¿Por qué el aborto y el acceso a métodos anticonceptivos son servicios de salud esenciales?
La pandemia de COVID-19 está tensando hasta el punto de ruptura los sistemas de atención médica de todo el mundo. A consecuencia de ello, a muchas personas les está resultando más difícil que nunca acceder al aborto y a los métodos anticonceptivos.
Una crisis de salud de esta magnitud obliga a los gobiernos a tomar decisiones difíciles sobre a qué dedicar los limitados recursos médicos. Ahora mismo, en algunos países, como Nepal y Sudáfrica, los proveedores de aborto y contracepción se han visto obligados a reducir sus servicios.
Incluso en los lugares donde los servicios permanecen abiertos, las restricciones de viajar, las medidas de distanciamiento social, la pérdida de empleo y la escasez de medicamentos están creando nuevas barreras al acceso.
He aquí cinco razones por las que los servicios de salud sexual y reproductiva deben seguir estando disponibles y siendo accesibles, durante y después de la pandemia.
1. Estos servicios salvan vidas todos los días
Uno de cada cuatro embarazos en el mundo termina en aborto. Sin embargo, las leyes restrictivas significan que no todo el mundo puede acceder a este procedimiento de manera segura. Se calcula que, cada año, 22.000 mujeres mueren por abortos inseguros.
Los datos indican que, cuando existen obstáculos al acceso a métodos anticonceptivos y al aborto seguro, los índices de mortalidad materna aumentan. Estos índices incluyen la muerte durante el parto y la muerte tras someterse a abortos inseguros.
Marie Stopes International (MSI), una ONG que proporciona servicios de anticoncepción y aborto en 37 países del mundo, ha advertido de que la COVID-19 podría tener un efecto devastador en la salud materna.
La organización calcula que, en los 37 países en los que trabaja, las alteraciones causadas por la COVID-19 podrían dar lugar a 3 millones más de embarazos involuntarios, 2,7 millones más de abortos inseguros y 11.000 muertes más relacionadas con el embarazo.
2. En tiempos de crisis hay una demanda aún mayor
En pandemias anteriores, la falta de asignación de recursos adecuados para los programas de salud reproductiva, ha provocado un aumento considerable de la mortalidad materna.
Durante la crisis del Ébola en el África occidental, por ejemplo, las investigaciones muestran que los progresos en materia de mortalidad materna se retrasaron 15 ó 20 años en algunos países.
En Sierra Leona, se estima que el acceso reducido a la atención de la salud reproductiva causó por lo menos tantas muertes como el propio Ébola.
Además hubo un fuerte aumento de la violencia sexual durante la crisis del Ébola, mientras que el cierre de escuelas contribuyó a un aumento de los embarazos de adolescentes.
Es probable que estas tendencias se repitan durante la pandemia de COVID-19. El aislamiento forzoso en el hogar puede aumentar la incidencia de la violencia sexual; más mujeres podrían optar por interrumpir los embarazos por motivos económicos o de salud, y la demanda de anticonceptivos podría aumentar a medida que la gente pospone los planes de tener hijos.
Esta situación es aún más alarmante en el caso de niñas, siendo América Latina la única región en el mundo en la que los partos en niñas aumentan. Esto es resultado de elevados índices de violencia sexual –principalmente por parte de miembros de la familia de las niñas o de su círculo cercano– y de la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo, que se restringen aún más con medidas como toques de queda o debido a la saturación de los establecimientos de salud.[1]
En Argentina el escenario es preocupante. En 2018, 2350 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija, el 84,4% fueron embarazos no intencionales, la mayoría consecuencia de abuso sexual infantil.[2] A ello se suma que conforme estadísitcas oficiales el 70% de los abusos sexuales a niños y niñas se comete en los propios hogares.[3] En este contexto de suspensión de clases y aislamiento social preventivo y obligatorio, las situaciones de violencia y abuso sexual preexistentes podrían agudizarse, careciendo las niñas y adolescentes de los canales habituales de comunicación y denuncia, en tanto la escuela constituye un lugar clave para la detección de casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar.
Esto cobra especial relevancia si tenemos en consideración que un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recientemente reveló que el 80% los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años, pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral. [4]
La educación sexual integral es fundamental para que niños, niñas y adolescencias aprendan a diferenciar los vínculos afectivos de los abusivos, identificar situaciones de violencia y conocer su cuerpo y los límites del mismo.
A esto se suman las barreras que enfrentan para acceder a servicios de salud reproductiva, como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo, que se restringen aún más ante las medidas de aislamiento social preventivo o debido a la saturación de los establecimientos de salud.
3. La restricción de los servicios perjudicará más a largo plazo a los sistemas de salud
Un modelo económico estima que cada dólar gastado en la prevención de embarazos no deseados reduce el costo de la atención relacionada con el embarazo en 2,20 dólares. Mientras tanto, la OMS estima que el costo anual del tratamiento de las principales complicaciones del aborto inseguro es de 553 millones de dólares.
La interrupción del embarazo es un procedimiento seguro si es practicado en las condiciones adecuadas, con los medicamentos y/o instrumentos necesarios. En la mayoría de los casos, se trata de procedimientos de baja complejidad, por lo que la atención de las mujeres que requieren la interrupción del embarazo puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria.[1]
Las restricciones en el acceso al aborto legal y a los métodos anticonceptivos en contexto de COVID 19 puede empujar a las mujeres a abortar en condiciones inseguras, a raíz de lo cual, muchas mujeres llegarían al hospital requiriendo un procedimiento médico complejo, que podría requerir internación y cuidados intensivos en un momento en que las camas constituyen un insumo crìtico.
Si las mujeres y las niñas no pueden elegir cuándo tienen hijos, a menudo no pueden acceder a la educación o tener una carrera, y pueden tener que luchar para mantener a familias numerosas.
Los métodos anticonceptivos cambian la vida de las mujeres y las niñas al permitirles tomar decisiones sobre su propio futuro. El empoderamiento impulsa el desarrollo social y económico, lo que ayudará a las personas a acceder a sus derechos y a reducir la carga de los sistemas de salud.
[1] Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. 2° Edición 2019, Ministerio de salud de la Nación. El presente protocolo está aprobado por la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.
4. Necesitamos proteger los años de progreso en materia de derechos reproductivos que tanto ha costado conseguir
Entre 2000 y 2017, el índice de mortalidad materna se redujo aproximadamente en un 38% en el mundo. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto y a la atención posterior al aborto, reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Es fundamental que este virus no eche por tierra estos progresos.
También existe el riesgo de que los legisladores contrarios al derecho a decidir aprovechen la pandemia como excusa para dar marcha atrás a los duramente ganados derechos reproductivos. Esto ya lo hemos visto en los estados estadounidenses de Texas y Ohio, y hemos presenciado intentos similares en Polonia.
Los Estados deben adoptar medidas que tengan en cuenta el impacto diferenciado de la crisis para mujeres y niñas.Desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, se profundizaron las barreras que obstaculizan el acceso a la interrupción legal del embarazo de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar y el acceso a métodos anticonceptivos.[1]
Es por ello que es imprescindible tener en cuenta que este tipo de medidas, de carácter excepcional, podrían traducirse en un aumento en la mortalidad materna y neonatal, un incremento en las necesidades insatisfechas de acceso a métodos anticonceptivos para la planificación familiar, embarazos no intencionales en la adolescencia, y un aumento en el número de abortos en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual.
[1] Conforme testimonio de la Ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad en Frontera, Agustina y Alcaraz, Florencia, Violencia Machista y COVID -19: “Entre marzo 2019 y de 2020 casi no hay variación” LATFEM, 9 de abril 2020.
5. Hay soluciones a los desafíos que plantea COVID-19
El aborto y los anticonceptivos son sensibles al tiempo. Por eso es tan importante que los gobiernos actúen ahora para apoyar este tipo de atención médica.
En un momento en que el COVID-19 exige una organización sanitaria eficiente, se deben adoptar medidas que faciliten el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo haciendo uso de las opciones farmacológicas disponibles y las herramientas de telemedicina, eliminar los tiempos de espera innecesarios, así como asegurar que la atención post-aborto sea igualmente considerada un servicio esencial durante las medidas de aislamiento.
Asimismo se deben adoptar medidas para asegurar la difusión, publicidad y acceso a información de la población, sobre la atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia y sobre las medidas extraordinarias que sean adoptadas para garantizar su acceso.
Cuanto antes actúen, más vidas se salvarán.
[1] Amnistía Internacional, IPPF y Women’s Link, Guía para proteger los derechos de mujeres y niñas durante la pandemia COVID 19
[2] Conforme surge de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, en 2018, 2350 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija, el 84,4% son embarazos no intencionales, la mayoría consecuencia de abuso sexual infantil.
[3] Mariana Iglesias, Cuarentena obligatoria:Coronavirus en Argentina: advierten que el encierro aumenta la violencia y los abusos contra niños y niñas, Clarin, 24 de marzo 2020.
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-advierten-encierro-aumenta-violencia-abusos-ninos-ninas_0_soJmHGLVK.html
[4] Ministerio Público Tutelar, Casi 80% de los niños víctimas de abuso sexual denunciaron a raíz de las clases de ESI, 8 de enero 2020.
https://mptutelar.gob.ar/casi-80-de-los-ni%C3%B1os-v%C3%ADctimas-de-abuso-sexual-denunciaron-ra%C3%ADz-de-las-clases-de-esi
[5] Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. 2° Edición 2019, Ministerio de salud de la Nación. El presente protocolo está aprobado por la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.
[6] Conforme testimonio de la Ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad en Frontera, Agustina y Alcaraz, Florencia, Violencia Machista y COVID -19: “Entre marzo 2019 y de 2020 casi no hay variación” LATFEM, 9 de abril 2020.