Hasta el pasado martes, los datos oficiales en El Salvador registraban 345 casos confirmados de COVID-19 y 2,323 personas “restringidas por violar la cuarentena”. Las cifras demuestran que el número de personas que han sufrido limitaciones a la libertad personal es casi siete veces mayor que el número de casos confirmados y que, por tanto, el enfoque coercitivo ha sido central en la estrategia del gobierno para contener la pandemia.  

 

De la mano de una estrategia publicitaria, este enfoque coercitivo puede generar la falsa percepción de que las autoridades están poniendo todos los recursos necesarios para controlar la propagación del virus. Pero también puede minar la efectividad de la respuesta estatal, debido a que se enfoca en castigar a los individuos en vez de atender las condiciones estructurales que favorecen la propagación.

 

En El Salvador este tipo de medidas han llevado a la detención de miles de personas acusadas de incumplir, supuestamente sin justificación, la cuarentena domiciliaria. En muchos casos han sido llevadas a lugares de confinamiento denunciados por no tener las condiciones necesarias para garantizar el distanciamiento físico y medidas de higiene. Así, lejos de frenar la pandemia, las medidas de contención oficiales propician el contagio de personas sanas.

 

Además, las medidas de corte coercitivo suelen afectar de forma desproporcionada a comunidades que viven en la pobreza y a colectivos marginados o con riesgo de sufrir discriminación. La cuarentena obligatoria se convierte así en un reto de subsistencia diaria para quienes están desempleados, son parte de la economía informal o tienen trabajos con condiciones precarias.

 

La situación de necesidad propiciada por las condiciones de precariedad económica quedó evidenciada con el abarrotamiento de las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios, donde miles de personas llegaron a finales de marzo para gestionar el subsidio ofrecido por el gobierno. Asimismo, como refieren algunos recursos legales presentados para desafiar la legalidad de las detenciones en el contexto de la pandemia, corresponden a personas que señalan haber sido detenidas mientras salían de sus casas para comprar alimentos o medicinas.

 

Las denuncias por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza se han ido acumulando. En sólo 39 días, la Corte Suprema de Justicia contabilizó 194 recursos legales sobre posibles detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza; asimismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido cientos de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos.

 

Ante este contexto, el gobierno de El Salvador se ha convertido en el verdugo de quienes viven en la pobreza, castigándoles por ello con la privación de la libertad y la exposición aún mayor al contagio del COVID-19. La población se merece respuestas integrales y no retazos improvisados. En lugar de detener a quienes sólo buscan abastecerse de agua, alimentos o medicina, el gobierno debe plantear cómo solucionar las causas subyacentes al incumplimiento de las restricciones. De lo contrario, está imponiendo medidas imposibles a su población, y castigándoles por no acatarlos. La respuesta ante la pandemia debe ser colectiva e incluir de manera efectiva a la sociedad en su conjunto.

 

Por otra parte, el acceso a la información no sólo es un derecho humano, sino que es absolutamente vital en esta pandemia. En El Salvador, sin embargo, información tan básica sobre cómo operan las excepciones a la cuarentena fue diseminada de forma confusa, provocando preocupación entre la población y arbitrariedades de las fuerzas de seguridad.

 

El presidente Nayib Bukele no ayuda a derrotar el COVID-19 cuando declara en Twitter que no acatará la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe las privaciones de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a quienes incumplan la cuarentena. Al contrario, con sus acciones, el presidente solo logra debilitar el Estado de Derecho.

 

En una emergencia de salud pública, los funcionarios estatales no deben emitir mensajes que siembren el miedo y demanden una sumisión irracional, tal como lo hizo el presidente en su mensaje transmitido el 6 de abril, en el cual instruyó a las fuerzas de seguridad a “ser más duros” con quienes no cumplan con la cuarentena, señalando además que no le importaban las denuncias sobre si las autoridades “doblan muñecas” y decomisan vehículos.

 

Las autoridades tienen que entender que es contraproducente trasgredir los estándares de derechos humanos para proteger a la población ante la pandemia. Cuando las personas y comunidades tienen garantizadas sus necesidades básicas y tienen acceso a información clara sobre los riesgos a la salud y las medidas para mitigarlos, es más probable que cooperen con las autoridades y entienden la importancia de cumplir.

 

Por ello, junto con otras organizaciones internacionales, hoy publicamos una carta abierta dirigida al presidente Bukele donde le presentamos nuestras preocupaciones y le exhortamos a salvaguardar el Estado de Derecho, garantizar los derechos humanos y cumplir con las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte.

 

Es indispensable diseñar una estrategia eficaz con medidas legales, necesarias y proporcionales. El gobierno debe fortalecer el empoderamiento y compromiso comunitario en el combate de la pandemia, implementar políticas públicas que contribuyan a construir confianza y solidaridad, y hacer de los derechos humanos un componente trasversal en la respuesta estatal. 

 

Las autoridades estatales no deben fallarle a la población en estos momentos tan críticos. Desafortunadamente, en El Salvador no solo hay que combatir el COVID-19, sino también todas las medidas que ponen en riesgo la institucionalidad, la salud y los derechos humanos de las personas.