límite de dos años que establece la ley egipcia. Amnistía Internacional publicó recientemente un informe sobre la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado que mostraba que las autoridades egipcias han estado utilizando la detención en espera de juicio como alternativa a la detención administrativa para detener a miles de personas oponentes y críticas.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, la detención previa al juicio debe ser una medida excepcional que se utilice sólo como último recurso cuando haya un peligro sustancial de huida, daño a terceros o injerencia en las pruebas o las investigaciones que no puedan ser mitigados por otros medios. La presunción de libertad hasta el juicio se basa en la presunción de inocencia, consagrada en el Derecho internacional y reconocida en la Constitución de Egipto.